El Gobierno ha aprobado este martes un plan sobre los abusos sexuales en la Iglesia Católica al hilo de las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Una de las medidas más relevantes es la indemnización económica a quienes hayan sido víctimas de abusos en la Iglesia y no hayan podido acudir a las vías judiciales. No se sabe cuando estará habilitada esta compensación económica, ni su cuantía o la manera en que se accederá a ella. Pero se sabe que el Gobierno pretende y "confía" en que la Iglesia Católica estará "dispuesta a asumir el coste" de estas indemnizaciones, aunque no hay confirmación de que vaya a ser así.
La "impresión" del titular de Justicia es que el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, "tiene voluntad" para reparar a las víctimas y ya trabaja en la manera de hacerlo. "No se entendería que la Iglesia Católica no actúe como en otros países", procediendo a sufragar el coste de las "reparaciones materiales". Sin embargo, las conversaciones acaban de empezar y el ministro no ha confirmado que la Iglesia esté de acuerdo con financiar estas compensaciones. Su cuantía, eso sí, la decidirá "un órgano independiente", no la propia Iglesia.
En privado, fuentes del Gobierno dibujan el plan como algo inicial y no muestran certezas sobre el momento en que las ayudas estén habilitadas. Los primeros pasos son hablar con la Iglesia y estudiar los casos en países de nuestro entorno. Además de lograr que la Iglesia se haga cargo, otra dificultad será delimitar los requisitos de los solicitantes.
"Hay que establecer elementos como el estudio psicológico de la víctima", indican en Moncloa, "¿Cómo vas a probar un abuso de la década de 1950?". En todo caso, aseguran, el beneficiario de esta indemnización no tendrá que probar judicialmente su condición de víctima. "Estamos hablando de una época de ocultamiento e impunidad absoluta", explican en este sentido fuentes del Gobierno. El plan, aprobado este martes en el Consejo de Ministros, se implementará entre este año y 2027, con el objetivo de "poner en el centro a las víctimas" a través de un trabajo conjunto con la Iglesia Católica.
Se trata de una medida dividida en cinco ejes, tal y como ha detallado Bolaños: la reparación simbólica y material a las víctimas; la atención integral a las víctimas, con la garantía de una asistencia jurídica gratuita; la prevención en la infancia y la adolescencia; la sensibilización y formación curricular de los profesionales que tienen contacto con menores; y la información e investigación de la prevalencia de la violencia hacia la infancia.
La elaboración de este plan ha sido un trabajo coordinado de siete ministerios dado que "se adoptarán distintas medidas que recaen en distintos ámbitos competenciales". Y parte, en su conjunto, de los trabajos del Defensor del Pueblo, que alertó en octubre de la elevada incidencia de los abusos sexuales en España.
"Se estima que los adultos que podrían haber sufrido abusos en su infancia son unos 440.000, un 1,13%", ha indicado Bolaños, "y en torno a la mitad podrían haberlos cometido religiosos de la Iglesia". Estos datos "deberían impactarnos como sociedad democrática", de acuerdo con el ministro, que ya conversa con la Iglesia Católica "para que la democracia salve una deuda con las víctimas"
