Las 72 horas de tensión entre los socios de la coalición PSOE-Unidas Podemos

El anuncio unilateral de la aprobación de la ley de vivienda en el próximo Consejo de Ministros se convirtió, este domingo, en el último episodio de una semana de tensión en el Gobierno. El PSOE y Unidas Podemos llevan varias jornadas instalados en el desencuentro por temas tan diversos como son la derogación de la reforma laboral y la retirada del escaño a Alberto Rodríguez tras ser condenado por el Tribunal Supremo.

"Avanzaremos poniendo punto y final a leyes como la ley mordaza y la reforma laboral del PP". Estas palabras, pronunciadas por Pedro Sánchez el 17 de octubre en el 40.º Congreso del PSOE, parece que fueron la espita que abrió la desconfianza en el Ejecutivo.

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño (PSOE), recogió el guante del presidente días después del congreso de Valencia y en un correo electrónico enviado el jueves, trasladó al Ministerio de Trabajo, capitaneado por Yolanda Díaz (Unidas Podemos), su intención de liderar la modificación de la reforma laboral. Esta iniciativa no habría sentado bien a Díaz, vicepresidenta segunda, que al menos lleva desde marzo conversando con patronal y sindicatos sobre este asunto.

En Unidas Podemos se leyó el movimiento como una injerencia y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, lo hizo saber: el viernes, en Twitter, pidió una reunión de seguimiento del pacto de Gobierno. El curso inevitable de las horas de esa jornada, lejos de calmar los ánimos hizo crecer la tensión.

Desde Bruselas, Pedro Sánchez respaldó públicamente a Calviño. "No hay intromisión" y sí "colaboración, coordinación y aporte", aseveró el presidente. "Negocia el Gobierno", zanjó. No ayudó el hecho de que, paralelamente, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet (PSOE), activara el proceso para que el diputado Alberto Rodríguez (Unidas Podemos) dejara su escaño al ejecutar la sentencia que le condena por atentado a la autoridad.

El partido morado salió en tromba contra Batet y anunció una querella contra ella: veían en su decisión un delito de "prevaricación" porque un informe de los letrados de la Cámara Baja sostenía que se podía cumplir la sentencia sin inhabilitarle. Diferentes dirigentes de Podemos se dedicaron a alimentar la presentación de la querella y recursos ante otras instancias, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hasta que el sábado se produjo un cambio sensible. El ministro de Consumo, Alberto Garzón (Izquierda Unida), aseguró que la querella contra Batet sería una "acción legal a título personal" de Rodríguez, desmarcando así de la misma a la coalición electoral Unidas Podemos. Unas horas más tarde, el diputado canario anunció que dejaba de militar en Podemos, pero confirmó su intención de acudir a todas las instancias para revertir el fallo.

No fue este el único sobresalto que acaeció el sábado. "Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias, que las hay y son muchas", afirmó Yolanda Díaz en el congreso de Comisiones Obreras (CCOO). No mencionó a nadie, pero no hizo falta. Al mismo tiempo, en el congreso de los socialistas extremeños, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, afirmó ante un auditorio abarrotado que sería el PSOE quien derogaría la reforma que del PP.

En la carrera de los socios por arrogarse logros sociales ante el electorado de izquierdas ganó posiciones Sánchez este domingo, cuando anunció la inminente aprobación de la ley de vivienda, un texto en el que tanto el PSOE como Unidas Podemos llevan casi un año trabajando. Los socios aseguran que la coalición no peligra y prevén saldar diferencias en una próxima reunión.

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