Acuerdo Presupuestos: Contratos más largos y control del precio del alquiler por los ayuntamientos

CLARA PINAR

  • El casero sólo podrá exigir como garantía un máximo de dos meses en metálico.

Vivienda de alquiler en Madrid

La duración mínima de los contratos de arrendamiento pasará de tres a cinco años o a siete si el propietario es una persona jurídica y los caseros no podrán exigir más garantías en la formalización del contrato que una fianza de dos meses en metálico, según un acuerdo entre el Gobierno y Podemos en materia de Vivienda, que da la competencia a los ayuntamientos para que en algunos casos puedan establecer límites a los precios del alquiler.

El acceso a la vivienda y el control de los precios "abusivos" del alquiler que se detecta en algunas ciudades tiene un capítulo concreto en el acuerdo que han firmado este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias. En él figuran más garantías para los arrendatarios en materia de permanencia en los pisos, en los gastos para formalizar un contrato y en el precio de los alquileres.

También se fijan medidas relativas a los "fondos buitre" dando competencias el derecho de tanteo a las administraciones públicas cuando todo un inmueble vaya a ser vendido o con un plan de vivienda social en el que estará expresamente prohibido vender viviendas a estos fondos.

Contratos más largos

Así, se modifican los plazos mínimos de arrendamiento y de las prórrogas tácitas, de manera que el contrato mínimo pasa de tres a cinco años, que serán siete en el caso de que el propietario del inmueble sea una persona jurídica.

Cumplido este plazo, si ninguna de las dos partes han manifestado su intención de anular el contrato seis meses antes de que termine, la prórroga tácita del mismo pasa de un año actual a tres años y cinco en el caso en que el propietario sea una persona jurídica.

El pacto entre Sánchez e Iglesias supondrá también eliminar algunas de las exigencias que a día de hoy exigen los caseros a los inquilinos, como la firma de avales bancarios. Así, se establece que "no se podrán pactar garantías adicionales a la fianza en metálico hasta un máximo de dos mensualidades de la renta".

Arrendador, que en la actualidad puede recuperar su vivienda en cualquier momento, tendrá derecho a hacerlo también antes de plazo, pero siempre que este extremo esté recogido en el contrato de alquiler.

Por otra parte, el acuerdo reconoce la posibilidad para que las administraciones públicas puedan tantear al propietario de un inmueble que quiera venderlo en su totalidad.

Control de precios

Tal y como pedía Podemos, Sánchez e Iglesias han dado luz verde en su acuerdo a los ayuntamientos para que puedan limitar en algunos casos los precios del alquiler.

Cuando identifique un área con un "incremento abusivo" de los alquileres que "obstaculice a sus habitantes el acceso a una vivienda a un precio razonable", los consistorios podrán considerarla "temporal y excepcionalmente" una "zona urbana de mercado tensionado", donde aplicar unos "índices de referencia" para "regular y limitar las subidas abusivas".

Sin más detalles, el acuerdo establece también la posibilidad de que "las comunidades de propietarios puedan prohibir el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar determinadas condiciones para su ejercicio".

Fondos para vivienda

En su principio de acuerdo presupuestario, que para aprobarse deberá contar con el apoyo de la mayoría absoluta en el Congreso, Sánchez e Iglesias se comprometen a incrementar progresivamente el presupuesto en materia de Vivienda, de modo que en 2019 sea de 630 millones; en 2020, de 700, y en 2021, d e 1.000 millones. En 10 años, indica el documento rubricado este jueves, España debería invertir en vivienda entre el 1 y el 1,5% del PIB.

El pacto contempla también un plan para incrementar el número de viviendas en alquiler "a precios asequibles". En concreto, dispone que aumentará en 20.000 el número en los próximos cuatro años.

En 2019 se elaborará un plan de vivienda de protección pública "únicamente para alquiler de personas particularmente vulnerables" y "evitando que puedan ser vendidas a fondos buitre o enajenadas con un beneficio".

El capítulo del alquiler era especialmente importante para Podemos y en los últimos días se convirtió en uno de los principales escollos al acuerdo que ha llegado este jueves porque, según los de Iglesias, el Gobierno no respondía a sus demandas.

En el texto quedan plasmadas algunas de sus exigencias mientras que otras aparecen apuntadas pero sin compromisos reales. Es el caso, por ejemplo, de la demanda para que la Sareb sacara a alquiler pisos vacíos de manera gratuita o establecer más obligaciones a los "grandes tenedores" de vivienda.

Finalmente, el acuerdo se limita a señalar que se elaborará un plan de actuación de Sareb par garantizar la firma de convenios con comunidades y ayuntamientos para impulsar el uso de sus viviendas para alquileres sociales y que se establecerá un marco legal para definir "vivienda vacía" y "gran tenedor de vivienda" para fijar así "medidas más adecuadas", como impuestos o sanciones.

Otros puntos del acuerdo en materia de Vivienda establece la intención de crear planes para financiar la rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler.

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