Agua del grifo gratis en los bares y adiós a las pajitas y a los bastoncillos: así será la ley de residuos

Limitar los plásticos de un solo uso, prevenir la generación de ciertos desechos, reducir el desperdicio alimentario e impulsar la economía circular. Son algunas de las principales medidas del anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados al que está previsto que el Consejo de Ministros dé luz verde este martes. Este documento contempla, entre otros, el fin de objetos cotidianos de un solo uso como pajitas, cubiertos y palitos de globos y la obligatoriedad de ofrecer agua del grifo gratis en los bares.

Previsiblemente, el Consejo de Ministros también aprobará en la misma jornada la Estrategia Española de Economía Circular para reducir la producción de desechos y mejorar la eficiencia en el uso de recursos. En 2016, de acuerdo con Eurostat, en territorio nacional solo se recicló el 37,09% de los 107 millones de toneladas de residuos generados. Y son estos datos los que el Gobierno quiere mejorar.

Bajo el nombre "España Circular 2030", este proyecto marca una serie de objetivos para esta década, entre los que se encuentran reducir en un 30% el consumo nacional de materiales, mejorar un 10% la eficiencia en el uso del agua y recortar un 15% la generación de residuos respecto a 2010, con la finalidad de situar las emisiones de gases de efecto invernadero del sector residuos por debajo de los 10 millones de toneladas en 2030.

Preocupada por la producción de plásticos, la Unión Europea ya aprobó entre 2018 y 2019 varias directivas para frenar la producción de residuos y es la estela de esas normas -que deben trasponer todos los países miembros- la que siguen ahora las medidas del Ejecutivo central.

Para alcanzar estas metas, el anteproyecto traspone los objetivos contemplados tanto en la directiva europea de residuos de 2018 como en la de plásticos de un solo uso. En este sentido, recoge una serie de limitaciones, entre las que se encuentra la reducción de la cantidad de algunos productos, como los vasos para bebidas y los recipientes para alimentos.

El documento recoge que para estos productos se ha de conseguir en 2026 una reducción del 50% en su comercialización, con respecto a 2022, y en 2030 ese porcentaje debe ser del 70%. Para cumplir con estos propósitos, sugiere, todos los agentes implicados en la comercialización fomentarán el uso de alternativas reutilizables o de otro material no plástico.

Para desincentivar su utilización, a partir del 1 de enero de 2023 quedará prohibida su distribución gratuita y deberá cobrarse un precio por cada uno de los productos de plástico que se entregue al consumidor, con la consiguiente especificación en el ticket de venta.

El texto también incluye la prohibición de la venta de varios productos de un solo uso a partir del 3 de julio de 2021, entre los que se encuentran bastoncillos de algodón, cubiertos, platos, pajitas y palitos de globos, entre otros. Además, la norma española va más allá de la europea y veta la utilización intencionada de microplásticos en cosméticos y detergentes.

La reducción de la cantidad de botellas de plástico es otro de los apartados centrales del anteproyecto. Por eso, por un lado, las Administraciones públicas deberán adoptar las medidas necesarias para reducir el consumo de agua envasada en sus dependencias y, para lograrlo, el Ministerio de Transición Ecológica sugiere la instalación de fuentes de agua potable.

Por otro lado, los establecimientos de hostelería tendrán que ofrecer a sus clientes la posibilidad de consumir agua del grifo de forma gratuita y complementaria a la oferta del mismo establecimiento.

El anteproyecto de ley también aborda el desperdicio alimentario e incluye medidas para reducir los residuos de este tipo, como las dirigidas a las industrias de producción, las empresas de distribución y de restauración colectiva.

En esta línea, también aboga por acabar con la obsolescencia programada y alargar, así, la vida útil de los productos. Para ello, apuesta por fomentar el diseño, la fabricación y el uso de materiales que sean eficientes en el empleo de recursos, duraderos, reparables, reutilizables y actualizables.

El documento también establece unos objetivos para fomentar la preparación para la reutilización y el reciclado y fija un calendario para la recogida separada de biorresiduos, textiles, aceites de cocina usados y residuos domésticos peligrosos.

En 2018, la tasa de reciclado de residuos municipales en España era del 35%,según Eurostat. El texto persigue unas metas ambiciosas en este sentido: en 2025 pretende llegar al 55%; en 2030, al 60%; y en 2035, el 65%.

El texto revisa también el régimen sancionador incluyendo nuevas infracciones. Así, será considerado infracción muy grave el abandono, el vertido y la gestión incontrolada de residuos peligrosos y también de cualquier otro tipo, en este caso, siempre que se haya puesto en peligro la salud de las personas o se haya producido daño al medio ambiente. En cuanto a las sanciones contempladas por el anteproyecto, van desde los 50.001 euros hasta los 2.000.000.

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