El arresto de Puigdemont sacude la mesa de diálogo, la pugna entre ERC y Junts y la negociación de los presupuestos

La detención de Carles Puigdemont a última hora de este jueves en Cerdeña (Italia) ha sacudido el tablero político. A la espera de conocer si las autoridades judiciales transalpinas acuerdan entregar al expresident catalán a la justicia española, los efectos de este arresto son impredecibles, pero afectarán a la relación entre los socios del Gobierno central, entre los componentes de la coalición del Govern catalán y a la negociación entre el Ejecutivo central y la Generalitat. Las derivadas pueden alcanzar a la llamada mesa de diálogo, recién reactivada, y a la negociación presupuestaria, donde Sánchez necesita a ERC.

La mesa de diálogo es la gran apuesta del Ejecutivo de Sánchez para apaciguar el "conflicto político" catalán y evitar que el independentismo se convierta en un constante quebradero de cabeza. PSOE y ERC pactaron crear este foro durante las negociaciones para la investidura de Sánchez, a finales de 2019, pero hasta hace unas semanas apenas se había celebrado una reunión, en 2020, cuando Quim Torra aún ocupaba la Presidencia. Pasado lo peor de la pandemia y después de las elecciones catalanas que permitieron a ERC hacerse con el mando de la Generalitat, Gobierno y Govern decidieron reactivar la mesa.

Así, el 15 de septiembre se celebró una primera reunión en esta nueva etapa en la que Sánchez y Aragonès se comprometieron a negociar, pero constataron que sus posiciones están muy alejadas: el Gobierno ofrece dialogar en torno a la 'agenda del reencuentro' –que incluye más inversiones–, mientras la parte catalana pide la amnistía y la autodeterminación. La detención de Puigdemont puede suponer un nuevo escollo para llegar a acuerdos: Aragonès ya ha pedido la "amnistía" y ha expresado su "condena" por el arresto, mientras que el Gobierno insiste en que el expresident "debe someterse a la acción de la justicia".

Antes del verano, fuentes gubernamentales explicaron que la situación de prisión de varios líderes independentistas era lo que impedía iniciar siquiera las conversaciones con la Generalitat e incidieron en que ese factor era uno de los que explicaba la concesión de los indultos. Si la situación judicial de Puigdemont se complica y es juzgado y condenado en España, la negociación podría tensarse hasta el punto de dar al traste con el intento de Sánchez y Aragonès, que este viernes no quiso "especular sobre el futuro" preguntado por la mesa, pero endureció su tono y admitió que lo ocurrido "no contribuye a la confianza entre las partes" ni "al proceso de resolución".

Precisamente la mesa tensó la relación entre los socios del Ejecutivo catalán. Junts intentó sentar en ella a varios indultados y personas ajenas al Ejecutivo catalán, una propuesta que Aragonès rechazó –en un gesto de autoridad dentro de la coalición– y, finalmente, el socio menor del Govern decidió quedarse al margen de la negociación. El Gobierno central, por su parte, manifestó su respeto hacia la decisión del president y afirmó que es él y sólo él a quien le corresponde decidir la composición de la delegación catalana.

El PSOE se siente más cómodo negociando con ERC que con Junts. Aunque los republicanos se han demostrado como socios poco fiables en ocasiones –su negativa a apoyar los presupuestos fue, por ejemplo, lo que obligó a adelantar las elecciones generales de 2019–, la constante recomposición del espacio posconvergente y su resistencia a dialogar con el Ejecutivo central hacen aún más complicadas esas relaciones. De hecho, los socialistas se han ofrecido a ERC como socios para pactar los presupuestos de la Generalitat si Aragonès no logra pactarlos con Junts. Sin embargo, si la detención de Puigdemont prolonga sus efectos en el tiempo, ERC y Junts podrían recuperar mayor sintonía y elevar de forma conjunta sus exigencias hacia la Moncloa.

Por lo pronto, cientos de personas han salido a las calles de Barcelona y otras localidades catalanas en las primeras horas de este viernes para reclamar la puesta en libertad del expresident, un movimiento que presiona a todos los dirigentes independentistas y les empuja a hacer suya esa reclamación. En una comparecencia tras una reunión extraordinaria del Govern, Aragonès llamó a la unidad entre instituciones y ciudadanía para conseguir la autodeterminación y la amnistía.

Las dificultades en la mesa de diálogo y el posible reagrupamiento del independentismo en torno a la demanda de la amnistía para el expresident Puigdemont podrían coincidir en el tiempo con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, que Sánchez necesita sacar adelante para agotar su mandato y para los que necesita contar, al menos, con el voto de ERC. Aunque los republicanos llevan semanas insistiendo en que no debe darse su voto por seguro, en el Gobierno contaban hasta ahora con acabar convenciéndolos, como sucedió el año pasado. La duda radica ahora en cuánto puede afectar a ERC la presión de Junts, que defiende que ambos grupos deberían tener una estrategia conjunta en el Congreso de los Diputados.

No es ningún secreto que el debate territorial polariza al electorado y sienta mal a PSOE y Unidas Podemos, que tampoco comparten posición en este asunto al 100%. Los socialistas son partidarios de que Puigdemont sea juzgado, aunque no aclaran qué pasaría después –el Gobierno nunca ha descartado por completo un posible indulto–. "Tiene que comparecer y someterse ante la Justicia", dijo el presidente Sánchez este viernes, que también defendió el diálogo como "única vía". La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, expresó por su parte que es necesario apostar por la "desjudicialización" y el "diálogo", y el presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, fue más allá: "La detención es incomprensible (...). A mí me parece que eso es una detención ilegal. Es una mala noticia en el camino de la desjudicialización".

El desgaste de los partidos del Gobierno en las encuestas se hizo más evidente antes del verano, coincidiendo con los indultos, y si la cuestión catalana vuelve al primer plano podría reavivarse, justo ahora que el Ejecutivo parece haber recobrado el pulso gracias a la recuperación macroeconómica y el avance de la vacunación. La oposición, además, siempre ha tenido este asunto entre los predilectos para atacar a socialistas y morados. Este viernes, Casado exigió a Sánchez que se comprometa a no indultar a Puigdemont.

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