Las autonomías creen que el plan del Gobierno para recortar y transferirles rutas de autobús agrava la comunicación en la España vaciada

La negociación entre el Ministerio de Transportes y las comunidades sobre el nuevo mapa de concesiones de las rutas de autobús interurbano pasa a una nueva fase. El departamento que dirige Raquel Sánchez ya ha constatado en dos ocasiones el rechazo generalizado que ha provocado su primera propuesta, para que el Gobierno deje de prestar 57 de las 79 rutas que hoy son de su competencia y pasar a gestionar solo las más grandes y rentables y transferir el resto a los gobiernos autonómicos. Ahora, entablará reuniones bilaterales para intentar atender a unas preocupaciones autonómicas, que piden soluciones en particular para las zonas más despobladas y fondos para poder asumir servicios que son deficitarios.

Las reuniones que, todavía sin fecha, entablará la directora general de Transportes del ministerio, María José Rallo, tratarán de calmar los ánimos entre las comunidades, sobre todo las que tienen más de una provincia, que ven cómo en el borrador pormenorizado que recibieron hace unas semanas pierden la mitad o más de las paradas de autobús que ahora gestiona el ministerio y que dejará de hacerlo cuando se ponga en pie la nueva ordenación, previsto en 2023.

"Nos pareció horroroso, es muy dañino", dicen desde la Consejería de Fomento de Aragón, que con el actual plan del Gobierno mantendría solo 19 de las 151 paradas que hoy son concesiones del ministerio. "No estamos de acuerdo. Se suprimen la mitad de las rutas" en Andalucía, añaden desde la Junta andaluza.

Estas son algunas de las reacciones que ha levantado entre las comunidades el plan del ministerio para actualizar el mapa de concesiones estatales de las rutas de autobús que desde hace 40 años depende del Gobierno central. Tanto comunidades como el sector coinciden con el Ejecutivo en que está obsoleto y ya no responde a las necesidades reales, pero no en la manera de hacerlo y advierten de los efectos que esto puede tener en las zonas más afectadas por la despoblación. "No se entiende", afirman en el sector del transporte aludiendo a uno de los empeños del Ejecutivo: vertebrar el territorio.

El plan también compromete la rentabilidad de algunas compañías de transportes, que corren el peligro de ser requeridas para operar rutas deficitarias mientras que ya no podrán hacer otras que sí sean rentables. "La Junta no tiene fondos para esto, porque la bajada de viajeros por el Covid no se ha recuperado, sigue siendo 15% en áreas metropolitanas pero mucho mayor fuera, además del precio del combustible", se lamenta el director de la patronal andaluza de transporte en autobús, Fandabus, Rafa Sánchez, sobre el escenario que se abrirá cuando las comunidades tengan que pagar las concesiones que ahora paga el Gobierno central.

El senador de Teruel Existe, Joaquín Egea, ilustró la semana pasada la situación a la que aboca el plan del Ministerio si no se abre a recoger las preocupaciones de las comunidades. "Lo que hasta ahora era coger un autobús en tu pueblo se convertirá en ir a otro pueblo en el que haya paradas, con tus medios o con los que te pongan, hacer coincidir horarios y trasbordos, una gincana que implica mayor tiempo para los viajes y es una excusa más para que abandonemos nuestros pueblos".

Egea criticó que al Gobierno "no le importe seguir restando calidad de vida en la España vaciada" en el pleno del Senado, donde la ministra de Transportes habló de "bulo infundado" a la idea de que se suprimirán rutas de autobús. "Todos los ciudadanos van a tener garantizado poder ir al punto al que consideren desplazarse pero hay que hacerlo optimizando los distintos tipos de transporte la intermodalidad", dijo Sánchez, que aseguró que va a seguir trabajando con comunidades y el sector para "mejorar y garantizar los servicios de movilidad en estas áreas rurales".

Reordenación del mapa de autobús

La ministra dio estas garantías en el Senado dos meses después de presentar en abril a las comunidades un borrador que el Ministerio de Transportes presentó en una Conferencia Sectorial de Transportes que detallaba la intención de seguir operando solo 25 de las 79 líneas de titularidad estatal, particularmente las que recorren varias comunidades y pasan por capitales de provincia y poblaciones de más de 50.000 habitantes.

Incluso estas líneas se reorganizarán, suprimiendo paradas menos utilizadas -hay líneas en las que la ocupación no supera los 24 usuarios y en 672 de las 1.912 paradas por las que pasan las rutas estatales aportan menos de 200 pasajeros al año- y transfiriendo su gestión a las comunidades, que pueden a su vez reorganizar sus propios mapas autonómicos de transporte por carretera. El Ministerio ofrece una compensación económica a las comunidades por hacerse cargo de trayectos que son minoritarios y menos competitivas, pero no ha detallado todavía su cuantía.

Después de esta primera reunión, donde el plan del ministerio cosechó un rechazo generalizado, en junio volvió a convocar a todas las comunidades, a las que entregó borradores pormenorizados del efecto que la reordenación de rutas tendría en cada uno de sus territorios. Es así cómo Andalucía calcula que se quedará sin la mitad de las paradas de las rutas que hoy se operan con conciertos entre el ministerio y las compañías de transporte y Aragón, que solo conservará 19 de 151.

También es a partir de ahí cuando han podido hacer cálculos del dinero que les costará suplir las rutas en el momento en que el Estado se retire. Aragón estima que tres millones y, como otras más, espera más detalles de las compensaciones que ha prometido el Gobierno. "Estamos esperando una propuesta económica del Ministerio", dicen desde Castilla-La Mancha, otra de las que se opuso abiertamente al plan en su primera versión. "En principio, vemos que es una reorganización importante y tiene que haber una importante propuesta económica", añaden en Toledo.

En el momento actual, las comunidades han ido cerrando -sin fecha- reuniones con la directora general de Transportes o esperan hacerlo para bajar al detalle de sus situaciones particulares. No obstante, en términos generales, ya asoman preocupaciones comunes que se centran en qué ocurrirá en las zonas más despobladas y con la movilidad entre localidades 'fronterizas' entre comunidades y con estrechos lazos y que ahora dejarán de estar conectadas porque su conexión no entrará en el trazado que sus respectivas autonomías hagan de sus nuevos mapas de movilidad.

Deberán hacerlo para suplir los servicios que dejará de prestar el Estado. Algunas, como Asturias, se sienten poco concernidas por la reordenación que plantea el Ministerio porque su mapa autonómico ya cubre rutas que podrían verse suprimidas, explican en Oviedo. En Aragón, por su parte, acaban de renovar el suyo, con el que intentarán afrontar los cambios. Pero el nuevo mapa de rutas de autobús de Galicia, por ejemplo, llegó poco antes y ahora deberá actualizarse para cubrir los recorridos que el Estado deje desiertos.

Aun así, incluso las comunidades afrontan la cuestión de cómo suplir las rutas para que los usuarios sigan pudiendo desplazarse como ahora mientras esperan que el Gobierno concrete la compensación económica que acompañará a la transferencia de competencia, aunque ya asumen que no será tan cómodo ni tan rápido. "Nuestro mapa de concesiones está pensado para conectar pueblos con centros de salud y hospitales, pero no para sustituir al Estado", dicen en Aragón y, como también figura en el borrador del Ministerio, proponen que haya "paradas facultativas" a demanda.

Vecinos en distinta comunidad

No obstante, el verdadero "problema" va a estar entre pueblos que tienen mucha relación de vecindad pero pertenecen a comunidades distintas. Cada una hará su mapa de rutas sin tener en cuenta territorios distintos al suyo. "Es el follón que tenemos administrativamente, las comunidades solo van a mirar por su territorio", apunta Rafael Barbadillo, presidente de la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus).

"El Ministerio excluye los tráficos entre comunidades, los abandona y deja la competencia a las comunidades. Eso tiene un efecto especial en zonas rurales, donde desparecen servicios y agrava la situación en zonas que sufren despoblación", advierte Sánchez, de Fandabús. "En Andalucía el impacto es grande", alerta.

Coordinación total

Además de la oposición y preocupación que el plan de reordenación ha causado entre las comunidades, el sector tampoco ve del todo clara la hoja de ruta del Ministerio. Lo ve necesario, pero, como las autonomías, espera concreción de cómo se hará el traspaso y teme que algunas compañías dejen de ser solventes si solo tienen que dedicarse a rutas deficitarias.

"Es un cambio importante, había que reordenar el mapa de concesiones porque la movilidad va cambiando y hay localidades donde antes había más actividad económica y ahora menos o al revés, porque se crea una universidad o un centro de trabajo, y eso hace que la distribución cambie", explica Barbadillo. Sin embargo, advierte de que para que se haga correctamente, el Ministerio tendrá que tener en cuenta qué servicios prestan las comunidades "para que todo esté conectado y perfectamente coordinado, de manera que si hay que hacer un trasbordo no haya tiempo de espera y el viajero perciba la red de transporte como única, no la del Ministerio y las 17 comunidades, porque al viajero eso le da igual", dice el presidente de Confebus que, como los gobiernos autonómicos, también espera una reunión con el Ministerio.

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