Baltasar Garzón: "En Cataluña los límites solo deben ser la 'no violencia' y el respeto a las leyes y la Constitución"

Baltasar Garzón (Jaén, 1955), un juez clave en la historia de la democracia española, ofrece a 20minutos su opinión sobre algunos de los casos más relevantes que ha investigado durante su trayectoria, como sus golpes a los grandes clanes del narcotráfico gallego, su asedio judicial a la banda terrorista ETA y sus entramados, o sus investigaciones de Justicia Universal que fueron noticia internacional, como la orden de detención contra el exdictador chileno Augusto Pinochet.

El jurista, que también abrió investigaciones muy relevantes como el caso Guantánamo, los crímenes del franquismo o la dictadura militar argentina, analiza su posición sobre el conflicto catalán (la entrevista se realizó antes de la detención de Puigdemont en Cerdeña) así como su proceso contra el Tribunal Supremo por condenarlo a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación por ordenar escuchas de forma irregular en el caso Gürtel.

Usted fue el juez que dio los primeros grandes golpes contra el narcotráfico en España, especialmente en Galicia, con operaciones como Nécora contra Oubiña y el clan de los Charlines. ¿Qué importancia tuvieron aquellas detenciones y qué dificultades se encontró?

De alguna forma están muy vinculados al principio de la Jurisdicción Universal. Son crímenes internacionales a los que también se aplica este principio. El narcotráfico es un fenómeno transnacional que desarrollan organizaciones que comercian, obtienen beneficios y limpian sus ganancias. Siempre han sido objeto de persecución internacional, como la Convención de Viena de 1988, que fue precisamente un instrumento muy válido para lograr avances en las investigaciones.

Lo que nosotros hicimos en la Audiencia Nacional en aquella época, en la operación Nécora y antes, fue confrontar contra las redes criminales del tráfico de exportación e importación de heroína, que tenían una amplia presencia de turcos y también de españoles, y también contra las redes de la cocaína, el hachís y otras sustancias.

Era muy importante incidir y perseguir al núcleo de las organizaciones, no contra las terminales, contra quienes comerciaban y distribuían la papelina en las esquinas, sino ir al corazón de las bandas del narcotráfico. Ir a por los máximos responsables y contra sus mecanismos de financiación. Había un grave problema en España, especialmente en Galicia.

Lo que hicimos fue ir contra los máximos responsables, contra los núcleos económicos, porque había víctimas concretas, no solo contra la Salud Pública en general. Las víctimas tuvieron más visibilidad y la sociedad perdió el miedo. Quienes dominaban a la sociedad, los narcos, con una exuberancia de medios escandalosos, pasaron a ser personas perseguidas por sus delitos y no los dueños de la sociedad.

¿El terrorismo de ETA fue la peor lacra que sufrió España durante la democracia? ¿Cómo consiguieron derrota al terrorismo etarra?

Sin duda el terrorismo ha sido una de las peores lacras que ha sufrido la sociedad española, no solo la única. Y el terrorismo a todos los niveles. No quiero olvidar la guerra sucia contra ETA, del GAL, que tuvo unas consecuencias sumamente negativas para esa legitimidad de la lucha contra el terrorismo. Afortunadamente el Estado, a través de los jueces, respondió, tal vez un poco tarde, para atajar ese fenómeno. Ganamos la legitimidad de la sociedad y también de la comunidad internacional que, justamente por la acción de los GAL, estaba muy cuestionada.

España ha luchado contra el terrorismo de diferentes organizaciones, de ETA y otras y también del terrorismo yihadista. Quizás lo que ha diferenciado a España de otros países es que, salvo esa mácula de los GAL, ha combatido el terrorismo desde el Estado de Derecho. Ha podido haber errores, pero se logró derrotar a ETA con un esfuerzo de todos, de las Instituciones, de jueces, policías, guardias civiles... La respuesta fue la adecuada y ETA anunció su desaparición en 2011. Ese es un éxito de las instituciones españolas.

España afronta también otro conflicto territorial, con connotaciones jurídicas, que es el llamado proceso independentista. ¿Está usted a favor de los indultos a los líderes independentistas, puede ayudar a solucionar el conflicto? ¿Hay riesgo de que reincidan?

El tema del 'procés', que ya viene de lejos y que se ha resuelto no como debería, desde mi humilde punto de vista. No soy partidario de la criminalización de esos hechos como un delito de rebelión o sedición. Creo que no correspondían esas figuras que se defendían desde la Fiscalía y desde el Estado. Finalmente se adoptó el de la sedición y hubo un juicio con garantías, recursos por parte de las defensas y una sentencia. La función del tribunal concluye con la sentencia y haciendo que se ejecute la sentencia.

A partir de ese momento, la ejecución de la sentencia sigue su desarrollo e incluso después de esa medida de gracia tiene una vigencia en el tiempo. Si no se cumplieran los requisitos del indulto se renovaría el cumplimiento de la sentencia. Por tanto lo que hay es una decisión amparada en la Constitución que permite al Ejecutivo español poder tomar una medida política, por supuesto razonada, en la que juegan otros elementos no estrictamente jurisdiccionales. Yo creo que esa motivación es adecuada porque ese conflicto tiene que tener unas respuestas políticas.

Las sanciones judiciales no conducen a casi nada en estos temas, pero en cualquier caso ya se produjeron. El diálogo está abierto y hay que definir cuáles son los límites: para mí son solo dos, la no violencia y el cumplimiento de las leyes y la Constitución. Todas las instituciones se deberían esforzar en ese cauce. En cuanto a qué va a ocurrir sí puedo decir que la historia de la humanidad es muy larga y las formas políticas de cada uno de los países es algo coyuntural. No pasa nada porque el sistema político, siempre estando en democracia, sea uno u otro.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU consideró a finales del pasado mes de agosto que el Tribunal Supremo español le condenó a usted sin garantías por prevaricación por las escuchas ilegales del caso Gürtel. ¿Considera que fue una sentencia injusta?

A mí me parece obviamente que fue injusta. Para otros sería justa y tenía una motivación que explicaba porqué se me condenaba. Nunca compartí esa motivación. No tuve la oportunidad de que fuera examinada en el Supremo y finalmente acudí, en un largo proceso, al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas frente al Estado español en tanto en cuanto el Tribunal Supremo, una de sus instituciones, había dictado unas resoluciones que consideraba que no eran ajustadas a derecho, que no había habido imparcialidad porque varios magistrados ocupaban el rol de instructores y sentenciados.

No se habían abstenido o no habían atendido la recusación porque no había una definición de la figura delictiva que me aplicaban. En ningún artículo del Código Penal aparecía que dentro de la prevaricación judicial fuera delito interceptar las comunicaciones entre investigados y algunos de sus abogados porque presuntamente continuaban la actividad delictiva. Y además adoptando todas las medidas para proteger el derecho de defensa. También porque no había doble instancia y tenía que someterme a una sola instancia, la de la Sala Segunda, sin posibilidad de revisión en un recurso de apelación.

Todos esos elementos son los que se pusieron en una demanda frente al Estado español. Lo que viene a decir el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que es el máximo intérprete del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del que España es parte, que no había habido un juicio con las debidas garantías. Había sido arbitrario, parcial, no había doble instancia, no hubo previsibilidad y, por tanto, se puede considerar como un elemento de presión a jueces y fiscales que interpretan libremente la ley. Nadie puede ser condenado, jueces y fiscales, por interpretar la ley. Se le puede revocar su decisión, si se ha equivocado, pero no se puede la amenaza penal porque ataca la independencia judicial. Esto es lo que dice el Comité de la ONU.

¿Pedirá usted el reingreso como juez?

Es muy trascendente porque es la primera vez que emite una resolución tan contundente y clara contra una sentencia de un Tribunal Supremo de un país. Y lo que dice es: primero, bórrense los antecedentes penales que emanan de esa sentencia arbitraria, parcial y sin garantías. Y segundo, hágase una reparación integral. El Gobierno tiene que definir qué es una reparación integral como representante del Estado que ha sido condenado. Algunos votos particulares solicitan que se me reintegre en la misma posición que tenía.

Mi intención es aspirar a esa reparación de reingreso porque si no hubo delito y si la sentencia es arbitraria la única forma de reparación es esa. Se da un plazo de 6 meses al Gobierno para que impulse los mecanismos necesarios para que se produzca el cumplimiento del dictamen que es vinculante para el Estado español. Yo no quiero que se modifique la sentencia del Tribunal Supremo , eso sería objeto de un recurso de revisión.

Yo quiero que esté ahí la sentencia, pero a su lado el dictamen del Comité de la ONU donde dice que es arbitraria, parcial y que no hubo las debidas garantías. A partir de ahí, el Estado español tiene que poner los medios para solucionarlo y sobre todo es una oportunidad impresionante para garantizar a futuro las garantías de no repetición.

Por un lado, instalando las garantías de una segunda instancia en el Tribunal Supremo, con lo cual el poder omnímodo de la Sala Segunda se vería reducido, y es importante que esto ocurra, y, por otra parte, establecer las garantías para jueces y fiscales de que la interpretación que hagan de las leyes de acuerdo con las reglas de la buena fe y de los estándares normales no se van a ver afectados por una coacción penal sino por la vía de los recursos que correspondan.

¿El procesamiento del general y dictador chileno Augusto Pinochet fue el origen de la Jurisdicción Universal? ¿Qué supuso ese caso a nivel internacional?

La Jurisdicción Universal tiene un origen más antiguo que el caso Pinochet, pero es cierto que tuvo un nivel de conocimiento a partir de este caso muchísimo mayor. La detención de Augusto Pinochet Ugarte en Londres el 16 de octubre de 1998 y el inicio en España de la causa de por los crímenes cometidos durante la dictadura argentina. Ambas causas comenzaron en 1996. En España había habido algún caso de menor trascendencia amparado en Jurisdicción Universal, pero los principales fueron los de Pinochet y la dictadura argentina, en concreto el del capitán Adolfo Scilingo que fue condenado en 2005 (por delitos de lesa humanidad).

Con la detención de Pinochet hubo un antes y un después. En 1998 también se aprobó el Estatuto de Roma que creaba la Corte Penal Internacional. A partir de ahí se impulsó la Jurisdicción Universal como el último amparo o recurso de las víctimas frente a la impunidad hasta día de hoy.

¿Hay impunidad para juzgar a nivel internacional a responsables de genocidios como los del Tíbet, Guatemala o Armenia?

Depende de la época del genocidio y de los crímenes. El genocidio de Armenia de 1915, por ejemplo, a manos del Imperio Otomano durante la primera guerra mundial. A día de hoy ese genocidio sigue impune aunque algunos países lo han reconocido como tal. Otros, como por supuesto la actual Turquía ni siquiera lo reconocen.

Otros casos como el genocidio de la etnia maya en Guatemala tuvo éxito su tramitación en España en el sentido en el que permitió al Tribunal Constitucional fijar una doctrina en septiembre de 2005 en la que se reconocía que en España tenía vigencia el principio de Jurisdicción Universal puro recogido en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Significa algo muy importante, cualquier víctima, indistintamente de su nacionalidad, que hubiera sufrido un hecho criminal de esta envergadura y este no hubiera sido investigado en su país podría acudir a cualquier jurisdicción que tuviera reconocido el principio de Jurisdicción Universal.

En 2014, el PP, con mayoría absoluta, impulsó otra reforma que redujo los límites de la Justicia Universal a unos límites más estrechos. Pero gracias a esa reactivación de los casos hubo condenas en Guatemala por el genocidio o también en Argentina y Chile. En Senegal el ex dictador del Chad Hissene Habré fue condenado por crímenes contra la humanidad y de guerra.

En relación con los grandes casos de jurisdicción mundial, Audible, empresa de Amazon, ha presentado en exclusiva ‘Justicia Universal’, un nuevo contenido original y exclusivo de 14 episodios narrados por el jurista español Baltasar Garzón.

Con una duración de unos 40 minutos, los capítulos que lo componen giran en torno al principio de justicia universal, que trata de evitar la impunidad de los crímenes cometidos contra la humanidad, independientemente del país en el que se hayan cometido. En los episodios se desgranan casos tan relevantes como el del general Augusto Pinochet, el del capitán Adolfo Scilingo, Guantánamo o el genocidio del Tíbet.

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