Belarra llega a un acuerdo con las autonomías para cambiar el modelo de cuidados y construir residencias de menos de 120 plazas

A la segunda va la vencida para el Ministerio de Derechos Sociales. Tras no cosechar en mayo los apoyos suficientes de las comunidades autónomas, Ione Belarra ha logrado que la conferencia sectorial dé luz verde este martes al nuevo modelo de residencias que aspira a reducir el número de usuarios en cada centro para garantizar una atención más individualizada y "hogareña". De este modo, y un mes después de que incluso dos consejeros socialistas se negasen a apoyar la propuesta del Ejecutivo (Extremadura y Castilla-La Mancha), se ha aprobado finalmente un nuevo sistema de acreditación que marcará los requisitos mínimos a seguir por las residencias y centros de día, y que vendrá a sustituir al vigente hasta ahora, de 2008.

El nuevo sistema, que pivota sobre la desinstitucionalización del modelo de cuidados de España, busca reducir las unidades de convivencia en las residencias, obligar a los centros que se construyan a partir de ahora a que el número de plazas no supere las 120, fomentar el uso de habitaciones individuales, involucrar a los familiares y reforzar el sistema de asistencia a domicilio. Todo ello, con un único objetivo: mejorar la calidad de vida de los residentes y tratar de reducir al mínimo el desajuste que se produce entre la plena autonomía y la involucración de los profesionales.

Para que saliera adelante, el nuevo modelo debía contar con más síes que noes y, según cuentan fuentes de Derechos Sociales a 20minutos, la votación ha sido bastante ajustada y solo se ha aprobado por un voto de diferencia. Comunidades gobernadas por el PSOE como Extremadura, Canarias, Navarra, Valencia, Asturias, La Rioja, Baleares y Aragón, unidas a otras de otro signo político como Cantabria y Melilla han votado a favor. Mientras, las autonomías del PP -Galicia, Madrid, Andalucía, Murcia, Ceuta y Castilla y León- se han posicionado en contra, aunque también han votado no otras como Cataluña, País Vasco y Castilla-La Mancha, esta última también gobernada por los socialistas.

No obstante, para alcanzar un texto definitivo todavía queda por recorrer una recta final. Según explican desde el departamento de Belarra, en la reunión de este martes "se han introducido enmiendas in voce" (orales), que habrá que incorporar ahora al documento. "El modelo de residencias que atiende a personas mayores y con discapacidad en nuestro país ha mostrado todos sus límites durante la pandemia, a pesar de los enormes esfuerzos que han hecho muchos de sus trabajadores y de sus trabajadoras. Hoy me siento especialmente satisfecha de que hayamos logrado el que considero uno de los acuerdos más importantes de esta legislatura", ha celebrado Belarra tras la reunión.

Así, el nuevo modelo de acreditación marca una serie de medidas de obligado cumplimiento a implantar de aquí a 2030. "A partir de ahora, las residencias van a tener que parecerse mucho más a un hogar", ha destacado la titular de Derechos Sociales. Y es que el documento final marca un tamaño máximo (de 120 residentes por centro en zonas urbanas con alta densidad) para los centros que se construyan de aquí en adelante. Para los que ya existen, el acuerdo mandata que las residencias se organicen en grupos de convivencia de, como mucho, 15 residentes que, además, compartan zonas comunes, como una cocina o un salón.

"Durante los próximos años, también vamos a incrementar los trabajadores y trabajadoras de residencias para personas mayores, hasta que haya al menos un trabajador por cada dos personas atendidas", ha detallado. La reducción de las ratios es quizás uno de los asuntos que más ampollas ha levantado durante todo el proceso de negociación, pues hay comunidades autónomas que temen que sea inasumible en términos de presupuesto e infraestructuras. Según estimaciones del Gobierno, harán falta 34.000 nuevos puestos de trabajo para apoyar esa mejora del modelo de cuidados.

Otro cambio destacable es que, en línea con el afán de fortalecer la atención individualizada, se potenciara la atención a domicilio para aquellas personas que no quieran o no necesiten trasladarse a un centro residencial; y se establece una "atención libre de sujeciones", eliminando una práctica que, según Belarra, "no puede tener cabida en un país democrático".

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