Las consecuencias del pulso entre el Gobierno, las eléctricas y el cierre de las nucleares: ¿subiría aún más el recibo?

La aprobación por parte del Gobierno de un paquete de medidas para reducir la factura de la luz y la decidida apuesta del Ejecutivo por sacar adelante el proyecto de ley del CO2 por el que se establece una minoración de la retribución de las centrales no emisoras puestas en funcionamiento antes del 25 de octubre 2003 han puesto en pie de guerra a las empresas del sector.

El Foro de la Industria Nuclear Española, liderado por las eléctricas Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, ha criticado mediante un comunicado que estas decisiones "ahondan aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear" y consideran que de entrar en vigor la ley de CO2 "abocaría al cese de la actividad de todo el parque nuclear".

El Ejecutivo ha salido al paso de estas afirmaciones asegurando que el cierre de un central nuclear no depende solo de sus dueños. "Si los propietarios de una central consideran que deben cerrar, tienen que solicitar autorización para que se analice si es posible, o si por la seguridad del suministro no es posible, no pueden hacerlo por sí solos", ha afirmado este miércoles durante una entrevista en TVE la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. "La electricidad no es lo mismo que el sector de los caramelos o las fruterías, es un sector enormemente regulado", ha insistido Ribera

La decisión de cerrar una central nuclear necesita la autorización final del Gobierno. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico establece en el artículo 53.5 que "el cierre definitivo de instalaciones de generación requerirá el informe del operador del sistema en el que se consignarán las posibles afecciones del cierre a la seguridad de suministro y en el que se deberá pronunciar motivadamente si éste resulta posible sin poner en riesgo la seguridad de suministro".

El mencionado informe, que debe elaborar Red Eléctrica de España, tiene que ser enviado posteriormente el Gobierno, que deberá decidir entonces con esa información si acepta o no el cierre. El Ejecutivo dispone de un plazo de seis meses para contestar a la petición de cese de actividad.

"En estos momentos es inviable", opina Diego Rodríguez, catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid e investigador asociado de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). "Red Eléctrica no puede emitir un informe favorable para el cierre de las centrales nucleares porque no tendríamos garantizado el suministro eléctrico en el corto y medio plazo", sentencia.

La hipotética desaparición de las centrales nucleares que existen en España en estos momentos supondría un alza en el recibo de la luz, según fuentes del sector energético consultadas por 20minutos.

"Al ser el mercado eléctrico marginalista -las centrales cobran por la luz el precio de la tecnología más cara que ha entrado en producción para satisfacer la demanda-, el precio de la luz subirá sin ninguna duda", sentencian las mismas fuentes, que explican que al prescindir de la energía nuclear, cuya producción es más barata, estamos obligados a rellenar ese hueco con centrales que usan para la generación de electricidad combustibles fósiles, como el gas y el petróleo, cuyos precios se han disparado en los últimos meses. Solo una apuesta fuerte por las energías eólicas (viento) y fotovoltaicas (sol) podría amortiguar ese incremento.

Por ejemplo, entre agosto de 2020 y 2021, un año natural, el precio del gas ha pasado de 9,39 euros por megavatio-hora (MWh) a 48,45 euros, lo que supone una subida de más del 500%.

El cese de actividad de las nucleares tendría además como consecuencia un incremento en la emisión de los gases de efecto invernadero a la atmósfera debido a que aumentarían las emisiones de CO2 de las otras centrales.

En la actualidad en España hay siete reactores nucleares en la centrales de Almaraz 1 y 2, Trillo, Cofrentes, Vandellós 2 y Ascó 1 y 2. Su cierre está previsto entre 2027 y 2035 tras el acuerdo llegado por sus dueños con el Gobierno. La propiedad de estas instalaciones se la reparten fundamentalmente Endesa e Iberdrola, aunque también participan Naturgy y EDP. En 2020, la energía nuclear fue la responsable de la generación del 22,2% de la electricidad en España.

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