Darias renuncia a regular el 'pasaporte Covid' para el ocio pero da vía libre a las autonomías a pedir otros documentos

El Gobierno central no legislará para que el Certificado Covid de la UE, el denominado 'pasaporte Covid', pueda utilizarse en España para determinar quién entra y quién no en determinados locales de ocio en función particularmente de que esté o no vacunado. Varias comunidades han pedido una regulación común que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha rechazado este miércoles tras el Consejo Interterritorial de Sanidad. Aunque España podría ampliar sus términos, Darias se ha ceñido al reglamento europeo del 'pasaporte Covid' pero sí ha dado vía libre para que cada comunidad decida si para acceder a determinados lugares públicos exige pruebas de vacunación o de no tener la Covid que, sin embargo, no podrán ser el 'pasaporte Covid'.

"Las comunidades, dentro de sus competencias, pueden establecer cuestiones que requieren este tipo de documentos, como pruebas de vacunación o diagnóstico de infección activa. Está en sus competencias como autoridad sanitaria que son", ha dicho Darias, que por el contrario no ha dado muestras de ir a regular esta cuestión para el conjunto del Estado. Aunque ha apuntado que "no renunciamos a nada", ha insistido en que en estos momentos "a lo que está el Gobierno" es a "seguir vacunando a todo el mundo para ofrecer las mismas oportunidades".

Cataluña o la Comunitat Valenciana hicieron en los días pasados una petición abierta para que fuera el Gobierno central quien regulara el uso del 'pasaporte Covid' para poder acceder a locales de ocio o culturales. También la Comunidad de Madrid por medio de su consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, instó al Ministerio a que "por una vez ejerza labores de coordinación" entre comunidades y prepare una regulación para todas.

"Es un tema que hay que resolver a nivel nacional, honestamente. Si se exige pasaporte covid, para cualquier cuestión, que sea una decisión que se tome en el marco nacional porque si no volvemos locos a los ciudadanos, a los turistas", apuntó desde Toledo la portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández.

Pero estas reclamaciones se han topado con la posición que ha manifestado Darias de "remitirse" exclusivamente al Reglamento del 'pasaporte Covid' tal y como lo acordaron el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, que indica que su objetivo es facilitar la libre circulación de ciudadanos entre los países de la Unión. Según los datos que ha facilitado este miércoles, ya hay 11,3 millones de españoles que tienen su 'pasaporte Covid', "uno de cada cuatro dispone de algún tipo de certificado" europeo por estar vacunado, haber superado la Covid o tener una PCR negativa reciente.

"La posición del Miinisterio es que los usos que están actualmente regulados son los que permite la UE y tiene respaldo del reglamento del Parlamento europeo", ha indicado Darias, que ha incidido en que el "amparo legal [del 'pasaporte Covid'] es el que tiene para garantizar una movilidad segura en el territorio de la UE".

Sin embargo, Darias ha omitido una posibilidad que tiene el Gobierno más allá de cumplir los términos del Reglamento por el que se creó el Certificado Covid de la UE. Tal y como indican fuentes de la Comisión Europea, los reglamentos europeos como este son de obligado cumplimiento en sus términos exactos, pero nada impide que los Gobiernos desarrollen leyes o cualquier otro tipo de pieza legislativa que, en este caso, pudieran ampliar los usos que dé a "la tecnología del Certificado Covid".

Así, la Comisión Europea confirma que el Gobierno español podría, en respuesta a lo que piden algunas comunidades, aprobar un proyecto de ley, un decreto o incluso proponer y alcanzar un acuerdo en el Consejo Interterritorial de Sanidad para permitir que bares, restaurantes o museos puedan exigir mostrar el 'pasaporte Covid' a quienes quieran entrar en ellos.

El único límite a esta capacidad de maniobra sería, añaden las fuentes, que cualquier modificación del uso estipulado del 'pasaporte Covid' no podría de algún modo vulnerar ni la Constitución, ni los Tratados de la UE ni ir contra derechos y libertades de los ciudadanos. En caso de sospecha, Bruselas podría pedir evaluar la norma nacional para asegurar que se ajusta a Derecho, como hace con leyes en cualquier otro ámbito.

Aquí es donde entraría la posibilidad de que exigir el 'pasaporte Covid' sea "discriminatorio", por ejemplo, con personas que no pueden vacunarse por motivos de salud o, simplemente, a las que por edad todavía no les ha llegado el turno para recibir sus pinchazos. Así lo apuntaba hace unos días uno de los expertos que asesora a Sanidad y también lo han manifestado desde el presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, hasta el conseller catalán de Salud, Josép María Argimón.

Fuentes comunitarias admiten también que la cuestión de aplicar el 'pasaporte Covid' para el acceso a actividades de ocio "podría" colisionar con libertades fundamentales y que es una cuestión "supersensible". Recuerdan que el Certificado Covid de la UE no prohíbe viajar a quien no lo tiene, sino que facilita a quien sí, pero sí se convertiría en un elemento de prohibición si se emplea para determinar quién entra o se queda fuera de determinados locales.

Con su negativa a legislar de forma general sobre esta cuestión, el Gobierno se ahorra un eventual suspenso por parte de Bruselas por vulneración de derechos y libertades. Pero la alternativa no es no arriesgarse a incurrir en esta ilegalidad, sino permitir sean las comunidades autónomas las que se puedan prohibir el paso a personas no vacunadas -porque no quieran o porque no puedan- dentro de sus propias competencias, algo que se aleja del plan común que pedían algunas de ellas.

Así pues, lo que empezó a hacer Galicia ya hace días es lo que podrán hacer el resto de comunidades que decidan también impedir el paso a ciertos locales a quienes no estén vacunados. No podrán exigir el 'pasaporte Covid' para ello, pero sí otros documentos que acrediten que una persona está inmunizada o no tiene una infección activa por Covid. Por ejemplo, el certificado que expiden las consejerías de Sanidad después de cada pinchazo o una prueba PCR.

De momento, Canarias y Baleares también han mostrado interés por ello y Madrid y Andalucía no lo descartan aunque no piensen en ponerlo en marcha en estos momentos.

Sin regulación común, la Comunitat Valenciana y Cataluña también tiene esta cuestión en cartera, aunque hasta ahora estaban pendientes de que el Gobierno tomaras unas riendas que, al menos de momento, no piensa agarrar.

Por otra parte, Darias ha rechazado aplicar a los funcionarios de la Administración central la medida que ya estudia el Gobierno de Canarias para obligar a sus trabajadores públicos a estar vacunados contra la Covid.

"No puede obligarse a la ciudadanía a la vacunación, distinto son los funcionarios de distintos cuerpos", dijo este martes el presidente canario, Ángel Víctor Torres, al anunciar que esta buscando la fórmula para ello, tal y como ya ha aprobado hacer Francia.

Desde Madrid, la ministra canaria del Gobierno ha alejado esta posibilidad. "España no está teniendo hasta ahora, y esperamos que siga así, problemas de vacunación de la población. Al contrario, cada vez que una comunidad abre un tramo de edad, acuden la mayoría de las personas", a pedir turno. "Puede haber algún tema puntual pero tendrían que acordarse medidas puntuales y concretas", ha dicho Darias, que ha recalcado que "no es necesario" obligar a vacunarse "porque la ciudadanía está acudiendo mayoritariamente".

"Al contrario, la gente lo que quiere es vacunarse cuanto antes", ha zanjado Darias este miércoles, cuando el 66% de la población, 31,3 millones de personas, tiene ya alguna dosis puesta y el 55,7%, 26,4 millones, la pauta completa.

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