Desplome de la contratación de personas con discapacidad: "Hay que sensibilizar a la gente para que no nos prejuzgue"

Marina Alonso llevaba algo menos de un año trabajando en la limpieza de un restaurante cuando estalló la pandemia del coronavirus. El confinamiento domiciliario obligó al cierre del local y se quedó en paro. "Buscando, buscando, me contrataron en otro restaurante pero me echaron también", cuenta. Ahora, esta madrileña de 24 años con una discapacidad intelectual ha decidido darle un vuelco a su vida laboral y está realizando un curso de diseño de páginas web y programación.

El caso de esta joven es un claro ejemplo del mapa que desde el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo (Odismet) de la Fundación Once dibujaron en la presentación de su informe anual: esta crisis ha sacudido con especial dureza a un colectivo vulnerable y apostar por su formación se consolida como elemento clave para su integración. Una formación en la que la digitalización y la sostenibilidad deben tenerse en consideración.

"La Covid rompió en 2020 siete años ininterrumpidos de crecimiento y de batir récords", lamenta Luis Enrique Quifez. El coordinador de Odismet se refiere así a la firma de un 30% menos de contratos que en el ejercicio anterior, al caer hasta los 248.500. "Se destruyeron más de 100.000 empleos, lo que para estas personas supone un impacto tremendo porque sus indicadores sociolaborales están siempre muy por debajo de la media. En la población general, que también sufrió un duro golpe en este sentido, el porcentaje se quedó en el 29%. Las personas con discapacidad no solo están peor sino que su destrucción fue más intensiva".

El estudio del Observatorio pone de manifiesto diferencias abismales entre ambos grupos. El índice de paro entre quienes tienen una discapacidad es diez puntos superior –23,9%– y el de empleo, 41 puntos inferior –25,9%­–. Los salarios son un 17% más bajos –no llegan a los 20.000 euros brutos– y el índice de pobreza está en el 32,5%, siete puntos por encima. En este caso, la tardanza en la actualización de las estadísticas lleva a tener que hablar aún de cifras de 2019, pero dadas las circunstancias y las variables de 2020 que sí se conocen es deducible que la situación dista mucho de haber mejorado.

El informe registra 1,87 millones de personas con discapacidad entre los 16 y los 64 años. De ellas, 1,23 millones son inactivas desde el punto de vista laboral, siendo la incapacidad permanente la razón en el 61% de las ocasiones. Esto coloca la tasa de actividad en el 34,5%, frente al 77,7% del resto de la sociedad.

"El panorama es preocupante", afirma Quifez, pero deja lugar para la esperanza en historias como la de Ismael Cazallas. Después de un año desempleado, este joven de 23 años con un trastorno por déficit de atención ha empezado como cajero en un supermercado. En un contexto en el que solo el 9% de los contratos son indefinidos, se muestra feliz porque, tras encadenar suplencias y trabajos temporales de pocos meses, esta vez ha firmado por un año: "La temporalidad es muy estresante. Ahora tengo más estabilidad".

Al contrario que Marina, que señala no haberse visto discriminada a la hora de buscar trabajo, Ismael sí se ha sentido excluido: "A veces te llaman y cuando dices que tienes una discapacidad ya no te vuelven a contactar". En lo que sí coincide con ella es en el deseo de formarse y en septiembre iniciará los estudios de celador o de auxiliar de enfermería. "En el supermercado me han dicho que me ayudarán con la planificación de los horarios para poder compaginarlo", señala.

Desde Odismet esperan que pasada la pandemia la tendencia vuelva a valores positivos pero de momento la destrucción de empleo continuó en el primer trimestre de 2021. Para que las personas con discapacidad no queden fuera de la recuperación, la Fundación Once insta a que los fondos europeos no se olviden de su inclusión.

Jorge Abad trabajaba como delineante cuando en 2008 un accidente de tráfico le dejó unas secuelas neurológicas que le llevaron a tener que cambiar de profesión. "Al principio el impacto es negativo. Después ves que las reglas del juego han cambiado pero hay que seguir jugando. No tenía carrera superior y decidí estudiar Relaciones Internacionales", relata. Ese cambio le permitió entrar en una multinacional, con un puesto de "gran responsabilidad", lo que valora como una mejora. Allí encadenó sustituciones durante dos años, hasta que la ley le impidió seguir y ante la imposibilidad de un contrato indefinido, se quedó en paro en octubre de 2019. "El problema ahora es que no hay trabajo para nadie y no se ofertan muchos puestos de titulación superior", apunta. Con un grado del 33% afirma que nunca se ha sentido discriminado a la hora de optar a un empleo y remarca que el mundo de la discapacidad es muy diverso: "Yo lo paso mal con un portátil pero si tengo una pantalla normal y una luz adecuada... Quiero luchar como el resto y tener las mismas oportunidades".

"Tengo dolores las 24 horas del día y convivir con ello agota. La medicación no me lo quita. Es para momentos muy críticos", relata Águeda López a las puertas de la residencia de mayores Altagracia de Boadilla del Monte (Madrid), donde trabaja como animadora sociocultural desde septiembre. Aquí llegó a través de la Fundación Once tras seis años en paro. Esta profesora de infantil dejó su empleo después de dar a luz y cuando quiso volver a él vio que el cuerpo no le respondía. A la fibromialgia se sumaba una operación de espalda que limitaba su movilidad. Por ello tiene reconocida una discapacidad del 37% que ahora lucha por ampliar al haber sido diagnosticada del Síndrome de Cushing, una enfermedad rara que le provoca insuficiencia suprarrenal. "Levantarme de la cama cada día es un esfuerzo pero venir a trabajar me anima. Aquí se adaptan a mis circunstancias y me siento útil", dice y lanza un mensaje: "Hay que sensibilizar a la gente para que no nos prejuzgue ni nos trate de vagos. Hay discapacidades que no se ven pero el dolor va por dentro".

¿Cómo se puede reconducir la situación? Por la vía de la formación. Es un reto porque las diferencias son muy grandes, sobre todo en los extremos. El 4,5% de las personas con discapacidad no tiene estudios y el 16,9% tiene formación superior, frente al 0,4 y el 36,4% respectivamente de la población general. Pero también es una oportunidad. Se está dando una transformación tecnológica del mercado laboral que abre la puerta a empleos a los que estas personas se deben sumar.

¿Esa transformación podría dejarles atrás? Hay preocupación porque la brecha digital es tremenda. La recuperación económica tiene que pasar por elevar la formación en todos los sentidos pero apostando por la parte digital desde un punto de vista amplio. El 81% de las personas con discapacidad trabaja en el sector servicios, de ahí que hayan sufrido con mayor impacto la crisis.

¿Las empresas están concienciadas? Cada vez más pero queda trabajo por hacer, sobre todo posiblemente en las pymes. El hecho de los contratos bonificados no debe ser el elemento fundamental para la contratación sino lo que pueden aportar. Su presencia tiene que ser algo natural, en cualquier ámbito. Se trata de ajustar la persona al puesto adecuado.

¿Pueden hacer más las administraciones? Sí. ¿Por qué los contratos indefinidos han pasado del 16-18 al 9%? ¿Antes funcionaban las ventajas para emplear a personas con discapacidad y ahora no?¿Cumplen las empresas la cuota de reserva? Posiblemente sí, pero no lo sabemos. Las estadísticas sobre discapacidad adolecen de actualización.

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