Las diferencias entre Agua y Energía dentro de Transición Ecológica retrasan la norma para instalar placas solares en 63 pantanos

El buen ritmo que el Gobierno ha imprimido en los últimos años a la regulación para promover el despliegue de energías renovables ha encontrado un freno en la norma sobre la instalación de placas fotovoltaicas flotantes, para generar electricidad sobre la superficie de masas de agua de dominio público, como canales de riego y los 63 embalses que hay en España. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, aseguraba hace unos días queda poco para que el Gobierno apruebe una ley que empezó a elaborarse en 2022 y que en los últimos meses se vio frenada por el Consejo de Estado y las dificultades entre responsables de Agua y Energía del Ministerio de Transición Ecológica para encontrar una solución a la "ventanilla única" para los proyectos fotovoltaicos sobre el agua e hidráulicos.

El decreto que espera el sector fotovoltaico y rechazan los ecologistas vendrá a regular la instalación de fotovoltaica flotante en masas de aguas públicas y su convivencia con otras instalaciones de generación renovables, las centrales hidroeléctricas. De esta manera, se podrá replicar a mucha mayor escala la generación fotovoltaica que en España ya tiene ejemplos, a nivel de autoconsumo, en canales y balsas de riego de menor superficie y entrar en un ámbito que ya funciona en otros países de Europa y en Estados Unidos. Sin embargo, los planes se truncaron con la exigencia por parte del Consejo de Estado de que exista una "ventanilla única" para tramitar las concesiones de la explotación hidráulica y fotovoltaica, que ha provocado complicaciones en las ya de por sí tirantes relaciones entre los responsables de Agua y de Energía dentro del Ministerio de Transición Ecológica, con ramificaciones en las competencias autonómicas y de las Confederaciones Hidrográficas. El resultado es que, dos años después, la norma no está todavía aprobada con dificultades para hacer 'casar' concesiones de centrales hidroeléctricas y de fotovoltaica con distintos años de duración o sobre quién podrá instalar placas sobre embalses de titularidad pública. Tal y como espera el sector, Ribera aseguró en el Senado esta semana que estará listo en cuestión de semanas.

"El trabajo en toda la tramitación fue intenso y complejo entre los responsables de Agua y de Energía", explicaba hace unos días en el Senado Ribera, a pregunta del senador del PNV Igotz López sobre el estado de una regulación que sigue sin aprobarse años después. La vicepresidenta se refirió expresamente a la "sugerencia importante" desde el Consejo de Estado -necesario para que el Anteproyecto se convierta en proyecto de ley que pueda aprobar el Consejo de Ministros- "de que hubiera una ventanilla única para un único procedimiento de tramitación de expedientes, en el que Energía y Agua respondan al unísono", explicó. En principio, los planes del Ministerio eran que, como en los parques en suelo, las comunidades autoricen las plantas fotovoltaicas flotantes de hasta 50MW y Transición Ecológica, de ahí en adelante, y que las concesiones de hidroeléctrica, según la Ley de Aguas.

"Esperaremos poder resolver en las próximas semanas, después de meses complejos entre los responsables de Agua y Energía del Ministerio, elevar al Consejo de Ministros este comentario relevante [del Consejo de Estado], que no es el único", dijo Ribera en el Senado. "Espero poder darle buenas noticias en las próximas semanas, desde luego antes del verano", dijo al senador del PNV, que insistió que cuanto antes vea la luz una tecnología -la fotovoltaica flotante- que tiene como "ventajas" que "no ocupa terreno, es más eficiente por estar refrigerada y reduce la evaporación de agua [de embalses y canales], con impacto nulo en la flora y la fauna del embalse".

Esperando desde 2022

La aparente próxima aprobación de la regulación sobre fotovoltaica flotante será el punto y final de un proceso al que el Gobierno dio pistoletazo de salida en el primer decreto con medidas económicas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania, en marzo de 2022. En una disposición adicional, se apuntaba al desarrollo de una norma para que pudiera ser capaz instalar placas solares sobre canales, pantanos y otras obras hidráulicas de titularidad de la Administración General del Estado o de las Confederaciones Hidrográficas.

El trámite fue rápido y a finales de aquel mismo mes Transición Ecológica lanzó dio el primer paso para la elaboración del real decreto que debe regular este tipo de generación de electricidad renovable, con la apertura de una consulta pública de 15 días, en base a un borrador que establecía que se podrán dar concesiones para las instalaciones de fotovoltaica flotante durante un máximo de 25 años, para ocupar entre el 5 y el 20% de la superficie de los 63 pantanos que hay en España, dependiendo de su estado biológico. Para la evacuación de esta electricidad se aprovecharían los accesos a la red ya otorgados para las centrales hidroeléctricas que ya operan allí.

Al final del borrador se detallan las posibilidades para instalar fotovoltaica flotante que el Ministerio veía en cada uno de los 63 embalses de titularidad estatal. En una superficie de agua que en conjunto abarca si 79.000 hectáreas, las estimaciones de Transición Ecológica contaba con instalar placas fotovoltaicas en una superficie de cerca de 5.500 hectáreas, repartidas por los distintos pantanos, menos en 27, en los que todavía no se había definido el estado biológico, la mayoría de ellos en la cuenca del Guadiana y también en la del Ebro y del Guadalquivir.

Las previsiones para instalar fotovoltaica cubren desde los pantanos más grandes a los más pequeños. Por ejemplo, en las cerca de las 10.000 hectáreas del embalse de La Serena, en Extremadura, la idea era instalar placas en una quinta parte de su superficie, o en el embalse del Ebro, en Reinosa (Cantabria), a lo largo de 215 de sus 3.000 hectáreas. Entre los más pequeños, 1,5 hectáreas de las 10,5 que ocupa el Embalse del Rey, en Rivas Vaciamadrid (Madrid) podrían aprovecharse para generar electricidad con energía solar, así como cinco hectáreas de las 33 del Embalse de Cerro Muriano, en la provincia de Córdoba.

Hasta que el Consejo de Estado pidió la "ventanilla única" que está en el retraso de la ley, la posibilidad de instalar fotovoltaica flotante también pasó por la opinión de los gobiernos autonómicos y las Confederaciones Hidrográficas, en un Consejo Nacional del Agua que trató esta cuestión en octubre de 2022 y donde no sólo el País Vasco, sino el resto de comunidades habría dado el visto bueno. "Nunca he oído una opinión desfavorable a esta opción, por ninguna parte. Ni por Medio Ambiente, que es quien más podría decir porque puede afectar a la flora y fauna, pero nadie ha levantado la mano en contra", explica López.

Los ecologistas, en contra

Sin embargo, no es todo unanimidad en torno a esta ley y a las diferencia dentro del Ministerio se suma la oposición cerrada de organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción, una de los colectivos con un papel asesor ante Transición Ecológica y que ya dejó clara su opinión en contra en la consulta de la primavera de 2022.

"Le vemos muchas pegas", afirma una de sus portavoces Érika González, que destaca la "complicación" de instalarlas sobre el agua pero sobre todo sus efectos sobre la flora y la fauna de los embalses. Por ejemplo, el criterio es poder instalar más placas cuanto peor sea el estadio trófico del agua "desincentiva que se mejore el estado [biológico] del embalse". "Si este embalse se usa para regadío o abastecimiento, aunque pongas un 15% de superficie de fotovoltaica, si se reduce el volumen en verano, las placas ocupan mucho más del 15%", añade en una apreciación que también se oye desde el sector de las energías renovables. El riesgo de reducir la capacidad del embalse para abastecer a la agricultura o al consumo podría llevar incluso a que se reclamase la construcción de otro anexo para cumplir esas funciones, alerta González.

Por otra parte, Ecologistas en Acción se opone a prolongar la vida de un embalse con una concesión a la que le queden 10 años si después se concede otra, por 25 años, para instalar fotovoltaica. "Nuestra propuesta es eliminar ese embalse para recuperar y restaurar el río", señala.

Ayudas específicas

Aun reconociendo que la fotovoltaica flotante es "reciente y poco estudiado", son muchas las ventajas que el Ministerio de Transición Ecológica ve a esta nueva manera de generar electricidad de fuentes renovables, especialmente en países con "escasez de suelo disponible" -en España las placas ocupan alrededor de un 0,56%- y con "ciertas ventajas sobre los sistemas terrestres, como un mejor rendimiento energético gracias a los efectos de enfriamiento del agua y la disminución de polvo" y es de "particular interés" poder agregar esta capacidad solar flotante a centrales hidroeléctricas ya en funcionamiento, en la hibridación de proyectos renovables a la que se dirige el sector.

Quien espera como agua de mayo el decreto es el sector fotovoltaico, que espera que en breve España pueda sumarse a los países que producen energía solar en instalaciones flotantes a gran escala. La única que existe en la Península Ibérica está en Portugal, en el embalse de Alcoçaba. "En España ya hay varios proyectos de flotante en agua", dice el director general de UNEF, José Donoso, que afirma que en las balsas de riego donde ya están instaladas para autoconsumo "evita la evaporación y ayudan a reducir la factura eléctrica".

Para grandes masas de agua, la fotovoltaica flotante tiene "un coste superior", afirma Donoso, que no solo confía en que el Consejo de Ministros apruebe próximamente la ley, sino también que esta tecnología quede dentro del programa de ayudas para proyectos de innovación en renovables con el que Transición Ecológica sustituirá las ya extinguidas ayudas al autoconsumo, con una línea específica.

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