Del estado de alarma a la comisión del CNI: los reveses de la Justicia al Gobierno de Sánchez

El Tribunal Constitucional (TC) declaró recientemente que el parón que sufrió el Congreso de los Diputados a causa de la pandemia fue inconstitucional. Aquella medida se decretó en marzo de 2020 por la Mesa de la Cámara —donde PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría– y ahora ha sido tumbado a instancias de Vox. Se trata de un nuevo revés judicial al Gobierno y a los partidos de la coalición, que ya han visto a los tribunales tumbar el primer estado de alarma y cuestionar decisiones como los indultos. Como bagaje positivo destaca el rechazo del Tribunal Supremo a estudiar los recursos de PP y Vox contra la designación de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado por su "falta de legitimación".

A comienzos de mes, el TC declaró no conforme a la Constitución la suspensión del "cómputo de los plazos reglamentarios" que afectaban a las iniciativas que se encontraban entonces en tramitación, al considerar que se lesionaron los derechos de participación política de los diputados. Los magistrados aprobaron el reproche constitucional por seis votos a favor y cuatro en contra, mientras que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, replicó que solo se suspendió la actividad durante 18 días hábiles y que la Cámara Baja se siguió reuniendo "sin que se produjera la interrupción de su funcionamiento".

Más sonado fue el reproche que el TC hizo al Gobierno por el confinamiento durante la primera ola de Covid. No por la medida en sí, sino por la herramienta utilizada para ello: los jueces pusieron en tela de juicio en julio que el Ejecutivo se valiera del estado de alarma y no del de excepción, más severo pero, en su opinión, más garante de los derechos fundamentales que se suspendieron. El Constitucional también tiene previsto fallar sobre el segundo estado de alarma, decretado en octubre de 2020.

En lo relativo a la gestión del coronavirus, el Gobierno también recibió un varapalo de la Audiencia Nacional en junio de este año, tras aprobar Sanidad en el Consejo Interterritorial un plan que incluía un semáforo de medidas de obligado cumplimiento por parte de las autonomías. Sin embargo, la Comunidad de Madrid las recurrió y la Audiencia Nacional le dio, dejando sin efecto el cierre del interior de los bares y restaurantes y a clausurar por completo del ocio nocturno.

Estas sentencias llegaron después de que el Constitucional pusiese también en duda varios nombramientos hechos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En el Pleno de mayo, el TC tumbó la entrada del exvicepresidente Pablo Iglesias y del ex jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, en el órgano rector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Estos nombramientos fueron aprobados en un Real Decreto-Ley que aprobó el Ejecutivo el 17 de marzo de 2020, tres días después de decretarse el confinamiento, y que incluía medidas extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus. El tribunal argumentó que Sánchez "no justificó la urgencia de la medida" -pues la urgencia es el elemento clave para que pueda aprobarse por decreto-ley- y rechazó que esas inclusiones en el CNI guardasen coherencia con los motivos generales del articulado. La decisión del TC no tuvo efectos prácticos en Iglesias, al estar ya fuera de la política, pero sí en Redondo.

Tampoco tuvo efectos otra sentencia -esta tuvo lugar en julio- que echó por tierra el nombramiento de la periodista Rosa María Mateo como presidenta de Radio y Televisión Española (RTVE), cargo del que fue apartada en marzo tras el acuerdo entre PSOE y PP para renovar la dirección de la televisión pública, que llevaba casi tres años en interinidad. Con el voto de calidad del presidente del Tribunal, Juan José González Rivas, tras un empate, el TC emitió una sentencia en la que, como en el caso de Redondo e Iglesias, criticó la supuesta urgencia del nombramiento. A Mateo se la puso al frente de RTVE tras fracasar la renovación del Consejo de Administración por un error en la votación en el Congreso. Finalmente, estuvo casi tres años al frente de la corporación, con más de 6.400 trabajadores y un presupuesto de 1.100 millones.

También han recibido duras críticas las iniciativas legislativas del Gobierno. Más concretamente, este año el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha cargado en sendos informes contra varios aspectos de la Ley de Memoria Democrática y la de 'solo sí es sí'. Contra el articulado estrella de la ex vicepresidenta primera, Carmen Calvo, el órgano de Gobierno de los jueces dijo dudar de su legalidad a la hora de tipificar como delito penal la exaltación del franquismo –al estar amparada por la libertad de expresión– y cuestionó la imposición de multas a las administraciones públicas que no prohibiesen actos públicos de exaltación de la dictadura, subrayando la necesidad de proteger el derecho de reunión. Finalmente, el sucesor de Calvo al frente del Ministerio de Presidencia, Félix Bolaños, la aprobó una semana después de ser nombrado ministro con algunas modificaciones.

Por unanimidad rechazaron los vocales del CGPJ los puntos clave de la ley del 'solo sí es sí' del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero. Pusieron así en duda cómo estaba redactado -y cómo se pretende cambiar el Código Penal- para establecer el consentimiento expreso y la distinción entre abuso y violación. Este informe, además, provocó una pequeña polémica en el seno del Gobierno. Y es que, al decir Montero que seguiría adelante con el proyecto, Margarita Robles, jurista y ministra de Defensa, le pidió "prudencia".

Otro informe demoledor fue el que realizó el Tribunal Supremo para oponerse a los indultos para los presos del 'procés' que finalmente Sánchez terminó concediendo en junio de este año. El Alto Tribunal, como tribunal sentenciador, se mostró contrario a la medida ante la falta de arrepentimiento de los 12 líderes independentistas y al no concurrir, en su opinión, las razones de justicia, equidad o utilidad pública que podrían justificarlo. Con todo, todavía falta que el Supremo se pronuncie sobre los recursos que presentaron contra la medida el Partido Popular, Vox y Ciudadanos.

En el bagaje positivo del respaldo judicial a medidas tomadas por Sánchez destaca el rechazo del Supremo a los recursos de PP y Vox contra la designación de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. El martes, el Alto Tribunal falló que no prosperasen los recursos por la "falta de legitimación activa" de ambas formaciones para pedir la revocación del nombramiento. Este argumento lo había esgrimido la Abogacía del Estado, consiguiendo finalmente que la Sala no entre a evaluar el fondo de los recursos, que versaban sobre la no apariencia de imparcialidad de la exministra por el poco tiempo que transcurrió entre su cese como ministra y su nuevo nombramiento. El PP dijo entonces que el Ejecutivo pretendía con ese paso "situar al Ministerio Fiscal a su servicio, bajo su dependencia y con plena subordinación".

Entre las cuentas pendientes destacan los recursos del PP ante el Tribunal Constitucional por l la Ley de Eutanasia, aprobada esta legislatura por el Gobierno de coalición, y el ya anunciado recurso contra la futura Ley de Vivienda, que se dio a conocer tan pronto como se avaron sus líneas maestras.

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