Continúa el goteo de recusaciones en el debate del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía. Esta vez ha sido el fiscal general del Estado quien ha solicitado apartar al magistrado José María Macías, que tomó posesión este mes tras ser elegido por el Partido Popular. Macías fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta que el órgano se renovó en el mes de julio. El motivo de la recusación es que el Consejo emitió a comienzos de año un informe sobre la amnistía por encargo del Senado. Por haber firmado este informe -muy crítico con la medida de gracia-, el Ministerio Público no le presume al magistrado la imparcialidad necesaria para deliberar.
José María Macías ha sido muy crítico con la amnistía desde que se anunció la ley, tanto en aquel informe como en múltiples manifestaciones públicas. Pero el motivo de la recusación no es "la emisión de sus opiniones" ni "la relevancia mediática, social o política de sus posiciones". El fiscal general destaca que estos pronunciamientos han generado "en ciertos sectores de la sociedad" una actitud de "activa beligerancia contra la ley". Pero no se centra en estas intervenciones mediáticas.
Al contrario, el Ministerio Fiscal no recusa a Macías por sus opiniones mediáticas sino por su "participación" en la valoración "reiterada, detallada y categórica" de la ley de amnistía por parte del CGPJ. Una actividad de "detallado enjuiciamiento jurídico-constitucional" que se concreta en la aprobación de dos textos publicados por el Pleno del CGPJ durante el ejercicio de Macías.
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