La dualidad que se daba este jueves en la apertura del año judicial, inaugurado por el rey, ha provocado que lo que debe ser un acto solemne acabe convertido en uno de los acontecimientos de este año. Primero, porque después de cinco años y seis meses la cúpula judicial ha acudido a la cita con su órgano de gobierno renovado. Al frente de este, como también del Tribunal Supremo, está Isabel Perelló, que hoy ha pronunciado su primer discurso institucional.
La magistrada, la primera mujer en la historia en presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Alto Tribunal, ha advertido ante Felipe VI de que "ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo aplicar el ordenamiento jurídico", en referencia a los ataques que durante los últimos meses han sufrido por parte de los representantes políticos.
Pero, si bien Perelló parecía erigirse en la gran protagonista de la mañana, el morbo se concentraba en la figura del fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, quien ha presentado la Memoria Anual de la Fiscalía cuando el Supremo está a punto de decidir si lo imputa por revelación de secretos a petición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras la querella del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso.
Así, durante su intervención el fiscal general del Estado ha hecho uso de lo general para referirse, entre líneas, a lo particular. "Antes de adentrarme en el contenido de la memoria, quisiera detenerme en el tema de la información y de la comunicación, por su importancia para la institución y para la sociedad en general", ha comenzado diciendo.
Acto seguido, García Ortiz ha defendido la "importancia de proporcionar información sobre la carrera fiscal" y la "obligación" que el Ministerio Público tiene de dar a conocer "asuntos de interés para garantizar el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir información veraz".
De esta manera, el fiscal general reivindica su modo de actuar en el caso del novio de la presidenta Ayuso. El propio García Ortiz admitió antes del verano que ordenó la difusión de una nota de prensa que narraba con detalle la situación procesal de Alberto González, investigado a su vez por fraude fiscal y falsedad documental. Ello, dijo entonces, para "poner fin a un bulo y amparar a un compañero y extraordinario fiscal [Julián Salto]".
Este comunicado se emitió tras filtrarse unas informaciones según las que la Fiscalía Provincial de Madrid había ofrecido al novio de Isabel Díaz Ayuso un acuerdo económico para librar una eventual pena de prisión. La Fiscalía mantiene que, como rezaba aquella nota de prensa, fue el abogado de Alberto González quien trasladó aquella oferta.
"Es incontestable que el derecho a la información es un elemento nuclear del Estado Social y Democrático de Derecho, siendo solo la información veraz la que promueve culturas cívicas y consolida los valores en los que se asienta nuestro sistema de derechos y libertades", ha defendido este jueves.
En su opinión, "se ha naturalizado en los medios y en la sociedad en general la convivencia con la desinformación", por eso "no sirve de nada" reconocer la responsabilidad que en gran medida tiene la desinformación en la actual polarización social "si no existe un verdadero empeño común en no utilizar esta herramienta a conveniencia de intereses propios".
El "peligro" de las acusaciones populares
Esto, en lo referente a su hipotético caso, que no será real hasta que el Tribunal Supremo así lo decida. Pero García Ortiz también ha jugado con las palabras y sus intenciones para, de manera implícita, referirse a otro caso judicial de plena actualidad: el que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por sus vínculos con el holding Globalia, su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés.
Así, el fiscal general del Estado ha advertido del "peligro" que pueden tener las acusaciones populares porque permite el acceso a los tribunales "sin filtro alguno", lo que "aumenta el riesgo de investigaciones prospectivas" tras las que puede haber un interés "indudablemente perturbador". En el caso de Begoña Gómez, cabe destacar, hay cinco acusaciones populares y todo se inició a partir de una denuncia del autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias.
En su intervención, ha subrayado que "en principio" la acusación popular "es una figura positiva", pero "ocurre que cualquier interés ajeno al fin mismo del proceso tiene acceso a él", un interés "que no tiene por qué ser ilegítimo, pero que mal utilizado puede llegar a serlo".
Por todo ello, ha sostenido que "es necesario hacer una reflexión sobre el ejercicio de la acción popular" y que "solo deberían llegar ante los tribunales aquellas investigaciones en las que concurran poderosos indicios de responsabilidad criminal"
