El Gobierno limita el precio del gas, impone subastas a grandes eléctricas y prohíbe cortar la luz durante 10 meses

El Consejo de Ministros aprobó este martes un amplio paquete de medidas para reducir la factura de la luz y evitar que el alza de los precios en el mercado mayorista impacte en el recibo que pagan las familias. Entre las decisiones del Gobierno, figuran mecanismos para poner un tope al precio del gas, para obligar a las eléctricas a vender parte de la energía que generan a un precio fijo, rebajas fiscales para aminorar la factura, y medidas para mejorar la protección a las familias con menos recursos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, insistió en que este "plan de choque" supondrá una rebaja de la factura del 22%, y que si se suman las medidas ya adoptadas –como la reducción del IVA y otros impuestos–, la bajada del recibo de la luz alcanzará el 30%.

En relación con las familias con rentas bajas, el Gobierno ha aprobado por decreto el suministro mínimo vital, que establece que los consumidores vulnerables disfrutarán de una potencia de 3,5kW –suficiente, en principio, para un hogar medio– durante seis meses una vez agotados los cuatro meses durante los que actualmente están protegidos en caso de impago. Es decir, que en la práctica se extiende la prohibición de cortar la luz de cuatro a diez meses a las familias que cuenten con el bono social eléctrico

En el capítulo impositivo, el impuesto especial a la energía eléctrica baja del 5,1% al 0,5%, como este lunes avanzó el presidente Sánchez en una entrevista en TVE, y se prorroga la suspensión del impuesto sobre la producción eléctrica, que era del 7% y que el Ejecutivo ya dejó sin efecto ante la imparable escalada de los precios en el pool eléctrico. Estas medidas tendrán, por tanto, un impacto inmediato en la factura de la luz.

Las decisiones más novedosas, sin embargo, tienen que ver con los mecanismos de fijación de precios y con la regulación que afecta de forma directa a las eléctricas. Así, y en primer lugar, el Gobierno convocará subastas en las que las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy y Edp) estarán obligadas a participar y a vender un porcentaje de la energía que generan. A esas subastas –que tendrán un precio mínimo para garantizar los costes de producción– concurrirán las pequeñas comercializadoras y las grandes industrias, que podrán adquirir energía más barata que en el actual pool mayorista. En este mecanismo participarán principalmente nucleares e hidroeléctricas, y la primera subasta se convocará antes de finales de año.

En segundo lugar, y de forma temporal –durante los dos próximos trimestres– no se actualizará la tarifa de último recurso del gas de acuerdo con los precios del mercado, es decir, la tarifa regulada del gas que consumen los hogares. Ribera explicó que se espera una subida de más del 28% del gas en el mercado mayorista, mientras que en promedio la tarifa regulada subirá por debajo del 5%.

Además, y también hasta el 31 de marzo de 2022, el Gobierno gravará los beneficios caídos del cielo que tienen las empresas eléctricas por los altos precios del gas. En la práctica, el Ejecutivo establece un tope de 20 euros por megavatio hora para el gas, y cuando escale por encima de ese precio, a los beneficios extra que obtengan las empresas se les cargará un impuesto que se destinará directamente a reducir la factura eléctrica.

Finalmente, y tras el polémico vaciado de los embalses por parte de las eléctricas coincidiendo con los precios máximos en el mercado mayorista, el Gobierno ha decidido fijar caudales máximos que se pueden desembalsar cada mes y niveles mínimos que hay que mantener en los embalses, de modo que se impide que se desembalse una cantidad de agua excesiva. Serán las confederaciones hidrográficas las que fijarán esas cantidades.

En las últimas semanas, el incremento del precio de la luz en el pool mayorista había generado importantes tensiones en el seno de la coalición. El PSOE había apostado hasta ahora por rebajas de impuestos, mientras que Unidas Podemos había planteado, entre otras propuestas, la necesidad de crear una empresa pública y limitar el precio de la energía nuclear e hidroeléctrica, algo que había rechazado la vicepresidenta Ribera con el argumento de que infringiría el derecho de la UE.

A comienzos de septiembre, el presidente Sánchez prometió que las familias pagarán este año un recibo semejante al de 2018, actualizado con la inflación, y este lunes avanzó en una entrevista en TVE que se iba a limitar el precio del gas. Tras su anuncio, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, manifestó que "es la mejor de las noticias" que el PSOE "haya aceptado algunas propuestas" de Podemos para "regular el mercado y bajar la luz". "Frente a las eléctricas que se lucran a costa de un derecho básico, el Gobierno debe proteger a la gente", concluyó.

(Habrá más información)

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.