Los juristas tachan de "surrealista" que el estado de alarma pueda durar más de dos semanas

Ni seis meses, ni cuatro. Tampoco dos. Los juristas tienen claro que el estado de alarma solo se puede declarar durante 15 días e ir prorrogándose en caso de que sea necesario. Así lo asegura Joseca Arnau, profesor de la Universidad Europea de Valencia, que tacha de "surrealista" los plazos de duración que negocian los grupos parlamentarios sobre el nuevo estado de alarma, el cuarto de la historia de la democracia española. Todo ello, aunque se apruebe hoy en el Congreso de los Diputados. "Con la excepcionalidad, se aprueban cosas que aunque no sean legales, se hacen legales", asegura.

Alude en una conversación con 20minutos al artículo 116.2 de la Constitución, que dice que se podrá declarar "por un período máximo de 15 días". También Manuel Sánchez de Diego, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, señala que ese período de dos semanas también se desarolla en la ley orgánica. Además, ambos critican que el Gobierno pretenda "saltarse" el control parlamentario y "congelar" la actividad de la Cámara Baja mientras dure la alarma.

"Entendería que se hablase ya de que se fueran a necesitar varias prórrogas para controlar las fiestas navideñas, pero hablar directamente de seis meses de estado de alarma es surrealista; tiene más que ver con la necesidad de eludir el control parlamentario", sentencia Arnau. Cabe recordar, eso sí, que en el decreto del estado de alarma se establece que "el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparecerá cada 15 días en la comisión del ramo". Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, lo hará cada dos meses en el Congreso.

Con todo, propone como alternativa que, en caso de que el Congreso apruebe esa prórroga, se forme una comisión permanente de control al Ejecutivo para que, de alguna forma, sigan trabajando los diputados, quien representan "más genuinamente que ninguna otra institución a los ciudadanos".

De Diego, por su parte, va más allá para cuestionar que el estado de alarma se haya convertido en el paraguas jurídico para suspender derechos como los de circulación o inviolabilidad del domicilio. "No se puede entrar a un domicilio privado sin orden judicial salvo que se esté cometiendo un delito flagrante,

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