Llevar instituciones fuera de Madrid: un debate que Sánchez retoma sin despejar las dudas sobre la viabilidad del plan

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abría el debate hace unos días con una pregunta al aire: "¿Por qué no pueden estar en otras partes de España muchas de esas instituciones públicas que históricamente han estado en Madrid?". No se trata de un planteamiento nuevo, ya que la posibilidad de distribuir instituciones públicas por todo el territorio se ha puesto encima de la mesa en varias ocasiones durante los últimos años. Pero, en esta ocasión, la idea parece haber generado un cierto debate, aunque existan serias dificultades para que se lleve a cabo.

El Gobierno no ha ofrecido apenas detalles sobre esta propuesta, aunque el lunes pasado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, explicaba que el objetivo de dar pasos en esa dirección es "hacer Estado y sentir Estado hasta el último rincón" de España, y la titular de Hacienda, María Jesús Montero, argumentaba que "España es plural y necesitamos que las instituciones tengan una presencia que supere los niveles de la capital". La descentralización institucional, según el Gobierno, también serviría para afrontar el reto demográfico y hacer de ello una "política de Estado".

La idea apenas ha sido esbozada, pero ya ha generado la oposición frontal del alcalde de Madrid y la presidenta de la Comunidad de Madrid, José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso, respectivamente. Almeida hizo hace unos días hincapié en que Madrid es "la orgullosa capital" y afirmó que "España no se puede entender sin Madrid y tiene que proyectarse al conjunto del territorio", mientras Ayuso ha tachado la propuesta de descentralizar instituciones de "majadería" y "ataque directo a la capital de España".

El PP, además, ha exigido a Sánchez que "concrete" su propuesta y se ha preguntado si descentralizar instituciones supondrá que haya "más Estado en comunidades como Cataluña y País Vasco". Por el contrario, Unidas Podemos ve "natural" descentralizar instituciones en "un país plurinacional" como España, mientras que Más Madrid también apoya el planteamiento, aunque considera que "como medida para combatir el reto demográfico es bastante pobre", en palabras de su líder, Mónica García.

La posibilidad de llevar fuera de Madrid sedes no es nuevo. El antecedente más claro tiene como protagonista al propio Pedro Sánchez, que en 2019 se comprometió con las plataformas Teruel Existe -que meses después consiguió un escaño en el Congreso- y Soria Ya a descentralizar "algunos organismos públicos" como forma de "ayudar a generar dinamismo desde el sector público", tal y como señalaron en un comunicado las propias plataformas después de reunirse con el presidente. Hasta ahora, esa promesa no se ha cumplido.

Quien más lejos llevó la idea fue el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que en 2004 aprobó el traslado a Barcelona de la sede de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Entonces, aquel traslado se planteó como la primera de muchas acciones destinadas a descentralizar instituciones, y el Gobierno de Zapatero aseguró que no sería "la única ni la última" decisión similar. Por su parte, el entonces president de la Generalitat, el socialista Pasqual Maragall, planteó el acuerdo como una prueba de que Cataluña "es Estado, quiere ser considerada como Estado y va a ejercer de Estado".

La decisión, no obstante, fue recurrida por la Comunidad de Madrid argumentando que estaba "basada en simples motivaciones políticas de oportunidad o conveniencia", y también un grupo de trabajadores de la CMT presentaron su propio recurso. En 2006, el Tribunal Supremo falló a su favor por considerar insuficientes algunos de los informes emitidos en el procedimiento de elaboración del decreto con el que el Gobierno aprobó el cambio de sede. Y, en 2013, el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy subsumió la CMT dentro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), creado a modo de macrorregulador, y acabó con su presencia en Barcelona.

No se han llegado a poner en marcha más proyectos de descentralización, aunque el fracaso de la CMT no ha acabado con las propuestas para sacar instituciones y organismos de Madrid. En 2015, por ejemplo, el propio PSOE -en las primeras elecciones a las que Sánchez concurrió como candidato- llevó en su programa a las generales el traslado del Senado a Barcelona. El programa del PSC de las elecciones catalanas de este mismo año recogía la propuesta de llevar a la capital catalana "sedes de instituciones estatales" y convertir Barcelona en "cocapital" de España. Y, hace apenas unos días, el Ayuntamiento de Cádiz ofrecía su ciudad como nueva sede del Tribunal Constitucional.

Lo cierto, sin embargo, es que hoy por hoy las principales instituciones y organismos españoles tienen sus sedes centrales en Madrid y, como mucho, mantienen pequeñas delegaciones en otros puntos de España. Así ocurre con las más obvias, como la Presidencia del Gobierno, las sedes de los 22 ministerios, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, o el Tribunal Constitucional.

Pero Madrid también acoge una miríada de agencias, organismos, centros, empresas e institutos de carácter público de toda índole. De hecho, según revela el análisis del Inventario de entes del sector público del Ministerio de Hacienda, prácticamente cualquier cosa que dependa de la administración central tiene su sede en la capital. En Madrid están el BOE, el CSIC, el CNI, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la mencionada CNMC, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el Consejo Superior de Deportes (CSD), la Jefatura Central de Tráfico, el Instituto Cervantes, Patrimonio Nacional, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) o la Agencia Tributaria.

Incluso instituciones tan poco relacionadas con una ciudad sin litoral como Puertos del Estado se encuentran en Madrid, que también alberga las sedes centrales de las principales empresas públicas españolas: Renfe, Aena, la Agencia EFE, RTVE, Paradores, Correos o Loterías y Apuestas del Estado tienen sus oficinas en la capital. Y a ellas se suman agencias de todo pelaje, como la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios, la Agencia de Seguridad Aérea, la Agencia de Seguridad Ferroviaria, la Agencia de Seguridad Alimentaria o la Oficina Española de Patentes y Marcas.

El grado de centralización contrasta con el de la UE, que tiene muchas de sus principales instituciones radicadas no solo en Bruselas, sino también en Estrasburgo y Luxemburgo. El propio Parlamento Europeo es el principal ejemplo de esta descentralización, ya que tiene tres sedes en estas tres ciudades. Además, el Tribunal de Cuentas de la UE, el Tribunal de Justicia de la UE o el Banco Europeo de Inversiones están únicamente ubicados en Luxemburgo, y el Banco Central Europeo ni siquiera se encuentra en este triángulo de países, sino que su sede central está sita en Fráncfort (Alemania).

La UE también mantiene sedes de múltiples organismos y agencias diseminados por toda Europa. Cinco de ellos, de hecho, están en España: la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (en Bilbao), la Agencia Europea de Control de la Pesca (en Vigo), la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (en Alicante), el Centro de Satélites de la UE (en Torrejón de Ardoz) y Fusion For Energy (en Barcelona).

Por su parte, Liubliana (Eslovenia) alberga la Agencia de Cooperación de Reguladores de Energía; La Valeta (Malta) cobija la sede de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo; en Varsovia (Polonia) se encuentra la sede central de Frontex, la agencia de fronteras europea; el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades está ubicado en Solna (Suecia), Europol se encuentra en La Haya (Países Bajos), la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria tiene sede en Parma (Italia), y así una larga lista.

Hace unos días, la ministra portavoz Rodríguez afirmaba que uno de los objetivos de descentralizar las instituciones es que en todos los territorios de España "haya oportunidades para desarrollar proyectos vitales" y que "familias jóvenes que quieran vivir en medios con menor población puedan tener oportunidades para desarrollarse en el ámbito profesional, y dedicándose también al desempeño de la función pública". Y es que esa podría ser una de las consecuencias más evidentes del traslado de instituciones fuera de Madrid: la creación de empleos directos en otras zonas.

No obstante, a medio y largo plazo, un plan para descentralizar instituciones podría generar nuevos polos de desarrollo en otras comunidades que, a su vez, atraigan inversiones a las que les interese estar cercanas al organismo en cuestión, lo que generaría más empleos. Así lo plantea Juan Laborda, profesor de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), que señala, no obstante, que esa descentralización es "condición necesaria, pero no suficiente" para estimular la economía en la España vaciada.

Laborda afirma que el mapa de comunicaciones español, con las principales autopistas y líneas ferroviarias conectando el resto de España a Madrid, son una buena muestra de cuál es el actual modelo y también una dificultad añadida para generar nuevos polos de desarrollo en otros lugares. Y señala que, con la inversión adecuada en transportes y relajando la concentración de organismos e instituciones en la capital, zonas como la Comunidad Valenciana, Aragón o el País Vasco tienen potencialidad suficiente como para convertirse en centros económicos de primer orden.

No obstante, sacar instituciones y organismos públicos de Madrid también conlleva superar un importante obstáculo: la probable respuesta de los funcionarios y empleados de la administración, con sus vidas y trabajos en la capital. Y, cuantitativamente, se trata de un asunto de primer orden, ya que 150.000 de los casi 515.000 funcionarios que tiene el Estado en toda España -sin contar los de las comunidades y ayuntamientos- trabajan en Madrid.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) afirma que no puede valorar la propuesta porque, hasta el momento, lo que ha planteado el Gobierno es apenas un esbozo de su idea. No obstante, el sindicato sí considera que el rifirrafe entre el Ejecutivo central y el de la Comunidad de Madrid responde a una "polémica estéril" y se enmarca en el "cruce habitual de reproches" entre Gobierno y oposición sin haber todavía "nada concreto". Para el CSIF, el Gobierno debería centrarse en los "problemas reales" de las administraciones públicas y "acabar" con la tasa de reposición de personal.

Por tanto, parece evidente que sería más sencillo que los nuevos organismos que se creen estén fuera de Madrid en lugar de trasladar algunos ya existentes. Y el primero podría ser la futura Agencia de Salud Pública, que como publicó 20minutos tiene todas las opciones para constituir su sede fuera de Madrid y Barcelona. Eso es, al menos, lo que piden los expertos a los que está escuchando el Ministerio de Sanidad, y fuentes del departamento de Darias también reconocen que ese planteamiento está en línea con la hoja de ruta 'descentralizadora' del Gobierno de Sánchez.

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