El plan de recuperación de Sánchez 'hipoteca' a futuros gobiernos: cualquier cambio necesita la aprobación de la UE

Los fondos europeos de recuperación son una apuesta a largo plazo. A España le corresponden 140.000 millones, de los que la mitad, unos 72.000, ya se recogen en la serie de reformas planteadas para el periodo 2021-2023. El plan, diseñado por el Gobierno, ha recibido, sin embargo, duras críticas por parte de la oposición. El presidente del PP, Pablo Casado, acusó a Pedro Sánchez de "no consensuar" las reformas con la oposición, como sí han hecho países como Italia, y le reclamó "someter a votación" el documento en el Congreso. El PP cuestiona parte del contenido del plan, lo que plantea una pregunta clave: ¿Podría un futuro Gobierno cambiar las prioridades de los fondos europeos? ¿Estaría 'hipotecado' por las reformas pactadas por Sánchez con Bruselas?

España, además, no es ni mucho menos el único Estado miembro que celebrará elecciones durante la vigencia del plan. Alemania, por ejemplo, tiene elecciones en septiembre y las encuestas apuntan a un posible liderazgo de los Verdes en el próximo Ejecutivo, por delante de la CDU, que ya no presenta a Angela Merkel. como candidata Francia, por su parte, tiene las presidenciales en 2022, con Marine Le Pen al alza frente a Emmanuel Macron. Italia, por su parte, también tiene previstos lo comicios para 2023, igual que España.

Fuentes de la Comisión Europea señalan a 20minutos que "es posible" modificar elementos del plan "en un momento posterior" siempre y cuando se cuente con "el visto bueno del Consejo" por "mayoría cualificada". Es decir, sería necesario que el 55% de los Estados miembros vota a favor, lo que en la práctica significa 15 de los 27 Estados miembros, o que los países que voten a favor representan al menos el 65% de la población total de la UE. Estas mismas fuentes comunitarias subrayan que lo deseable es que no haya cambios: "Esperamos que los planes sean sólidos y válidos a lo largo del tiempo", aseveran.

Los analistas Federico Steinberg, investigador de Elcano, y Carolina Serrano, de Atrevia Bruselas, señalan, en cualquier caso, que los planes de recuperación no son estancos, por muy a largo plazo que se puedan plantear. Steinberg explica que el plan "no es algo cerrado" porque tanto la Comisión como los Estados miembros, "están aprendiendo sobre la marcha". Pero sí hay una atadura: "Hay que cumplir con las reformas estructurales", que en el caso de España tienen que ver con la reducción del déficit y de la deuda o con la elevada tasa de paro. "Existe cierto margen de maniobra para introducir cambios, pero no se puede cambiar la dirección del plan", sentencia el analista.

En este sentido, Serrano sostiene que el Gobierno no puede dar giros bruscos. "Si hay una reforma que ya se está implementando y funciona no se podrá tocar" y recuerda que la Comisión "hará revisiones constantes" a las medidas que se planteen. El experto recuerda, eso sí, que "en general" los planes son "bastante genéricos", precisamente "para ir incluyendo matices".

Ambos coinciden en que es "complicado" pensar a largo plazo. "No sabemos si los hitos van a ir cambiando o cómo estará el país dentro de dos años, si habrá recuperado más rápido o no", advierte Steinberg, idea a la que Serrano se suma, alegando que es "muy complicado" plantear un plan "a cinco años vista".

Con todo, en el plan el 39,12% de la financiación se destinará a la transición ecológica, el 29% a la transformación digital, el 10,5% a educación y formación y un 7% para I+D+i, según especificó el presidente Pedro Sánchez y se especifica en el documento remitido a Bruselas.

En el desglose de las inversiones, la rama que más dinero recibirá será la modernización y digitalización del tejido empresarial y las pyme y recuperación del turismo, que tendrá 16.075 millones de euros. Le sigue la agenda urbana y rural, contra la despoblación y desarrollo de la agricultura, que recibirá un total de 14.407 millones.

Tal como marca el reglamento de la Comisión Europea, los desembolsos de las ayudas se darán cada seis meses, siempre y cuando se cumpla con los hitos pactados entre Bruselas y Moncloa. Además, las reformas tendrán que contar con el visto bueno del resto de socios, que pueden bloquear la llegada de fondos a algún país a través del llamado freno de emergencia si se considera que no cumple con lo recogido en el plan.

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