Los policías, contra la derogación de la 'ley mordaza': "Nuestra palabra tendrá el mismo peso que la de un terrorista"

Era uno de los puntos firmados en el acuerdo programático que dio a luz al Gobierno de coalición, pero no por esperada la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el PP en 2015, conocida como 'ley mordaza', será 'pacífica'. El acelerón de PSOE y Unidas Podemos para rebajar la norma, que incluso llegó a ser impugnada ante el Constitucional por los socialistas -aunque recibió el aval del Alto Tribunal- ha puesto en guardia a los sindicatos policiales, que han criticado los cambios propuestos y han anunciado, de momento, dos movilizaciones el 24 y el 27 de este mes.

"Es un ataque frontal a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la eliminación por completo del principio de autoridad que debe regir en los cuerpos policiales de cualquier estado democrático”, asegura Aitor Rivero, secretario general de Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía. Fue él quien se reunió con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el jueves para trasladarle la inquietud que se palpa en las filas policiales. Según cuenta en conversación con 20Minutos, Marlaska les trasladó que no les iba "a dejar vendidos" y que no iba a "afectar" su manera de trabajar, algo que Rivero rechaza. A preguntas de este medio, fuentes del Ministerio rechazaron hacer declaraciones al respecto.

El próximo encuentro que tendrá el ministro dentro de la ronda de contactos que está llevando a cabo para calmar los ánimos del cuerpo será el próximo día 15. Esa jornada recibirá al otro gran sindicato policial, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), desde el que también critican con dureza el nuevo texto. Carlos Morales, portavoz nacional del sindicato, asegura que "crea inseguridad jurídica" y que "puede llegar a perjudicar la operatividad policial", además de "agravar el desamparo institucional" que, a su juicio, viene viviendo el cuerpo en los últimos meses.

Uno de los puntos pactados en el Ejecutivo de coalición más polémicos es la limitación –salvo excepciones muy tasadas– a dos horas del tiempo del que dispondrá la Policía para las identificaciones en comisaría, siendo seis el máximo actual. Morales declara que, pese a que ahora en las identificaciones ya se tarda "el mínimo indispensable" y no suelen superar la media hora, el nuevo límite presiona a los agentes, y critica que el PSOE y UP no hayan "valorado" la "falta de personal" que sufren las comisarías "ni la carga de trabajo". Además, el nuevo articulado también fija que, una vez realizado el trámite, los agentes deban llevar de nuevo a la persona al sitio de donde se la llevaron. "La Policía está para atender al ciudadano, pero existen otros colectivos que se dedican al transporte de viajeros. No somos taxis", resume Rivero.

Otra de las novedades que pretenden aprobar los socios de Gobierno cambiará la forma de proceder de las manifestaciones, pues algunas de ellas ya no tendrán que ser comunicadas a las delegaciones del gobierno. Solo deberán comunicarse las protestas "previsibles", como las del 1 de mayo. En ese caso, la no comunicación sí acarreará sanción. En cambio, podrán no notificarse aquellas "que se celebren por imprevistos que provoquen su inmediatez", como la que sacó a la calle a miles de mujeres tras la sentencia a La Manada.

Para Morales y Rivero esto supondrá un cambio drástico en la forma de trabajar de la Policía y, también, que se ponga "en peligro" la integridad de los manifestantes y de los agentes. Explican que, al no tener comunicación previa, será más difícil preparar los dispositivos. "Nos están dejando vendidos. Pretenden proteger al manifestante, pero están poniendo en juicio la actuación policial", sentencia el secretario general de Jupol.

En esas manifestaciones, los antidisturbios no podrán emplear pelotas de goma, una herramienta de dispersión que ha sido fuertemente criticada por colectivos sociales y defendida por los policías. Su eliminación puede provocar, según Rivero, que los agentes entren en el "cuerpo a cuerpo" con el manifestante, lo que es "peligroso para ambos". Morales eleva aún más la crítica, al señalar que con la desaparición de las pelotas de goma la Policía "pierde poder disuasorio" porque dice, además, que no hay ningún material que pueda sustituirlas. "¿Qué pasará cuando nos lancen adoquines?", se pregunta.

Con la reforma de la 'ley mordaza', el Gobierno prevé rebajar la presunción de veracidad de las actas policiales. En el artículo 19 del texto actual se expone que el acta policial "gozará de presunción de veracidad de los hechos en ella consignados, salvo prueba en contrario". Pero la reforma matizará que esa presunción de veracidad deberá ser "coherente, lógica y razonable". "Va a tener el mismo peso nuestra palabra [la de los policías] que la de un terrorista", denuncia el portavoz del SUP. Rivero, por su parte, asegura que "ningún policía" se "inventa" un atestado policial y defiende que el matiz provoca "que se ponga en duda la actuación policial, aumentando la inseguridad de los agentes".

Tampoco están de acuerdo ambos en que la cuantía de las sanciones pase a depender del nivel de renta, ya que quien ingrese menos de 1.447 euros brutos al mes en 14 pagas solo pagará la mitad de la sanción. Para Morales, esta norma "es discriminatoria" y no cumple "el principio de igualdad". Rivero asegura que "no tiene lógica" ,ya que el hecho sancionable "es el mismo", lo cometa quien lo cometa. "Si lo trasladamos al ámbito del tráfico, lo que pagas por saltarte un semáforo no debe depender de la renta porque la infracción es la misma", añade.

Ante el auge de las manifestaciones y del uso de las redes sociales por parte de los participantes, la ley del 2015 introdujo la prohibición de difundir grabaciones "que pudieran poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes". Esta limitación la llegó a impugnar Amnistía Internacional, cuando aseguró que "captar imágenes de periodistas ha ayudado a difundir información sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía". Es por ello que PSOE y UP la eliminarán del articulado, una acción que puede conllevar, según Rivero, que "en ciertas autonomías" se ponga en peligro a los agentes "al poderse difundir impunemente esas imágenes".

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