El principio del fin de la mascarilla: de no ser necesaria porque no había, a vivir como japoneses... y liberarnos este 26J

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes que a partir del 26 de junio dejará ser obligatorio llevar mascarillas en espacios exteriores. Esta es la fecha del inicio de 'liberación' de uno de los complementos que más nos han acompañado durante la pandemia. Se trata del principio de su fin, porque por ahora sólo será en espacios abiertos. Se desconoce si habrá algún condicionante más como una distancia mínima de seguridad o habrá que ponérsela en espacios muy concurridos, como sucede en Bélgica. En todo caso, el levantamiento de esta obligación se producirá exactamente un año después de que el 25 de junio de 2020 el Congreso convalidara el decreto de 'nueva normalidad' que imponía multas de hasta 100 euros por no llevarlas.

Sin embargo, las mascarillas ya nos acompañaban desde mucho antes y la evolución de los distintos factores que tienen que ver con ella lo son también de la propia emergencia sanitaria por la Covid, de los bandazos que ha dado el Gobierno e incluso de la actitud hacia ellas de los ciudadanos.

Las mascarillas se convirtieron, allá por marzo de 2020, en una extraña señal de que las cosas no iban bien. A medida que crecían los contagios, que otros países empezaban a decretar cierres y confinamientos y antes de que aquí se decretara el primer estado de alarma, empezaron a aparecer tímidamente en el metro de las grandes ciudades. Eran una rareza, porque la instrucción oficial era que no hacía falta.

Este es uno de los grandes patinazos que se le recordarán al director del CCAES, Fernando Simón, que en febrero de 2020 aseguró que "no tenía ningún sentido" que personas sanas las llevaran. En los primeros meses de la pandemia, las autoridades sanitarias insistieron en este mensaje, de que el uso 'injustificado' de las mascarillas hacía que quienes las necesitaban, como enfermos o sanitarios, no tuvieran suficientes.

Lo que en realidad ocurría era un critico desabastecimiento de artículos sanitarios, como mascarillas, equipos de protección individual (EPIs) o equipamiento para cuidados intensivos como respiradores para las UCIs.

En este contexto, la industria española tuvo que hacer de la necesidad virtud. Desde las grandes fábricas de automóviles que se pusieron a producir respiradores, a empresas de perfumería que se pasaron a la elaboración de gel hidroalcohólico hasta grandes y pequeños talleres textiles que cambiaron su modelo de negocio para fabricar día y noche mascarillas.

Así, a finales de la primavera de 2020, a medida que empezábamos a poder salir de casa, las mascarillas fueron estando cada vez más disponibles. Primero en farmacias y con un límite de compra para evitar especular con ellas. Meses después llegaron a los supermercados.

Fue entonces, cuando se aseguró que todo el mundo podría llevarla, cuando el Gobierno recomendó por primera vez el uso generalizado de mascarillas. Corría abril de 2020 y el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció la recomendación de llevar mascarillas higiénicas, después de que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades hiciera los propio.

En paralelo, por aquellos días el doctor Simón apuntaló que había que ir pensando en llevar mascarilla al apuntar que deberíamos empezar a pensar en cambiar nuestros hábitos de vida. "Hay que aprender a relacionarse a la japonesa", dijo, sobre una sociedad donde no existe apenas el contacto físico y que hasta antes de la Covid era de los pocos sitios donde llevar mascarillas era normal.

“Cuando vayas a un centro médico, por ejemplo, o sitios donde haya más prevalencia o probabilidad de contagio, igual tenemos que llevar para siempre mascarilla y no nos parecerá raro. Ni incluso a los niños, que la están llevando y se están acostumbrando”, decía Illa el pasado mes de diciembre.

En un contexto de carestía, el 'hazlo tú mismo' se impuso con respecto a las mascarillas. La costumización de las mascarilla se fue convirtiendo en una realidad a medida que avanzaba la primavera, llegaba el verano y este complemento se asentaba en nuestras vidas. Hechas en casa, en grupos de costura o como parte de colecciones textiles, las unificadoras mascarillas azul celeste dieron paso a otras de tela y estampadas con los colores del verano e incluso hechas de ganchillo. Más tarde le seguirían distintos prototipos para permitir leer los labios, una ayuda especialmente necesaria para las personas sordas.

Las advertencias sobre su seguridad no tardaron. En abril de 2020, las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de EEUU advirtieron a la Casa Blanca que no se podía evaluar el grado de seguridad de las mascarillas caseras. En junio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) también tuvo que alertar de que, para ser seguras, las mascarillas tenían que tener por lo menos tres capas.

La instrucción se hizo mucho más expedita unas semanas después, cuando el Consejo de Ministros aprobó el decreto que iba a regir la 'nueva normalidad' una vez levantado el primer estado de alarma y terminada la desescalada. Tres meses después de que estipular que la mascarilla no servía para nada en personas sanas, el Gobierno imponía el uso obligado siempre que no se pudiera mantener una distancia de 1,5 metros y multas de hasta 100 euros para quien fuera por la calle sin ella. Entró en vigor el 10 de junio de 2020 y el 25 de ese mes fue convalidada por el Congreso. Esta orden se revocará en parte el 26 de junio, justo un año después, cuando se permita ir sin ella en el exterior.

Tras meses de pandemia, en junio del año pasado los ciudadanos ya estaban familiarizados con los distintos tipos de mascarillas que existen: las de válvula, orientadas a enfermos y sanitarios principalmente, las FFP2 que ofrecen más protección o las "quirúrgicas", las más básicas y las que el Gobierno quería que utilizaran los ciudadanos en mayor medida. Para ello, el doctor Simón no dudó en calificar de mascarillas "egoístas" las FFP2 y FFP3 con válvula, porque filtran muy bien el aire desde el exterior pero no a la inversa, las exhalaciones de quien las lleva hacia fuera. "Yo me protejo y los demás me preocupan poco. Protegen también de infectar a otros, pero no tanto como las quirúrgicas", dijo Simón.

Un mes después, cuando ya en julio llegaron los primeros grandes brotes y empezó a temerse la segunda ola que se asentaría antes de terminar el verano, las comunidades empezaron a tomar decisiones para ser más estrictos en el uso de mascarillas, particularmente para eliminar la distancia social de 1,5 metros que libraba de tener que llevarla puesta. Cataluña y Baleares fueron las primeras en decidir que fuera obligatoria en todas las circunstancias, y les siguieron las demás.

No fue el único desplante del Gobierno a un tipo de mascarillas y, con ellas, a los ciudadanos. Para noviembre del año pasado, las mascarillas se habían hecho ya un lugar en la cesta de la compra, con un coste nada despreciable para las familias. Empezaron las reclamaciones para bajar su precio, que el Gobierno intentó, sin éxito, paliar en un primer momento reduciendo el precio máximo de 0,96 a 0,72 euros por unidad de mascarilla quirúrgica -que actualmente se encuentran por 0,15 euros-. Aunque se resistió, tuvo que rebajar del 21 al 4% el IVA de este tipo de mascarillas, algo que rechazó en un primer momento bajo el pretexto de que no lo permitía la Comisión Europea. Esto era verdad solo en parte porque hacía semanas que el Gobierno tenia garantías por parte del Ejecutivo comunitario de que no expedientaría a ningún país de la UE por saltarse la regulación del IVA y bajarlo en productos sanitarios.

Finalmente, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dio su brazo a torcer y bajó el impuesto a las mascarillas desechables. Pero no a las FFP2 sin válvula, el otro tipo más utilizado -y que no entraba en la categoría de "egoístas" del doctor Simón- porque, dijo, no eran "obligatorias".

La lentitud del proceso legislativo provocó el pasado mes de abril una situación surrealista: el final de la tramitación parlamentaria del decreto de 'nueva normalidad', aprobado casi un año antes incluía una enmienda -del PSOE- que hacía más estricto el uso de mascarillas, una vez superada la tercera ola, iniciado el proceso de vacunación y meses después de que los gobiernos regionales adaptaran y relajaran la ley para permitir no llevar mascarillas en lugares como las playas. De un plumazo, el trámite que terminó en el Senado obligaba a tomar el sol con mascarilla, para perplejidad de ciudadanos y autoridades políticas. La solución llegó poco después de la mano del Consejo Interterritorial de Sanidad, que acordó modificar la ley para que solo fuera obligatoria para pasear por la playa, pero no sobre la toalla o para bañarse.

Esa fue el último de los avatares relacionados con las mascarillas hasta que Sánchez ha dado la fecha del 26 de junio como el día a partir del cual ya no será obligatorio llevarla en el exterior. Es la gran medida esperada desde hace semanas que inaugura la nueva y se espera que final desescalada, la que proporciona el proceso de vacunación y el descenso de contagios, hospitalizaciones y muertes que auguran el fin de la pandemia.

Todavía se desconoce si habrá 'letra pequeña' y para no llevar mascarilla en espacios abiertos habrá que guardar una distancia de seguridad, si nos podremos juntar con cualquier persona o solo con convivientes o en grupos de vacunados o si en lugares que estén especialmente concurridos habrá que ponérsela, aunque estén al aire libre. Son factores que han pedido partidos políticos como Ciudadanos, han planteado algunos gobiernos autonómicos o son medidas que se han impuesto en otros países, como Bélgica, Francia o Alemania, que nos han llevado la delantera en la UE.

Los responsables políticos afrontan el fin de las mascarillas en el exterior con distintas actitudes. La Comunidad Valenciana y Cataluña llevaban semanas a la cabeza de quienes pedían ya la medida que entrará en vigor el 26 de junio, el "a finales de junio" que apuntó también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.

Otras comunidades son más cautas. Este mismo viernes, el consejero de Sanidad de Asturias, Pablo Fernández, decía "no tener prisa" y este jueves, su homólogo andaluz, Jesús Aguirre, retrasaba el momento hasta julio o incluso agosto. La Comunidad de Madrid apostaba por que las mascarillas siguieran siendo obligatorias también en exteriores hasta que no se alcanzara una cobertura de vacunación del 50%. No es solo una cuestión regional. Dentro del Gobierno central, en el Ministerio de Sanidad, esta medida se contempla con mucha cautela y como una verdadera prueba de fuego: existe el temor de que, con permiso para no llevarla fuera no nos la pongamos ya en ninguna circunstancia y que esto afecte a la caída de los contagios, sobre todo entre la población más joven, que aún no está vacunada.

Los ciudadanos también parecen divididos entre el alivio y la sensación de que quizá es demasiado pronto. Con 177 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, Andalucía es la comunidad con mayor incidencia acumulada y la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) acaba de publicar un nuevo estudio que muestra que más de la mitad de los andaluces (55,1%) considera que la mascarilla debe seguir siendo obligatoria en cualquier lugar o que el 26,1% está esperando a vacunarse para irse de vacaciones

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