Redondo denuncia las políticas locales que ponen "en tela de juicio" la violencia machista: "No vamos a permitir retrocesos"

El desmantelamiento de las concejalías y consejerías de Igualdad, la eliminación de ayudas a víctimas de violencia de género o de los planes de empleo, la celebración de "charlas negacionistas" y cursos de cocina para mujeres o el veto a actos de reconocimiento a entidades feministas. Son algunos de los ejemplos enumerados por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que este lunes ha denunciado las decisiones de algunas comunidades autónomas y ayuntamientos del PP y Vox que, ha señalado, ponen en "tela de juicio" la violencia machista.

"No vamos a permitir retrocesos, y cuando se intenten o se produzcan, vamos a denunciarlo como hemos hecho hasta la fecha", ha subrayado Redondo durante su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en el Senado. La titular de Igualdad ha expresado su "gran preocupación" por las "decisiones políticas y acciones que se están desarrollando en autonomías y ayuntamientos durante el último año y que ponen en tela de juicio los avances en igualdad que la sociedad española ha impulsado en los últimos 20 años".

Redondo ha señalado algunos ejemplos en ese sentido, como la eliminación de beneficios de las mujeres víctimas de violencia de género ene los planes de empleo del Ayuntamiento de Valencia; la eliminación del minuto de silencio en La Solana, Ciudad Real; la retirada de los Puntos Violeta en las fiestas patronales de Las Rozas; la retirada de los rótulos contra la violencia de género en Sant Josep (Ibiza); la celebración de charlas negacionistas en el consistorio de Segovia; o la negativa del Parlamento de La Rioja a desarrollar la ley de igualdad.

Acciones que, ha advertido la ministra de Igualdad, aunque "pueden parecer anecdóticas", son preocupantes, pues sostiene que la violencia de género pervive "porque se encuentra en la raíz de nuestros patrones culturales".

Renovar el Pacto de Estado

Por ello, para Redondo es crucial renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que suscribieron en 2017 todos los grupos parlamentarios; para adaptarlos a la realidad actual —incluyendo otras violencias, como la vicaria o la que se ejerce en el entorno digital—, y apuntalar el compromiso en la lucha contra estos crímenes. Con ese cometido hay precisamente desde finales de abril una subcomisión en el Congreso de los Diputados, creada con el único rechazo de Vox, a quien Redondo ha instado a que "se dignen a recapacitar" y apoyen los trabajos de actualización del Pacto.

"Ante quienes niegan la violencia machista, el conjunto de la sociedad debe poder percibir que por encima del ruido se mantiene la unidad de la inmensa mayoría de la ciudadanía para hacer frente a este gran problema. Las víctimas deben saber que no están solas y que sus problemas son los nuestros. Que su sufrimiento nos interpela y atañe a la mayoría", ha defendido en la Cámara alta.

En ese marco, Redondo ha avanzado que su departamento pretende ampliar en 20 millones los fondos destinados al Pacto de Estado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025: de los 140 millones de 2024 a unos 160 para el año que viene. Un incremento que, según ha recordado, iría en línea con la tendencia creciente de las partidas destinadas a actuaciones relacionadas con la violencia machista, y que en los últimos dos años ya se ha incrementado en 40 millones de euros. "Debemos seguir reforzando el presupuesto destinado específicamente a erradicar esta violencia", ha reivindicado la ministra.

Además, Redondo ha explicado también que un equipo del Ministerio de Igualdad está trabajando para hacer "seguimiento del gasto de los fondos" para asegurarse de que "se utilizan para lo que el Pacto de Estado establece y no para otras cosas". Así, la ministra de Igualdad, reconociendo la "dificultad" de los ayuntamientos pequeños para poner en marcha proyectos adecuados, ha avanzado que antes de que finalice este año, su departamento va a intentar elaborar una guía de buenas prácticas y de actividades en las que el Pacto de Estado "debe ser eficaz".

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