El denominado Plan de Acción Democrática anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en abril tras tomarse unos días de reflexión por la judicialización del caso que afecta a su mujer, Begoña Gómez, va tomando forma, aunque todavía con muchos flecos sin concretar. El plan 'antibulos' esbozado por el Ejecutivo otorga un papel destacado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que será la encargada de elaborar un "registro" de medios de comunicación. El ente cuenta con un consejo en el que la mitad de los miembros tienen el mandato caducado y está pendiente de PSOE y PP para su renovación.
"El registro será elaborado y tutorizado por un organismo independiente. Hemos decidido que sea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia", anunciaba este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, el mismo que reconocía que el organismo tendrá que ser "reformado" para para poder desarrollar esta nueva función.
La CNMC es un organismo regulador independiente encargado de promover y preservar el correcto funcionamiento de los mercados. En concreto, vela por garantizar la transparencia y la competencia efectiva en beneficio de consumidores y empresas, bajo la lógica de que a mayor competencia, mayor variedad de oferta, mejor calidad y menor precio encontrarán los compradores y mayor igualdad de oportunidades habrá para los operadores.
Este ente fue creado en 2013 al fusionarse seis organismos: la Comisión Nacional de la Competencia, la de la Energía, la de las Telecomunicaciones, la del Sector Postal, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y el Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria. De este modo, la CNMC actúa sobre estos seis ámbitos, supervisando el comportamiento de las empresas y la aplicación de las normas, autorizando fusiones, dictando recomendaciones e investigando y sancionando prácticas anticompetitivas, como puede ser que varias compañías se pongan de acuerdo para fijar precios. En el ámbito audiovisual, por ejemplo, vigila que RTVE cumpla con su misión de servicio público.
Se trata de un organismo adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos, aunque funciona de forma independiente. No obstante, el nombramiento de su cúpula corresponde al poder ejecutivo y al legislativo. Junto a su presidente -desde hace cuatro años ocupa el cargo la jurista Cani Fernández Vicién, letrada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea entre 1994 y 1997 y asesora del Gabinete de la Presidencia del Gobierno en 2020-, el órgano de decisión del ente es su Consejo, integrado por diez miembros de los cuales actualmente cinco tienen el mandato caducado desde 2023.
Medio Consejo caducado
En concreto, está pendiente el nombramiento de un vicepresidente -vacante desde el fallecimiento de Ángel Torres hace un año- y de cuatro consejeros, que deberían relevar a María Ortiz, Pilar Canedo, Bernardo Lorenzo y Xabier Ormaetxea Garai. El mandato del resto de miembros termina en junio de 2026.
Los miembros del Consejo de la CNMC son nombrados por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional. La designación -por un mandato de seis años- debe contar con el visto bueno de la Comisión Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados, que examina su idoneidad y la eventual existencia de conflictos de interés.
El pacto entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) alcanzado en junio de este año después de un lustro de bloqueo abrió la posibilidad de que ambas formaciones negociaran el relevo pendiente en otros organismo como la CNMC. Sin embargo, ese puente de entendimiento parece haber saltado por los aires con el nombramiento del exministro José Luis Escrivá como nuevo gobernador del Banco de España sin el beneplácito de los populares.
La renovación de la mitad de su Consejo no es la única incógnita en el horizonte de la CNMC. El Gobierno también trabaja en desgajar del organismo el mercado energético y recuperar así la Comisión Nacional de Energía (CNE) como ente separado. El Ejecutivo comenzó la tramitación de la norma por la que se creará la nueva CNE en febrero, aunque todavía no ha dado luz verde al proyecto de ley que luego tendrá que remitir al Congreso para su aprobación definitiva, si consigue recabar suficientes apoyos.
Una nueva tarea
A todo esto se suma ahora que la CNMV será la encargada de crear el registro de medios previsto en el plan 'antibulos' del Gobierno. El objetivo del Ejecutivo es "garantizar una mayor transparencia e independencia en los medios". Para ello, entre otras medidas, pretenden en primer lugar "definir" qué es un medio de comunicación. "Hay que establecer criterios que definan qué es un medio de comunicación frente a otras plataformas cuya finalidad no es informar. Para ello, se creará un registro de medios", explicaba este martes Urtasun.
Por el momento, es poco lo que se sabe de esta iniciativa. Solo que en el registro deberán figurar todos los medios de comunicación, así como la "información pública" sobre su propiedad y su inversión publicitaria. Preguntado en rueda de prensa por cómo se delimitará qué es y qué no un medio de comunicación, el portavoz se limitó a señalar que los criterios que lo definirán serán fruto del trabajo con expertos, con el propio sector de la comunicación y con los grupos parlamentarios.
