Los retos de España ante la Agenda 2030

El 25 de septiembre de 2015, los 193 Estados de las Naciones Unidas (ONU) aprobaron un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, con el fin de construir un mundo más pacífico y justo. Era la Agenda 2030, un documento que plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a alcanzar en los 15 años posteriores a la firma. Ahora, el Gobierno español ha decidido hacer suyos estos propósitos económicos, ambientales y sociales, y esforzarse en alcanzarlos para convertir al país en un referente en su cumplimiento.

Para lograrlo, el nuevo Ejecutivo ha otorgado mayor visibilidad a esta estrategia de la ONU y la ha incluido en el nombre de la vicepresidencia de Pablo Iglesias. Asimismo, le ha dedicado una Secretaría de Estado, encabezada por Ione Belarra. Esto permitirá que la Agenda 2030 disponga de presupuesto propio, potestad ejecutiva y un equipo de técnicos que analice la situación de España respecto a los ODS e identifique los retos. El primer paso: diseñar la Estrategia de Desarrollo Sostenible.

Antes de esta Secretaría de Estado, el Gobierno de Pedro Sánchez creó en 2018 un Alto Comisionado para la Agenda 2030, que dependía de Presidencia y contaba con unas atribuciones más limitadas. "En España se empezó muy tarde" a abordar el compromiso de Naciones Unidas con los ODS, considera Arantza Acha, directora de Unesco Etxea, asociación sin ánimo de lucro para promocionar en el ámbito vasco los principios y programas de este organismo de la ONU.

"Como Secretaría de Estado tiene mayor capacidad de tracción y de transformación, más mandato. El mecanismo es más fuerte y más potente, podrá influir más en otros ministerios", añade sobre este salto de nivel, al tiempo que resalta la transversalidad de la Agenda entre departamentos.

"He visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país (…) Los campamentos para inmigrantes del sur de Huelva tienen condiciones mucho peores que los de refugiados”. Estas palabras del relator de la ONU Philip Alston sacaron los colores al país hace poco más de dos semanas cuando concluyó su visita en territorio nacional y reflejó en su informe la existencia de una "pobreza generalizada".

Puesto en cifras: en 2018 el 26,1% de la población en España y el 29,5% de los niños se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social, según el último informe al respecto del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por ese motivo, la erradicación de la pobreza -en especial la infantil- constituye una de las prioridades del Gobierno dentro de la Agenda 2030. En este marco, el Congreso avaló en febrero la subida de las pensiones y Pablo Iglesias anunció su intención de poner en marcha un "ingreso mínimo vital".

Esta pobreza que castiga a algunos sectores de la población española camina de la mano de otro de los grandes problemas abordados por la Agenda 2030: la desigualdad. La disparidad en los ingresos y en el acceso a determinados servicios y ciertos bienes productivos provocan una profunda y persistente brecha en la sociedad.

La reducción de la desigualdad es, según la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (RSDS), uno de los grandes retos que debe afrontar España dentro de los ODS y presenta todavía "desafíos significativos" que el Ejecutivo recién formado quiere encarar y atajar.

A agravar esta desigualdad contribuyeron las "políticas de austeridad y recortes aplicadas durante la crisis y posteriormente, que hicieron más vulnerables a quienes ya lo eran", explica Acha.

El trabajo digno y el crecimiento económico representan otro de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y, por tanto, uno de los compromisos suscritos por la Asamblea General de la ONU hace cinco años. Sin embargo, la creación de empleos de calidad sigue suponiendo un gran desafío para casi todos los países.

España no escapa a esta realidad y la oferta de puestos de trabajo con condiciones dignas supone, según el último informe de la RSDS, un reto sustancial dentro de los ODS. Para afrontarlo, el Gobierno ha apostado en los últimos años por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que ha pasado de 736 euros en 2018 a 950 en 2020.

De hecho, la subida del salario mínimo fue una de las primeras medidas que puso en marcha el Ejecutivo de coalición, que apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado el 5 de febrero. En este sentido, el documento de la RSDS apunta que, de seguir en la línea actual, España alcanzará en 2030 el objetivo marcado en la Agenda en este ámbito.. En este sentido, el documento de la RSDS apunta que, de seguir en la línea actual, España alcanzará en 2030 el objetivo marcado en este ámbito.

Brecha salarial, techo de cristal, problemas de conciliación… Son conceptos que en España lastran de modo casiinevitable la vida laboral de las mujeres, lo que les ocasiona dificultades de acceso al mercado de trabajo.

En España, el salario medio de ellos asciende a 26.391 euros al año, según el INE; el de ellas se queda en 20.607. Esto supone una diferencia del 21,92%. Si bien esta cifra varía de un modo considerable en función del tipo de trabajo y la franja de edad, UGT ha estimado que las mujeres dejan de percibir anualmente 43.500 millones menos que los varones, lo que representa un 4% del PIB de cada ejercicio.

El sindicato de Pepe Álvarez ha plasmado estos datos en un informe presentado recientemente con motivo del Día Internacional de la Igualdad Salarial, el 22 de febrero. Con él han aprovechado para reclamar una “legislación urgente contra la discriminación salarial de las mujeres”. Por su parte, el Gobierno ha trabajado en este objetivo de la Agenda 2030 con medidas como la equiparación de la baja por paternidad a la de maternidad o la creación de un Ministerio de Igualdad.

El pasado 6 de febrero, un termómetro en la base antártica argentina de Esperanza alcanzó una temperatura de 18,4 grados. Tres días después, la isla Seymour –en la costa del continente helado- alcanzó los 20,75. “El cambio climático afecta a todos los países, donde provoca un impacto negativo en la economía, la vida de las personas y las comunidades y, en un futuro, se prevé que las consecuencias serán peores”, dice la ONU. España no es una excepción.

De acuerdo con el último informe de la RSDS, la crisis climática es uno de los tres objetivos de desarrollo sostenible en los que España se encuentra más retrasada, y las previsiones no auguran mejoras con el tiempo, sino un estancamiento.

"Estamos en una fase muy preliminar. En políticas energéticas, parece que hay voluntad de dar un giro, con la creación del Ministerio de Transición Ecológica en la legislatura pasada, que es ahora Vicepresidencia. Pueden ir en la buena dirección, pero son cuestiones muy incipientes para ver resultados ya", señala Jorge Gutiérrez, profesor de la Universidad del País Vasco.

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Ese es el undécimo de los ODS de la Agenda 2030 y en él deberá trabajar España en esta década para alcanzar los propósitos fijados. Por ello, el actual Ejecutivo pretende priorizar las políticas de vivienda, diseñadas en línea con el plan de acción de Naciones Unidas, que marca como meta garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a domicilios y servicios básicos "adecuados, seguros y asequibles".

En este ámbito las ciudades afrontan también el gran desafío de la recogida y gestión de residuos, estrechamente relacionadas con el mejor aprovechamiento de los recursos, la contaminación yla pobreza.

Un programa exitoso de desarrollo sostenible requiere alianzas entre Gobiernos, sector privado y sociedad civil, según recoge el último de los ODS. Así lo entienden también tanto el nuevo Ejecutivo, que mantendrá reuniones con todos ellos para avanzar en la Agenda 2030, como los expertos en la materia.

En esta línea se pronuncia Gutiérrez, que destaca que es necesario adaptar los objetivos también a nivel autonómico y municipal, y pone de ejemplo comunidades que ya lo están haciendo, como Euskadi, La Rioja, Navarra o Canarias. También Acha insiste en la necesidad de colaborar a distintos niveles e incide en lo preciso de hacerlo en el ámbito europeo. "Construir el mejor futuro posible es responsabilidad de todos", recalca.

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