El sector de la hostelería pide una rectificación del Gobierno y amenaza con no abrir los bares y restaurantes

El plan de desescalada planteado por el Gobierno no termina de convencer a diversos sectores. Uno de ellos, el de la hostelería, ha sido sacudido fuertemente por la crisis del coronavirus y no está dispuesto a volver al trabajo en las condiciones que se plantean, principalmente porque no ven rentabilidad económica y sí posibles pérdidas.

En primer lugar, José Luis Yzuel, el presidente de la patronal de Hostelería de España, que agrupa a 270.000 bares y restaurantes, ha anunciado en rueda de prensa que no se les ha tenido en cuenta a la hora de diseñar el plan, y creen que el aforo de los establecimientos se debe fijar en función de la distancia social y no del aforo, por las diferentes características de distribución que tiene cada uno.

Yzuel ha declarado que le parece "una absoluta tomadura de pelo que nos hablen de días de apertura sin habernos concretado ninguna de las medidas que van a hacer posible que el sector siga vivo".

Además, algunos de los grupos hosteleros más grandes de España se han sumado al rechazo del sector a las medidas de apertura en la desescalada planteada por el Gobierno y anuncian que no abrirán, decisión que están adoptando muchos propietarios de bares y restaurantes.

En un comunicado que, además de Grupo El Paraguas, Larrumba, y Pastelerías Mallorca (Madrid); Grupo Verbena (Ginger/Garbo/Gonzo), Grupo Marengoy, Grupo los Cabezudos (Zaragoza) y Restaurant B-ONE Palau del Mar (Barcelona), firman 130 hosteleros que representan a más de 370 locales y 3129 trabajadores, critican al Ejecutivo y anuncian que, si no rectifican, "la hostelería permanecerá cerrada".

Recuerdan al Gobierno que los efectos de la Covid-19 serán "especialmente agresivos con aquellos que menos músculo financiero tienen, los establecimientos pequeños, de superficie escasa, de alquiler y con necesidad de gran afluencia para obtener beneficios".

Las reducciones de aforo propuestas, desde solo las terrazas a un tercio de su ocupación en la fase 1 hasta el 30 % de la capacidad de los comedores en la 2, y las inversiones que requerirían unas normas higiénico-sanitarias aún no determinadas "generarán una importante merma en la rentabilidad de los negocios cuando no la desaparición de muchos al no soportar la caída del rendimiento", advierten.

Por ello piden al Gobierno que "se pronuncie respecto de la moratoria de los alquileres de local de negocio", que permita que se les reintegren los alquileres abonados a partir de la declaración del estado de alarma y que se les exima hasta que puedan abrir y que se revisen las condiciones de arrendamiento para esta "situación excepcional".

También piden la colaboración de los Ayuntamientos con medidas de carácter fiscal como "exención de tasas e IBI" para "impedir la destrucción del tejido productivo". Además, solicitan un test de diagnóstico a todos los profesionales hosteleros para evitar "riesgos" para la salud pública.

Los firmantes señalan en su comunicado que solo retomarán su actividad "cuando el Gobierno pueda asegurar que la reapertura no conllevará ningún riesgo añadido que contribuya a fomentar un rebrote del virus COVID-19".

La misma decisión han adoptado desde estrellas Michelin como DSTAgE (Madrid) -cuyo propietario, Diego Guerrero, ha denunciado que "cueste más abrir que estar cerrados"- a restaurantes y bares de ciudades como Salamanca y Zaragoza, que han puesto en sus locales un cartel de 'se traspasa' con la reclamación #sinseguridadnoabrimos.

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