Ser más transparente con el usuario no significa (solo) dar más información

HÉCTOR M. GARRIDO

  • El Congreso debate este martes un proyecto de Ley de Contratación impulsado por Adicae que permita al usuario comprender lo que firma en sus contratos de luz, banca o seguros.
  • "La mera transparencia no debe servir para validar abusos", dice el registrador Carlos Ballugera.
  •  DOCUMENTO: Lee la proposición de ley que se debate en el Congreso [PDF].

Contrato

Ha salido usted de una oficina bancaria con una hipoteca firmada, dieciocho pliegos de papeles, tres dirección electrónicas apuntadas en el margen de un cuaderno y la promesa de su agente bancario de que ha hecho un buen negocio. En realidad, cuando llega a casa, lo que hace es cruzar los dedos porque a usted, eso de "tasas medias de referencia de tipos interbancarios" o "tipo anual equivalente", la verdad, no acaba de entenderlo.

El pleno del Congreso va a debatir este martes, por primera vez, un Pacto de Estado —impulsado en noviembre por la asociación de usuarios bancarios Adicae, presentada a todos los grupos y traducida ahora por el PSOE en una Propuesta de Ley— que quiere solucionar que usted tenga que cruzar los dedos y encomendarse a la fortuna a la hora de hipotecarse, suscribir un seguro, abonarse a una compañía eléctrica o, incluso, contratar un viaje.

"Transparencia no solo dar más información", ha protestado este lunes Manuel Pardos, presidente de Adicae. "Una ley de transparencia en los contratos permitiría al usuario defenderse de la publicidad y de la información engañosa que ahora ofrecen, por ejemplo, a quien aceptar una hipoteca fijo-variable, porque pagarán más los primeros cinco años al aplicarse ahora un tipo fijo... y seguirán pagando más cuando los tipos suban y se convierta en variable".

Tampoco volvería el Tribunal Supremo a considerar que un cliente "atento y perspicaz" debería haber buscar en Internet el significado de contratar una hipoteca referenciada al índice IRPH —como dijo el alto tribunal en una reciente sentencia que supuso un mazazo para un millón de afectados— porque con esta ley, según propone Adicae, se articularían mecanismos para que el ciudadano supiese las consecuencias de lo que ha contratado.

La transparencia "material", un paso en favor del usuario

Y es que el concepto manejado va más allá de la transparencia. Se denomina "transparencia material" y trata de asegurar que el usuario no solo recibe la información, sino que la comprende. "Con una ley así, no volveríamos a ver problemas judiciales masivos como ha sucedido con los casos de las cláusulas suelo o las preferentes", dice Pardos"; "pero la banca no quiere oir hablar de transparencia, solo de información, información e información".

"Es que la mera transparencia no debe servir para validar los abusos", apunta el registrador de la propiedad Carlos Ballugera. "Por mucho que un contrato hipotecario diga en una cláusula que los intereses de demora por impago se elevan al 40%, esa supuesta transparencia no debe obviar el carácter abusivo de esta cláusula".

Por supuesto, al consumidor siempre le queda la Justicia. Así lo han hecho los afectados por las cláusulas suelo, preferentes, IPRH o multidivisa. Pero no deja de ser un engorro judicial y un esfuerzo de tiempo que no todos los consumidores pueden hacer. "El juzgado no puede ser el único medio para declarar la nulidad de una cláusula ilegal", dice Pardos. De ahí que la ley que propone Adicae y que el PSOE lleva mañana al Congreso tenga un carácter preventivo para evitar los abusos antes de que se cometan y salir así de la antigua doctrina del 'vicio de consentimiento'.

El objetivo final, según Adicae, es hacer de España un país modélico en la transparencia de los contratos que firmamos a diario con los bancos, las eléctricas, las operadoras telefónicas o cualquier tipo de empresa de consumo. De este modo, dicen, se protegería al ciudadano, mejoraría la confianza en las empresas y se daría un impulso a la economía española.

Tres ejemplos prácticos de lo que cambiaría con la nueva Ley

  • Mejoraría la capacidad de negociación de pymes y ciudadanos. Adicae considera que extender el control de transparencia a la contratación de los profesionales y autónomos permitiría mejorar una capacidad de negociación con su banco o con su eléctrica que ahora, dicen, es nula. "El dominio de las grandes compañías hace que los contratos no se negocien, sino que funcionen por adhesión",dice la asociación. "Hay pequeños empresarios que lo han perdido todo por haber vinculado su vivienda, ajena a su actividad profesional, en contratos con empresas de consumo".
  • Se anularían los efectos de una cláusula declarada nula. Se aplicaría la directiva europea que dice que "si una cláusula de contrato es declarada nula, todos los efectos que haya generado esa cláusula deben anularse". Así se evitarían sentencias como la dictada por el Supremo en 2013 que omitía la retroactividad de la devolución de las cláusulas suelo antes de ese año, una decisión que acabó corrigiendo la Justicia Europea.
  • Notarios, registradores y comisiones actuarían de cortafuegos. La nueva Ley de Transparencia Contractual potenciaría el papel de notarios y registradores en la autorización y calificación jurídica de los contratos. Es decir, que exista un tutela preventiva. "En Reino Unido, por ejemplo, obligan a que la Administración o alguna asociación de consumidores asesore al ciudadano que contrata una hipoteca inversa", dicen en Adicae. La asociación pone de ejemplo también a Francia y Bélgica, que poseen una Comisión de Cláusulas Abusivas donde participan empresas y usuarios para analizar las operaciones más comunes en sectores "clave" para la economía como la banca, la energía, la comunicación o el transporte.
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