Tezanos, Dolores Delgado, la nueva directora del CNI y ahora el INE: cuando Sánchez ha sido acusado de 'colocar' perfiles afines

La dimisión forzosa del presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Juan Manuel Rodríguez Poo, ha desatado las iras del PP, que por boca de su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de maniobrar su salida al "no estar de acuerdo con las estadísticas oficiales del PIB", lo que ha calificado de un "error" que "afecta a la credibilidad, fiabilidad y reputación de España". A la espera de que el Ministerio de Asuntos Económicos nombre a su sustituto, uno de los nombres que pesan en las quinielas para tomar la vara de mando del INE es el ex secretario de Estado de Seguridad Social Israel Arroyo, un hombre de la casa, con marcado perfil socialista.

Su designación podría sumarse a una larga lista de nombramientos afines a la siglas del PSOE que se han ido sucediendo desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. Un modus operandi, en todo caso, muy habitual entre los inquilinos de turno de la Moncloa, que al 'colocar' presidentes y consejeros delegados en empresas e instituciones públicas parecen priorizar la cercanía política del candidato por encima de su trayectoria y capacitación para el cargo. Lo que se le reprocha al jefe del Ejecutivo ahora es que sitúe a cargos de su confianza en entidades que deben dedicarse a velar por el buen funcionamiento democrático.

Es el caso más paradigmático de la lista. La elección de José Félix Tezanos, en junio de 2018, al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) levantó un gran revuelo desde el minuto uno de su nombramiento. Su dilatado currículum en las filas del PSOE, desde que fuera miembro del Comité Regional del PSOE de Madrid en los años ochenta hasta su último cargo como secretario de Estudios y Programas del partido, inundó de críticas por parte del todo el grupo parlamentario al recién alojado en la Moncloa Pedro Sánchez, quien fue acusado de escoger a un sociólogo de confianza para acometer los análisis demoscópicos, a los que se les presupone absoluta neutralidad.

De ahí en adelante, el trabajo de Tezanos al frente del CIS ha estado siempre abonado a la polémica. Tanto es así que el organismo público ha sido bautizado como la 'cocina de Tezanos', siendo este último, según la oposición de las derechas, el 'chef' que adereza las encuestas al gusto del PSOE. La crítica culinaria viene precedida de la técnica que, de acuerdo con los sociólogos, se aplica en cualquier sondeo sobre estimación de voto y consiste en operar con los llamados 'algoritmos ponderación', fórmulas que se corrigen para mejorar el resultado de este tipo de investigaciones.

Tras 19 meses dirigiendo el Ministerio de Justicia del primer Gobierno de Sánchez -gran parte del tiempo en funciones-, Dolores Delgado fue nombrada fiscal general del Estado. Las críticas no tardaron en arreciar. Fuerzas políticas y sectores profesionales de la justicia vieron con recelo su capacidad para conciliar su alineamiento socialista con el principio de imparcialidad que debe regir su actuación en el Ministerio Fiscal.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se dividió al avalar su idoneidad, con doce votos a favor y siete en contra, al entender que haber concurrido a las elecciones en la filas del PSOE suponía una "apariencia de vinculación" con el Ejecutivo. El PP, incluso, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo para denunciar que el Gobierno trataba de establecer un "puente directo" entre el Ejecutivo y la Fiscalía para situar a la institución pública "a su servicio, bajo su dependencia y con plena subordinación”.

Dolores Delgado, por contra, se afanado siempre en defender que su pasado como ministra no debería leerse como "una debilidad, sino como una fortaleza", más aún cuando desempeñó el cargo de fiscal en la Audiencia Nacional durante 25 años.

En julio de 2018, el Gobierno del PSOE en funciones eligió a Rosa María Mateo para asumir la administración de RTVE de forma 'provisional'. Una tarea hercúlea que requirió de hasta ocho plenos en el Congreso ante la falta de apoyo parlamentarios. El apoyo público de Mateo al candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba en las elecciones generales de 2011 o su también anunciada admiración hacia el expresidente Felipe González jugaban en contra del refrendo de uno de los rostros de cabecera de la televisión pública española. Su gestión de la Corporación tampoco ayudó a calmar las aguas entre las fuerzas políticas, que no cejaron en su ataque a la presidenta de RTVE por el trato informativo que, según ellos, se daba en la cadena a ciertos temas y la salida de determinados periodistas del ente público.

En contraposición, menos de dos años después, José Manuel Pérez Tornero tomó el relevo de Mateo al frente de RTVE. Además de ser respaldado por más de dos tercios del Congreso, el catedrático de Periodismo tuvo que enfrentarse al primer concurso público en la historia de la Corporación, obteniendo una de las mejores calificaciones.

Llevaba casi tres años vacante el puesto, desde el fallecimiento de Esther Arizmendi, cuando José Luis Rodríguez Álvarez fue designado presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El que fuera director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) había ocupado anteriormente el gabinete de la Dirección General de Coordinación Jurídica en el Ministerio de la Presidencia del Gobierno de Zapatero, hecho que empujó al PP y Vox a votar en contra de su nombramiento.

"No comprendo que se considere que haber tenido en el pasado responsabilidades gubernamentales incapacite de por vida para el desempeño de cualquier función pública con independencia de criterio", se despojó de cualquier suspicacia Rodríguez Álvarez.

Sumidos en una de las mayores crisis que ha vivido el Gobierno a lo largo de la legislatura, después de que los terminales móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de otros miembros de su Consejo de Ministros fueran víctimas de espionaje, Moncloa decidió destituir a la directora del CNI, Paz Esteban. En su lugar, la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, se convirtió en la nueva jefa de los servicios secretos. Una "sustitución", en palabras de la titular del ramo, Margarita Robles, que significó el reemplazo de un perfil técnico por un cargo de plena confianza de la ministra en una institución tradicionalmente comandada por militares.

Más recientemente, la semana pasada, el Consejo de Ministros aprobó la destitución de la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Rosa Menéndez, en el cargo desde noviembre de 2017, para sustituirla por Eloísa del Pino Matute, procedente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y ex directora de Gabinete de la ministra de Sanidad entre 2018 y 2020.

Desde el Ministerio de Ciencia alegaron que el cambio servía para reforzar el papel del Consejo como "un instrumento eficaz de política científica y acometer las reformas necesarias de manera inmediata para fortalecer el sistema público de ciencia". Frente a lo que Comisiones Obreras (CCOO) calificó de cese "inesperado e inexplicable".

Hace menos de siete días se sirvió la última polémica del Ejecutivo socialista en estas lides con la empresa española especializada en defensa y en tecnología, cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), accionista mayoritaria de Indra, el grupo vasco SAPA Placencia (de la familia Aperribay; tercer accionista de la empresa) y el fondo Amber Capital (el principal accionista del Grupo Prisa) tomaron el control del Consejo de Administración de la compañía tras expulsar a cuatro consejeros independientes y no renovar a un quinto.

Un golpe de mano del Ejecutivo sobre la cúpula de Indra que provocó que el resto de consejeros independientes del 'núcleo duro' de la multinacional pública, a excepción de uno, presentaran su dimisión.

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