La UE da luz verde a otros 12.000 millones de euros para España entre dudas sobre la sostenibilidad de las pensiones

La Comisión Europea ha aprobado este lunes el tercer tramo de ayudas de los fondos europeos Next Generation para España. Un desembolso de 12.000 millones de euros (el más cuantioso de los nueve previstos, incluida la prefinanciación) que deberá ser validado en un plazo de cuatro semanas por el Comité Económico y Financiero de la UE. Cuando este órgano dé el visto bueno, España habrá recibido ya 31.000 millones de los 69.500 que le corresponden del reparto de los fondos europeos.

La Comisión da por cumplidos los 40 hitos y objetivos a los que se comprometió el Gobierno español para recibir este tramo de ayudas, entre los que destacaban la reforma laboral o la primera pata de la reforma del sistema de pensiones. Aunque también se incluyen medidas en materia de transición ecológica y digital, sanidad o educación.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitado a España, de la que ha dicho, "está mostrando impulso reformista continuado en áreas clave como el mercado laboral y la sostenibilidad de las finanzas públicas".

Un espaldarazo al que se han sumado el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. Este último ha alabado la reforma laboral, que ha dicho debería generar "trabajos más estables e inversión en capital humano, manteniendo la flexibilidad necesaria para trabajadores y empresas".

Serias dudas con las pensiones

Sin embargo, aunque en público todo son alabanzas para las reformas que ha puesto en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez, en privado las dudas sobre una de las medidas más importantes exigidas en el plan, la reforma de las pensiones, se amontonan.

En Bruselas hay serias dudas de que las medidas adoptadas hasta ahora sean suficientes para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. La gran inquietud la genera la revalorización de las prestaciones en función del IPC, una medida que se incluía entre los hitos comprometidos para recibir los 12.000 millones que se han aprobado este lunes y que cuenta con el visto bueno de la Comisión.

Lo que no gusta en la capital de los Veintisiete son las medidas complementarias que se han aprobado ahora para compensar este aumento en el gasto que supondrá recuperar el IPC como índice para actualizar las pensiones.

En este examen, la Comisión solo evaluaba una de estas medidas compensatorias: los incentivos para retrasar la jubilación y las restricciones a la jubilación anticipada. Una reforma con la que el Ejecutivo confiaba reducir el gasto en pensiones entre el 1,1% y el 1,6% del PIB para 2050. Un cálculo que en Bruselas creen que es demasiado optimista, incluso en el rango más bajo de la estimación.

El otro cambio que genera dudas es el llamado mecanismo de equidad intergeneracional, que consiste en una subida en las cotizaciones sociales de seis décimas a partir de 2023 y 2032 con la que el Gobierno pretende recaudar unos 50.000 millones para llenar la hucha de las pensiones.

El Ejecutivo estima que esta medida será suficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema, algo que no comparten en la capital comunitaria. En la evaluación pública que ha hecho la Comisión de los hitos comprometidos por España sostienen que "es probable que lleve a un incremento significativo en el gasto público como porcentaje del PIB a lo largo del tiempo".

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