España cuenta ya, por primera vez, con una iniciativa que regula la actividad de los influencers. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al real decreto que fija los requisitos que tendrán que seguir los creadores de contenidos a partir de ahora para cumplir con la Ley General de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2022. El documento, aprobado a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, les obliga a indicar adecuadamente cuando una publicación es publicidad y a etiquetar el contenido por edades, entre otros cambios.
En definitiva, el real decreto somete a los también llamados "usuarios de especial relevancia" a las mismas reglas del juego que ya deben cumplir otros medios de comunicación, como las televisiones. Lo hace ante la laguna legal que ha prevalecido durante años y que dejaba sin concretar los deberes y obligaciones de los influencers; y cumpliendo así con el artículo 94 de la ley de comunicación audiovisual que recogió la obligación de regular su actividad e incluirlos en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales.
"Son cada vez más importantes los creadores de contenidos audiovisuales en las redes y, por lo tanto, se hace necesario homologarles, en algunos aspectos, con otros actores en este ámbito audiovisual", ha defendido el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según ha detallado, la regulación define, en primer lugar, lo que se entiende por influencer, según tres criterios: sus ingresos, la actividad en la red y seguidores.
"Un terreno de juego equitativo"
Así, no todos los influencers estarán atados a esas obligaciones. Solo tendrán que cumplir con la ley aquellos creadores de contenidos que tengan unos ingresos anuales superiores a 300.000 euros al año gracias a su actividad audiovisual y siempre y cuando superen el millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en el global de su actividad. Se tendrá también en cuenta que hayan publicado o compartido 24 o más vídeos en el último año.
Asimismo, y como sucede con el resto de medios audiovisuales, los usuarios de especial relevancia que sí cumplan con esas condiciones tendrán ahora dos meses para inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales, según el cual estarán atados a una serie de obligaciones: tendrán que cumplir con la normativa en materia de protección de menores y de publicidad, identificando, por ejemplo, cuando una publicación ha sido pagada por una marca; y no podrán hacer publicidad de determinados productos, como el tabaco, los medicamentos o el alcohol, o de cualquier asunto que genere "un perjuicio psicológico a los menores".
En ese sentido, también deberán etiquetar adecuadamente la edad mínima a la que van dirigidos sus contenidos, que se establecerá según los parámetros que marque el propio Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Una medida que, según ha subrayado Escrivá, será "muy importante" una vez se impulse la ley de protección integral de los menores que prepara el Ejecutivo, y que establece "un terreno de juego equitativo" con otros actores que ya estaban regulados en el ámbito de los contenidos audiovisuales.
España se convierte, así, en el segundo país de la Unión Europea (UE) en regular la actividad de los influencers. Lo hará casi un año después de Francia, cuyo parlamento aprobó en verano de 2023, por unanimidad, su propia ley.
