El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a alcanzar un 'superávit puro' el año que viene. Es decir, cree que los ingresos públicos que obtendrá el año que viene superarán los gastos, pero sin tener en cuenta el pago de intereses de la deuda. Así se lo trasladó el pasado martes a la Comisión Europea en la actualización del Programa de Estabilidad. Aunque se trata de un hito más bien simbólico —lo que importa, a ojos de los técnicos de la UE es el déficit total— se trata de un paso significativo para las finanzas públicas del país. No en vano, España no ha sido capaz de alcanzar un superávit primario (así es como se conoce técnicamente a este indicador) en ninguno de los últimos 18 años de su historia.
La sucesión de crisis encadenadas que ha vivido el país desde 2008 —primero fue la financiera, después la pandemia y la guerra en Ucrania— ha dejado muy maltrechas las arcas del país. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria asestó un golpe muy duro a la economía española. El Gobierno tuvo que sacar la chequera para pagar las prestaciones por desempleo y estimular la economía, a la vez que los ingresos fiscales dopados por la burbuja se derrumbaban.
Para financiar los déficits que generó la crisis, España tuvo que recurrir al endeudamiento. La deuda pública pasó de suponer el 40% del PIB en 2008 al 100% en 2013 y se mantuvo en ese nivel hasta 2019. Con la recuperación económica, el país fue capaz de ir reduciendo su brecha entre ingresos y gastos públicos.
En 2018 el déficit primario se redujo hasta el 0,2%, pero la llegada de la pandemia forzó un nuevo aumento del gasto y obligó a recurrir de nuevo a los préstamos. La deuda pública se disparó hasta alcanzar un máximo histórico del 120% del PIB en 2020. Una cifra que se ha reducido notablemente tras la recuperación económica pospandemia, pero que sigue por encima de los niveles de 2019.
Una vez capeado el temporal y con perspectivas económicas favorables a corto plazo, España se enfrenta de nuevo al reto de ajustar su presupuesto para cumplir con el rigor que exige Bruselas. De momento, se ha comprometido a que el déficit general (el que incluye los intereses de la deuda) se reduzca al 3% en 2024 (el máximo permitido) y después caiga al 2,5% en 2025.
Sin embargo, las nuevas reglas fiscales exigen ir más allá. La normativa obliga a plantear un ajuste fiscal que garantice que la deuda se reduce con claridad en el futuro. Recientemente, la Airef estimó que el tamaño de ese ajuste podría rondar entre los 6.000 y los 9.000 millones anuales en función de si se plantea a cuatro o a siete años. El reto es mayúsculo. España solo ha sido capaz de encadenar superávits primarios entre 1997 y 2007 en la historia reciente.
La cuestión es ¿cómo pretende el Gobierno alcanzar esa meta? La respuesta es a través de un incremento de los ingresos públicos (sobre todo gracias al IRPF) y una pequeña reducción del gasto. El Ejecutivo confía en que la economía siga creciendo a buen ritmo en los próximos años. En concreto, ha trasladado a Bruselas que el PIB avanzará un 2% en 2024 y un 1,9% en 2025. La demanda nacional será prácticamente el único motor de crecimiento estos años, en los que se espera que el empleo siga creciendo y la tasa de paro se reduzca hasta el 10,7% el año próximo. Todo esto debería traducirse en más ingresos para las arcas públicas, especialmente por IRPF, aunque también por IVA si el consumo repunta.
Sin embargo, el Ejecutivo no aporta detalles todavía sobre cómo pretende ajustar el presupuesto a partir de 2025. Aquí está el verdadero meollo de la cuestión porque, a medida que vayan pasando los años, será más difícil reducir la deuda y el déficit. En primer lugar, porque el coste de pagar la deuda irá in crescendo en los próximos años. Y, en segundo lugar, porque se espera que el crecimiento se vaya ralentizando a largo plazo.
Con las nuevas reglas fiscales, Bruselas exigirá a los Estados miembros que presenten planes de ajuste a varios años que garanticen que la deuda pública se reduce claramente. Está previsto que este plan se presente en septiembre de este año. En él España deberá detallar objetivos de déficit y deuda y medidas de ajuste a las que Bruselas deberá dar el visto bueno.
