Los socios de Gobierno del PSOE han encontrado el escenario perfecto para sacar del cajón una vieja demanda: reformar la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin necesidad de llegar a un acuerdo con el PP. Sumar y Podemos abogan por esta fórmula y presionan a Pedro Sánchez ahora que ha confirmado su permanencia en Moncloa.
Lo hacen después de que Sánchez amagara el miércoles con su dimisión ante la apertura de diligencias judiciales contra su mujer, una "estrategia de acoso y derribo" orquestada por "una galaxia ultraderechista", según sus palabras. Y aprovechan también que este mismo lunes el CIS de José Félix Tezanos publicó una encuesta exprés con varias preguntas claves sobre la Justicia en España que sigue el relato impuesto por Sánchez.
Estas son las cuestiones que Tezanos pone sobre la mesa: ¿[La Justicia] actúa siempre de forma imparcial o en ocasiones se ve influida por otros poderes políticos o económicos?¿Es necesaria una reforma de la situación de la Justicia en España?¿Cree que la apertura de una causa judicial por una denuncia particular contra la mujer de Pedro Sánchez está justificada, o solo es una manera de meterse con Pedro Sánchez e intentar hacerle daño?
La gran mayoría de los españoles consultados por el CIS -el 82,6%- cree que los poderes políticos y económicos en ocasiones influyen en la justicia, solo un 9,5% cree que se mantenga "siempre" la imparcialidad. Consecuentemente, el 81,4% de los encuestados aboga por reformar el Poder Judicial, frente a un 11,4% que quiere mantener la Justicia tal y como está. También son mayoría los que creen que la apertura de diligencias a raíz de una denuncia de Manos Limpias contra la mujer de Sánchez es "una manera de meterse" con el presidente. Casi la mitad de los consultados concuerdan con esta afirmación, mientras que el 30,5% considera que las pesquisas están justificadas.
¿Cómo se renueva el CGPJ?
El CGPJ, órgano responsable de los nombramientos de gran parte de la cúpula judicial, está compuesto en teoría por 20 vocales, 12 jueces y ocho juristas, y presidido por el presidente del Tribunal Supremo. Pero el Consejo lleva bloqueado desde 2018 y en el camino ha perdido a varios de sus miembros. Actualmente quedan siete juristas y nueve jueces. El presidente nombrado en 2013, Carlos Lesmes, dimitió, con lo que el jurista Vicente Guilarte asume la presidencia interina, aunque ha anunciado que renunciará a este puesto en verano, cansado del bloqueo del órgano.
Hay dos leyes que regulan los nombramientos de vocales del CGPJ: la Constitución y la ley orgánica del Poder Judicial. La Constitución establece que los juristas serán nombrados por una mayoría cualificada de 3/5 en las Cámaras. Cuatro a elección del Congreso y otros cuatro designados por el Senado. En cambio, la Carta Magna deja en manos de la ley del Poder Judicial el nombramiento de los vocales jueces.
Al comienzo de la democracia, los 12 jueces eran elegidos por votación entre los jueces de España, pero Felipe González encontró una traba en esta fórmula. Una Justicia formada mayormente por jueces curtidos en las instituciones franquistas torpedeaba las reformas legislativas del Gobierno. Así que en 1985 el Parlamento cambió la ley del Poder Judicial para atribuirse el nombramiento de todo el Consejo, a medias entre ambas Cámaras y siempre por mayoría de 3/5. El Tribunal Constitucional avaló esta reforma pero rechazó que la renovación se diera sin buscar consenso, a través de un mero "intercambio de cromos".
El PP criticó en múltiples ocasiones este sistema y llegó a prometer su modificación, pero cuando tuvo la oportunidad de reformar la ley no lo hizo. En 2013, la mayoría absoluta de Mariano Rajoy nombró al Consejo que permanece vigente a día de hoy. En 2021, como medida de presión al PP, el Gobierno de Pedro Sánchez modificó la ley para impedir que el CGPJ nombre a jueces mientras está caducado. Desde entonces se han ido acumulando vacantes en una cúpula judicial cada día más precaria.
Ahora el PP se niega a renovar el Consejo a no ser que el PSOE se preste a reformar también el modelo de elección, adecuarlo a la UE y devolver a los jueces la designación del turno judicial. La Unión Europea se ha implicado seriamente en el asunto y exige renovar "urgentemente" el Consejo e "inmediatamente después" cambiar el modelo para que los jueces elijan a los jueces. El PSOE no cede en este punto, mientras que sus socios le piden una rebaja en las mayorías parlamentarias.
¿Qué proponen Sumar y Podemos?
Lo que proponen los socios del PSOE es cambiar la ley del Poder Judicial para que los vocales del turno judicial sean nombrados por una mayoría absoluta, y no por una de 3/5. Si esta se reforma se ejecuta, la mayoría que facilitó la investidura de Pedro Sánchez podría nombrar en el Congreso a seis jueces, mientras que el PP nombraría a otros seis en el Senado. Así, el CGPJ pasaría a tener 19 vocales, de los cuales 12 serían jueces y siete serían juristas. El turno de juristas no se puede renovar sin un acuerdo entre el PSOE y el PP porque la Constitución exige una mayoría de 3/5 en cada Cámara.
Sin embargo, tras esta reforma la aritmética en el Consejo seguiría siendo desfavorable al bloque de investidura. Si ahora hay 10 vocales conservadores y seis progresistas, se mantendría el número de conservadores y los progresistas serían nueve. Además, si el Gobierno quisiera que el CGPJ cambie la composición de la cúpula judicial, debería levantar también el veto al Consejo, que seguiría en parte caducado.
