El Banco de España confirma en su Informe Anual 2023 que en los últimos años se ha producido una pérdida de confianza en las instituciones por parte de los distintos agentes económicos, que perciben cada vez una menor calidad en su funcionamiento. Según recalca el supervisor bancario en un capítulo monográfico publicado este martes sobre los retos estructurales a los que se enfrenta la economía española, este descrédito en las instituciones afecta directamente al crecimiento económico del país, por lo que insta a revertirlo para impulsar así la productividad y avance del PIB.
"Desde la crisis financiera se ha producido en nuestro país una caída en la confianza y en la calidad institucional", constata el análisis del Banco de España, sustentado en indicadores internacionales elaborados por organizaciones como el Banco Mundial o la Unión Europea. Pese a reconocer la dificultad de cuantificar el grado de confianza y la percepción de calidad de las instituciones, el supervisor bancario apunta a que este proceso de descrédito ha sido "más acusado" en España que en otros países vecinos. "Mientras que en 1998 España se encontraba muy por encima de la media de la zona del euro en términos de calidad institucional, en 2022 la situación se habría revertido", señala el informe.
Según el último eurobarómetro elaborado por la Comisión Europea, apenas un 28% y 25% de los españoles confían respectivamente en el Gobierno y el Parlamento nacionales, unas proporciones muy inferiores al 36% y 39% en el que se sitúa la media europea. "Al compara el nivel de confianza de los ciudadanos en los partidos políticos, el Gobierno nacional, el Parlamento y el sistema judicial entre 2007 y 2023, España ha pasado de mostrar unos niveles de confianza mayores que los de las otras grandes economías de la eurozona a estar por debajo de ellas", corrobora el informe publicado este martes, que matiza que España mantiene su posición como segundo gran país con una mayor confianza en el sistema judicial, solo por detrás de Alemania.
A la luz de estos datos, el Banco de España recuerda que la calidad de las instituciones percibida por los agentes económicos y su grado de confianza en ellas son determinantes sobre el crecimiento de la economía a largo plazo. Además, añade que estas situaciones de descrédito suelen ser duraderas, por lo que sus efectos económicos también acostumbran a presentar "una elevada persistencia". En consecuencia, el supervisor bancario señala que "sería conveniente reforzar la calidad y la confianza en las instituciones españolas".
En concreto, apunta a que "existe margen" para mejorar la "calidad regulatoria", refiriéndose así el excesivo "volumen y complejidad" de las normas que regulan la actividad económica, que exigen a las empresas dedicar demasiados recursos "a su conocimiento y cumplimiento y, en ocasiones, genera trabas a la unidad de mercado". No en vano, España es el país de la UE donde las empresas de menor tamaño tienen mayor peso: el 76,8% de las compañías tienen entre uno y cuatro empleados, muy por encima del 63,2% de Alemania, el 70,4% de Francia y el 72,5% de Italia. La institución dirigida por Hernández de Cos asegura que esta atomización normativa afecta "de forma negativa" no solo al tamaño empresarial, sino también a la productividad de la economía española y a la eficacia del sistema judicial.
Asimismo, con el objetivo de aumentar la productividad, el Banco de España afirma también que es "necesario impulsar la eficacia y la eficiencia de las Administraciones Públicas españolas". El supervisor bancario asegura que esto tendría un "efecto arrastre" para atraer inversiones hacia el sector privado y reconoce que en los últimos tiempos se han puesto en marcha iniciativas en esta línea, aunque insta a hacer una "evaluación rigurosa" de su efectividad en los próximos años.
En ese sentido, el organismo señala que una de las prioridades del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia es utilizar los fondos europeos para modernizar las Administraciones Públicas, un fin para el que se han destinado algo más de 4.200 millones de euros -de los cuales se han ejecutado ya un 52%, según la AIReF-. "Esta iniciativa persigue mejorar la eficiencia de la gestión de las Administraciones Públicas mediante un impulso a la digitalización, la mejora del uso energético, el refuerzo del marco de evaluación de políticas públicas y la reducción de la temporalidad en el empleo público", recuerda.
Otras de los puntos cuyo impacto sobre la calidad y confianza institucional habrá que valorar en los próximos años, según el Banco de España, son las recientes modificaciones de los procesos de acceso al empleo público y la evaluación del desempeño de los funcionarios. Más allá de esos cambios, el ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, ha anunciado también su intención de reformar la Administración Pública para mejorar su planificación, su eficiencia y su capacidad de atraer talento, una pretensión que, de materializarse, podría afectar también a la calidad y confianza en las instituciones.
