Tres relatores de la ONU han emitido un informe en el que se pide al Gobierno de España que adopte las "medidas necesarias" frente a las leyes de concordia impulsadas por PP y Vox en tres comunidades autónomas. De acuerdo con los tres relatores -expertos independientes que trabajan de manera voluntaria- que han presentado el documento, las leyes que están siendo tramitadas en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León "podrían" vulnerar los derechos humanos. En concreto, los expertos temen que con estas normas se invisibilicen "las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista". Pero, ¿quiénes son los relatores que han realizado este documento?
Al final del texto, al que ha tenido acceso 20minutos, figuran los nombres y respectivos cargos de los expertos que lo han presentado. Se trata de Fabián Salvioli, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Aua Baldé, Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; y Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
Salvioli, crítico de la Ley de Amnistía de la Transición
El argentino Fabián Salvioli es abogado. Posee un doctorado en Ciencias Jurídicas y un master en Relaciones Internacionales. Trabaja como profesor de Derecho Internacional y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata. Además, es miembro de la Asamblea General del Instituto Internacional de Derechos Humanos, con sede en Francia, y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en Costa Rica. Entre 2009 y 2016 fue miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU y presidente de la entidad entre 2015 y 2016, según consta en la página web se Naciones Unidas.
Salvioli es un fiel defensor de los derechos humanos, así como de las víctimas de las dictaduras. Durante una intervención en el Congreso de los Diputados en septiembre de 2018 criticó la Ley de Amnistía de 1977, la cual impedía juzgar los crímenes cometidos por la dictadura de Francisco Franco. En concreto, afirmó que cuando presidió el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2015 instó al Gobierno español a "derogar la Ley de Amnistía, investigar, juzgar y condenar a los responsables". Más tarde, se pronunció a favor sobre la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
En una entrevista concedida en marzo de 2023 a elDiario.es, Salvioli consideró que la Ley de Memoria Democrática "tiene puntos muy buenos", pero que todavía le faltan algunos. También indicó que, a su parecer, resultaba necesario derogar la Ley de Amnistía de la Transición y establecer una Comisión de la Verdad. "Ya han pasado muchos años y el dolor de esas familias, lejos de disminuir, aumentó la impunidad, con el destrato, con la negación, con el intento absurdo de establecer una política de olvido forzado. Las víctimas son víctimas, independientemente de colores políticos o de simpatías y antipatías y de quienes sean los perpetradores", expresó durante la conversación.
Baldé denuncia desapariciones forzadas en Venezuela
Aua Baldé nació en Guinea-Bissau, estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Lisboa y se especializó en Derecho Internacional de los derechos humanos en la Universidad de Harvard. Ha ocupado varios cargos en las Naciones Unidas y también ha sido invitada especial de la Corte Penal Internacional. Ha trabajado en distintas misiones para la estabilización y consolidación de la paz en la República Centroafricana, Costa de Marfil y Guinea-Bissau. Además, es profesora e investigadora invitada en la Universidad Católica de Portugal y posee varios diplomados sobre derechos humanos, según indica la ONU.
Recientemente, la presidenta del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias denunció el "alarmante incremento" de desapariciones forzadas en Venezuela desde diciembre de 2023. Instó al régimen de Nicolás Maduro a tomar medidas para "prevenir, erradicar y enjuiciar todo acto de desaparición forzada", así como a proporcionar información sobre el paradero de las personas detenidas por el Estado, que además se encuentran incomunicadas, y a ofrecerles todas las garantías legales.
Su grupo de trabajo también ha pedido al Gobierno de Honduras que cree una agencia espiralizada de búsqueda de desaparecidos. En concreto, los expertos que conforman el grupo se mostraron preocupados por "la impunidad casi total en los casos de desapariciones forzadas de las décadas de 1980 y 1990 cometidas en el contexto de la doctrina de seguridad nacional como por casos actuales".
Utilizar la ciencia para investigar ejecuciones
Morris Tidball-Binz nació en Chile, pero también tiene la nacionalidad argentina. Estudió Ciencias Médicas en la Universidad Nacional de La Plata y se especializó en medicina forense, derechos humanos y acción humanitaria. Sus investigaciones le han servido para documentar las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, las desapariciones forzadas, la tortura y las condiciones de detención en más de 70 países.
En la actualidad, trabaja en las Universidades de Monash (Australia), Coimbra (Portugal) y Milán (Italia). Cuando era estudiante ayudó a crear la primera base de datos genéticos para poder ubicar a las víctimas de desapariciones forzadas de las dictaduras en Argentina y también a sus familiares. Ha dirigido numerosos programas de derechos humanos y ha participado en la elaboración de normas internacionales.
Recientemente, ha condenado tanto los ataques perpetrados por Israel sobre los periodistas como la violencia sexual ejercida por Hamás en el atentado del pasado 7 de octubre. También manifestó su preocupación sobre la decisión del estado de Alabama (EEUU) de utilizar gas nitrógeno para ejecutar al reo Kenneth Eugene Smith, ya que esto podía provocar que su muerte fuera "dolorosa y humillante". El experto también ha sido crítico con las violaciones de derechos humanos cometidos en varios países de América Latina.
