Nadie se queda sin atender y a nadie se le niega el tratamiento de su enfermedad por complejo o costoso que sea. Es la sanidad pública universal un modelo respetado en todo el mundo, referente incluso en algunos países que lo tratan de imitar. Es junto a las pensiones y la educación el gran pilar del estado del bienestar, una columna que ahora se tambalea.
El Ministerio de Sanidad publicaba días atrás un informe según el cual las listas de espera quirúrgicas batían un récord alcanzando los casi 850.000 pacientes, 56.000 más que el año pasado. La media de espera se sitúa ya en los 128 días, pero la cuarta parte de los enfermos han de esperar más de seis meses para entrar en el quirófano. En medio año puede pasar de todo y que una dolencia leve se transforme en grave.
Los tiempos en la salud cuentan mucho y los retrasos en las intervenciones quirúrgicas no hacen más que incrementarse desde 2021 sin que se atisbe freno alguno que invierta la tendencia.
La cola en los quirófanos no es el único problema que afronta el sistema público de salud. El diagnóstico temprano es fundamental para abordar con éxito cualquier patología y lo cierto es que también aumenta el número de personas que aguardan para ser atendidas en la primera consulta de un especialista.
En comunidades autónomas tan populosas como Madrid y Andalucía, la tasa se sitúa en 105 por cada millar de habitantes, aunque la peor situada por su población envejecida es Asturias, con 112. En la Seguridad Social para acceder a la primera consulta de un especialista es preceptivo pasar antes por el médico de cabecera que prescribe el tipo de dolencia a tratar y aquí el panorama tampoco pinta bien.
En el último año cerca del 70% de quienes acudieron a la Atención Primaria hubieron de esperar más de nueve días de media, cifra que se ha duplicado desde la pandemia. Ese incremento repercute sistemáticamente en los servicios de urgencia, donde la gente acude para que le atiendan lo antes posible y donde han de esperar hasta cuatro o más horas porque allí no dan abasto.
La Atención Primaria necesita más médicos y el problema es que no los hay y puede que haya menos. En la última convocatoria para la asignación de las plazas MIR solo se cubrieron el 66% de las reservadas a médicos de familia, siendo la única especialidad que no consigue cubrir toda su oferta por tercer año consecutivo. Lo grave de la situación es que, en los próximos cinco años, está previsto que se jubilen unos 50.000 profesionales que habrá que sustituir para evitar el colapso del sistema.
El Ministerio de Sanidad le vio las orejas al lobo y creó una omisión específica para abordarlo que ha dispuesto un sistema de incentivos económicos a la jubilación demorada, pero no será lo único que tenga que hacer. España no es el único país de nuestro entorno que tiene problemas para atraer graduados a la Atención Primaria y habrá que competir con ellos introduciendo incentivos monetarios y de todo tipo para cubrir esas plazas.
Será necesario darle una vuelta al marco regulatorio sobre el acceso a la carrera de Medicina produciendo más médicos y permitiendo la homologación de títulos extranjeros. Habrá que inyectar más dinero al sistema, el estancamiento de la inversión en salud no puede mantenerse más tiempo.
El último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública refleja incrementos apenas testimoniales en los presupuestos sanitarios de las comunidades autónomas. Solo tres décimas en el último año, a pesar de la alta inflación, para llegar al 15% actual, cuando la OMS recomienda el 25%. La joya de la corona se tambalea y hay que actuar en serio antes de que se desplome.
