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Parecía que no quedaba otra. Siete meses de pandemia fueron suficientes para que Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso abordaran la complicada realidad de la Comunidad de Madrid por culpa de la pandemia del coronavirus. "Hemos venido a ayudar, no a enjuiciar", dijo el presidente del Gobierno con las banderas de España y de la Comunidad de fondo, escoltado por una presidenta que aceptó la mano tendida y tendió la suya, conscientes ambos de que la situación es "muy difícil". Daba la sensación de ser la tormenta perfecta que por fin sirviera para que ambos, estandartes de los dos bandos que se han formado en esta crisis, enterrasen las diferencias. Nada más lejos de la realidad. En una horas durante este fin de semana la tregua ha saltado por los aires.

En agosto, el Gobierno anunció que ponía a las Fuerzas Armadas a disposición de las comunidades autónomas para colaborar en las labores de rastreo y evitar la propagación del coronavirus. Más de un mes después, el Ejército de Tierra es el que está asumiendo el liderazgo de esa labor y llegará a tener hasta 1.100 efectivos integrados en los sistemas de cada autonomía. El resto de rastreadores militares, hasta completar los 2.000 anunciados por Defensa, serán miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Ejército del Aire y la Armada.

Un centenar de estudios de voz de llamadas anónimas y el análisis científico de las más de 20 comunicaciones que mantuvo uno de los secuestradores con la familia de Anabel Segura estrechó el cerco e impulsó la resolución hace 25 años del crimen, cometido por unos delincuentes acuciados por las deudas pero nada profesionales.

Este lunes se cumplen 25 años de la detención de Emilio Muñoz Wadix, un transportista de 38 años, de su mujer, Felisa García, churrera de 35 años, y de Cándido Ortiz, fontanero de 35 años. El primero, cerebro de aquel secuestro chapucero, quedó el libertad hace unos años por la derogación de la doctrina Parot, su mujer cumplió un año de prisión y el tercero falleció en la cárcel hace 11 años.

La prórroga del 'escudo social' aprobado por el Gobierno en marzo para hacer frente a la crisis del Covid-19, que incluye las moratorias de hipotecas y de alquiler, la prohibición de cortes de suministros a consumidores vulnerables y la flexibilidad del 'bono social' a este colectivo, finaliza este miércoles, mientras que la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional concluye el viernes.