El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asume "la responsabilidad" por el comunicado que publicó la Fiscalía de Madrid tras filtrarse informaciones de un supuesto acuerdo económico entre esta institución y la pareja de Isabel Díaz Ayuso, acusada de defraudar más de 350.000 euros a Hacienda. Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, se querelló a comienzos de este mes contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y contra el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, por un delito de revelación de secretos.
García Ortiz ha realizado este lunes una declaración institucional para "reconocer públicamente la labor y el desempeño profesional" de estos dos fiscales y defender que "no puede considerarse infringido el deber de reserva cuando el objeto de la comunicación era de dominio público fruto de indeseables filtraciones". Según ha dicho Ortiz, "la comunicación de la Fiscalía no contenía información que pudiera perjudicar el derecho de defensa" de González Amador, ni exponía "datos de carácter confidencial".
El fiscal general ha reconocido que estaba al tanto de los acontecimientos y del comunicado, que según ha dicho "se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios". "Por consiguiente, asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa", ha dicho.
Acto seguido ha alertado de que no va "a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento trasparente" del Ministerio Público. "No pienso consentir que la Fiscal Jefa de Madrid o el fiscal encargado del caso sean perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva", ha concretado. Por último, García Ortiz ha subrayado que la Fiscalía actúa "con absoluta imparcialidad, objetividad y neutralidad política en el ejercicio de sus funciones" y ha recurrido a una expresión habitual en sus comparecencias: "La actuación del Ministerio Fiscal se enmarca siempre dentro de la ley, porque fuera de la ley no hay nada".
El comunicado -del que estaba informado el fiscal general- se difundió después de que El Mundo publicara informaciones sobre una oferta que el ministerio público había trasladado al comisionista para luego retractarse. Según aclaró en la nota de prensa la Fiscalía, fue el abogado de González Amador la que había mandado un correo a la Fiscalía de Madrid reconociendo la comisión de dos delitos y solicitando un acuerdo económico.
De ahí surgió la querella presentada por González Amador, que aprecia un posible delito de revelación de secretos en las actuaciones de los dos fiscales. Álvaro García Ortiz, en cambio, ha señalado que "recibir libremente información veraz es un derecho fundamental consagrado en el artículo 20 de nuestra Constitución" y facilitado, en esta ocasión, por dos fiscales que trabajan con "el máximo rigor, objetividad, imparcialidad y transparencia".
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