Nuevo choque entre la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el PP. Este martes, la Mesa de la Cámara Baja rechazó formalmente el requerimiento del Senado para retirar y anular la ley de amnistía alegando un conflicto entre órganos constitucionales por el cual el Congreso habría invadido sus competencias. Y lo hizo con el voto en contra del PP, el impulsor de esa solicitud, que posteriormente acusó a Armengol de haber actuado con "arbitrariedad" saltándose el reglamento de la Cámara Baja para impedir un debate sobre la cuestión en el Pleno, con todos los focos.
La mayoría que reúnen PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso aprobó sin prácticamente ningún cambio el informe que remitieron el lunes los letrados de la Cámara, que rechazaron que la ley de amnistía sea una "reforma encubierta de la Constitución" —como plantea el PP— y aseguraron que el Congreso ha actuado en todo momento "en el ejercicio constitucional y reglamentario de sus atribuciones" al tramitar la norma. "Todos los pasos dados en el Congreso de los Diputados tienen presunción de constitucionalidad", y "solo el Tribunal Constitucional es el competente para dirimir" un eventual incumplimiento de la Carta Magna, argumentó en este sentido el vicepresidente primero del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.
El PP, no obstante, cree que la Mesa ni siquiera debería haber entrado este martes a decidir sobre si el Congreso hacía o no caso a la petición del Senado de paralizar la tramitación de la amnistía. Fuentes de los populares explican que, a su juicio, la presidenta Armengol ha atribuido a ese órgano —con mayoría de PSOE y Sumar— funciones que no le corresponden, puesto que, para el PP, la Mesa se debería haber limitado a dar cauce al requerimiento del Senado para que fuera debatida en el Pleno del Congreso, con la posibilidad de que todos los grupos parlamentarios intervinieran y votaran.
"Armengol ha actuado con arbitrariedad" y "la Mesa se ha extralimitado", aseguran estas fuentes del PP. Estos dirigentes argumentan que, una vez tomada en consideración una iniciativa, esta deja de pertenecer al grupo parlamentario que la ha presentado y pasa a ser un texto en debate por parte de todos los grupos del Congreso. Y, bajo esa interpretación, tan solo es el Pleno la instancia que tiene la capacidad de retirar un texto en mitad de su tramitación, que es justamente lo que el Senado le pedía al Congreso que hiciera. Por lo tanto, finaliza el PP, la Mesa de la Cámara Baja no tenía ningún derecho a rechazar el requerimiento del Senado porque es un órgano que carece de competencias para ello (o para aceptarlo).
El PP, no obstante, no confirma si exigirá una reconsideración de la Mesa. Y tampoco aclara cuáles serán sus próximos pasos en el Senado, habida cuenta de que el rechazo al requerimiento será comunicado por parte del Congreso a la Cámara Alta en las próximas horas. Una vez eso ocurra, se abrirá un plazo de un mes para que el Senado pueda elevar, si lo desea, su conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, especificando los preceptos que considera vulnerados y formulando las alegaciones que estime oportunas. Si el PP optara por esa vía, el Congreso tendría otro mes para trasladar sus propias alegaciones, y posteriormente el Constitucional debería resolver si ha habido o no invasión competencial.
El PSOE, no obstante, rechaza las críticas de los populares argumentando que es el propio requerimiento del Senado —o sea, el PP, con su mayoría absoluta en la Cámara Alta— el que va más allá de lo permitido por la ley. "El Senado está intentando travestirse en Tribunal Constitucional planteando no ya dudas, sino certezas de inconstitucionalidad", denunció el socialista Gómez de Celis, que tachó de "deslealtad institucional sin precedentes en la historia democrática de nuestro país" el conflicto de competencias planteado por la Cámara Alta.
Además, ante la posibilidad de que el PP acuda al Tribunal Constitucional para que determine si se han invadido o no las competencias del Senado, Gómez de Celis animó expresamente al Senado a hacerlo. "Tienen un plazo de un mes para solicitar al Tribunal Constitucional que solvente cualquier duda al respecto de los pasos dados y sobre el fondo de la cuestión, sobre el articulado de la propia ley de amnistía, y le invitamos [al Senado] a interponer esa reclamación", espetó el vicepresidente socialista del Congreso, que aseguró que está "seguro de que todo lo que se ha hecho es correcto".
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