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En las últimas semanas hemos conocido las propuestas de tres gobiernos autonómicos del PP y Vox -en Aragón, en Castilla y León y en la Comunitat Valenciana- para aprobar unas supuestas "leyes de concordia", cuyo único fin es derogar las leyes de memoria democrática actualmente vigentes.

Más nos vale volver con ganas, con fuerza y con mucha energía, porque el calendario político no nos va a dar tregua. De aquí a finales de junio tenemos tres citas electorales, las elecciones vascas, las catalanas y, para rematar, las europeas. Y aunque usted, que quizás me esté leyendo en su trayecto en metro en Madrid o desde Sevilla, crea que todas le quedan muy lejos –incluidas o especialmente las europeas–, sepa que no va a ser así.

La lectura que los partidos políticos hacen de la historia de España y la gestión que se debe hacer de sus vestigios enfrentan al poder estatal, encabezado por el PSOE, y al poder autonómico, mayoritario del PP.

La dimisión de Didier Reynders como comisario de Justicia de la Unión Europea no parece apremiar las negociaciones que mantienen PSOE y PP desde enero en sede europea para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva más de un lustro caducado. Todo lo contrario.