Los socialistas se han quedado solos este martes a la hora de dar luz verde a la tramitación de su ley contra el proxenetismo. El Partido Socialista no ha conseguido cosechar los apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados para que la norma, que endurecía el castigo a proxenetas y preveía multas a puteros, siga su curso parlamentario. Ni sus socios de Gobierno ni los de investidura han respaldado la iniciativa, al considerar que deja desprotegida a las mujeres en contextos de prostitución y porque opinan que el PSOE la impulsa ahora con intereses electoralistas de cara a las europeas. La pelota estaba, por tanto, en el tejado del PP, que finalmente ha decidido tumbar la norma por "incompleta" y tras pedir a los de Ferraz que la retirasen y negociasen con ellos una ley integral contra la trata, algo que los socialistas han rechazado.
La jornada empezaba ya augurando un debate complicado. Sumar ha avanzado por la mañana su 'no' a una ley que creen demasiado punitivista y que, según ha afeado la formación, tampoco ha sido negociada en el seno del Ejecutivo. El Pleno votaba este martes si se tomaba en consideración la proposición de ley del PSOE, por lo que solo hacían falta más 'síes' que 'noes' para que el texto siguiera su rumbo. Los socialistas confiaban para ello en la abstención del PP, ya que en 2022, en la anterior legislatura votó a favor de la norma, que finalmente nunca salió adelante por el adelanto electoral del pasado julio. Pero finalmente la ley ha decaído, con 122 votos a favor, 184 en contra y 36 abstenciones (Vox y Podemos).
Así, un giro de acontecimientos de última hora ha hecho caer en saco roto una de las iniciativas legislativas con las que el PSOE decía querer encarrilar su camino hacia la abolición de la prostitución. "Estamos tocando intereses económicos de muchísimas cifras, y entiendo que haya grupos que se sientan atemorizados, no quieran dar ese paso y no quieran acompañarnos en esta lucha. Pero es una lucha que vamos a continuar dando y estoy convencida de que esta es la legislatura en la que vamos a terminar con la prostitución", ha aseverado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a su salida del Pleno.
Todos los partidos se han retratado hoy en el Congreso. Las socialistas somos las únicas que nos hemos mantenido firmes en la defensa de los derechos, la dignidad y la libertad de las mujeres. Seguiremos trabajando para abolir la prostitución y el gran negocio del proxenetismo https://t.co/V9TZH8Lh4C
— Ana Redondo (@_anaredondo_) May 21, 2024
Durante el debate, la portavoz socialista, Andrea Fernández, ha reconocido que la proposición de ley "no goza con la aceptación de algunos grupos" y ha apelado a Podemos, Sumar y PP para que "aparquen los juegos, el regateo corto y la política de bajo nivel" y apuesten por "la negociación y el acuerdo" para sacar adelante la iniciativa. "Sean leales a su palabra", ha pedido Fernández a la bancada 'popular', que en la anterior legislatura sí apoyó la norma, y a quienes también ha rogado "que no lleguen tarde a este enorme avance social".
El PP pide negociar una ley integral contra la trata
El PP, sin embargo, se ha mostrado duro con los socialistas, a quienes ha tachado de estar haciendo un "papelón" por traer la misma ley "después de haberla aparcado en la anterior legislatura" tras varias prórrogas del periodo de enmiendas. "Es indigno el uso y el abuso que hacen ustedes del feminismo con fines electorales", ha recriminado la diputada Ana Isabel Alós, quien durante su intervención ha asegurado que la norma "podría ser ya una realidad desde hace más de dos años" porque en su momento contaban con el apoyo de los de Génova.
La portavoz popular ha reconocido la necesidad de "adaptar, modificar y corregir" el artículo 187 del Código Penal que pretendía reformar la iniciativa socialista para penalizar el proxenetismo en todas sus formas. Pero, para Alós, el texto es "absolutamente insuficiente", porque no da una "solución real" a las mujeres en contextos de prostitución y las "abandona a su suerte", sin medidas de acompañamiento. Así, el PP ha ofrecido al PSOE que retire su norma para que acuerde con ellos una ley integral contra la trata con fines de explotación sexual en el seno de la subcomisión creada para renovar el Pacto contra la Violencia de Género.
Como el PSOE ha rechazado este ofrecimiento, los populares han votado finalmente en contra. Tras la votación, fuentes del PP reprochan a los socialistas que solo tengan "los votos necesarios para sacar adelante una ley: la de amnistía" y que "para todo lo demás no cuente ni siquiera con el apoyo garantizado del socio de su Gobierno". "Pedro Sánchez ha logrado poner de acuerdo hoy a PNV y a Bildu, a ERC y a Junts, y a Sumar y al PP. Si quería pasar a la Historia, lo está consiguiendo", han apuntado.
Los socios del PSOE recriminan intereses electorales
Igual de críticos han sido los socios del PSOE en el Gobierno, Sumar, que han acusado a los socialistas de hacer "populismo punitivo" por estar en un contexto electoral, a semanas de los comicios europeos que se celebran el próximo 9 de junio. La diputada Gala Pin ha defendido también que "la mejor forma de garantizar los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución es derogar la ley de extranjería", y ha afeado al Partido Socialista que su propuesta no aborde cuestiones que considera cruciales, como la transfobia, racismo estructural la pobreza o la desigualdad.
A su juicio, al penalizar la demanda de la prostitución, la proposición de ley obstaculiza también la "fuente de ingresos de las mujeres", quitándoles así el "poder de negociación con los clientes" y abocándolas a una situación de mayor vulnerabilidad. "No propone ninguna solución, itinerario, medida alternativa, o propuesta económica y de acompañamiento laboral", ha arremetido Pin, quien también les ha echado en cara que no hayan contado con su formación para elaborar el texto. "¿Cómo puede ser que presenten una proposición de ley sin hablar con los socios de Gobierno, los de investidura y, sobre todo, con las mujeres que ejercen la prostitución?", ha preguntado.
También la portavoz de ERC, Pilar Vallugera, ha acusado al PSOE de esconder intereses electoralistas con su norma y de provocar con ella una fractura con sus socios habituales. "Es una legislatura complicada y saben perfectamente que esto rompe absolutamente la mayoría de la investidura", ha espetado, censurando que mantenga "colgadas" otras leyes, como la ley de paridad o la de trata. "Hasta que no haya una ley de trata y no haya derogación de la ley de extranjería, no nos van a encontrar en ninguna penalización de ninguna estrategia económica de las mujeres", ha zanjado.
En esa línea ha ido igualmente el discurso de la diputada de Podemos, Martina Velarde, quien ha sostenido que la iniciativa "genera más titulares que cambios concretos en la vida de las mujeres en contextos de prostitución", y ha afirmado que el texto cruza una "línea roja" para su formación, al poner en "riesgo" a las mujeres, a su familia y a sus entornos de apoyo, por recuperar la tercería locativa (el castigo a quien destine un piso o un local a la prostitución). "No podemos acompañarlos en una modificación penal que criminalice y añada más riesgos a los que ya les impone el patriarcado", ha aseverado, aunque finalmente la formación morada ha optado por la abstención para mantener la coherencia con lo votado en la legislatura pasada.
Tampoco el PNV se ha mostrado partidario de la ley, pues considera que los socialistas "se han quedado cortos" con un texto que supone un "abandono absoluto" de las personas prostituidas. Y Junts ha asegurado que la iniciativa "del abolicionismo más punitivo", lejos de acabar con la prostitución, enviará a la clandestinidad a quienes la ejercían "en espacios regulados". "Cuando se legisla hay que analizar muy bien qué consecuencias pueden tener cambios propuestos", ha sostenido Pilar Calvo. Bildu, por su parte, ha negado que el PSOE quiera realmente abordar la realidad de la prostitución en España y aportar soluciones, sino más bien hacer "un simple ejercicio de marketing en busca de un titular".
Solo Coalición Canaria se ha mostrado favorable a la proposición de ley socialista, al considerar que el ordenamiento jurídico español es el "más suave" de todo el entorno y de los países europeos. "Acabar con una explotación en pleno siglo XXI no debería ser objeto de debate", ha defendido la diputada Cristina Valido.
¿Qué decía la ley?
La proposición de ley reforma el artículo 187 del Código Penal para incrementar el castigo al proxenetismo, que pasaría a estar penado con condenas de tres a seis años y multas de 18 a 24 meses. También elimina la exigencia de que concurra algún tipo de explotación para castigar a quien "promueva, favorezca o facilite la prostitución", incidiendo en que esto se castigará con penas de dos a cuatro años y multas de 12 a 25 "aun con el consentimiento" de las víctimas.
Recupera, asimismo, la tercería locativa, e impone penas de dos a cuatro años y multas de 18 a 24 meses a quien destine un piso, un local o un establecimiento a "favorecer" o "facilitar" la prostitución. Por último, incluye un artículo para regular las penas para los casos en los se conviene la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otras prestaciones. En otras palabras, castiga con multas de 12 a 24 meses a los puteros, que podrán enfrentarse a penas de prisión de uno a tres años y multas de 24 a 48 meses si la víctima es menor de edad o una persona en situación de vulnerabilidad.
Respecto a las mujeres en contextos de prostitución, la ley reconoce su condición de víctimas directas, de tal forma que puedan tener acceso a todos los derechos de asistencia que se prestan a todas las víctimas de agresiones sexuales en España.
