Un convento, un cura excomulgado y dieciséis clarisas. Podría ser el título de algún capítulo de una famosa serie de televisión, pero lo cierto es que estos tres conceptos esconden a dieciséis monjas de Belorado (Burgos) y Orduña (Vizcaya) que esta semana se han situado en el epicentro de la actualidad. Las religiosas decidieron este lunes romper con el Vaticano alegando una "persecución" contra su comunidad, mientras que desde la Diócesis de Burgos han apuntado a un problema económico e inmobiliario. Aunque detrás de la trascendente vía tomada por estas mujeres se esconde un nombre: Pablo de Rojas Sánchez-Franco, excomulgado en 2019 por Mario Iceta, entonces obispo de Bilbao y ahora arzobispo.
"La situación es de una gravedad extrema", dice Miguel Campo, profesor de Teología y director del Máster Especialista en Administración de Bienes Eclesiásticos de la Universidad Pontificia Comillas. Según Campo, "el valor de la unidad, de la comunión, tanto en los sacramentos, como en la jerarquía, es muy importante para los cristianos", por lo que "a quien rompe esta comunión, la unión con el romano pontífice, con los obispos, con el resto de la Iglesia y con el pueblo de Dios, se le llama cismático". De ahí que las clarisas hayan incurrido en un delito de cisma, recogido en el Códice de Derecho Canónico.
Precisamente, estas religiosas han decidido dejar la Iglesia para sumarse a la Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, el grupúsculo que dirige Sánchez-Franco y que se apoya en "los estatutos dados por Monseñor Escrivá de Balaguer a la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz y al Opus Dei", escritos antes de que fueran reconocidos por el papa Juan Pablo II, al que denominan "hereje". Además, rechazan a cualquier papa desde Pío XII, así como los cambios aprobados por la Iglesia desde entonces, sobre todo en la cuestión litúrgica. Es decir, han roto la comunión de la que habla Campo.
Aunque su posible expulsión de la Iglesia católica no es tan sencilla. "Nunca se excomulga a un grupo de personas sin hablar con cada una de ellas específicamente", señala Campo y es esto lo que trata de hacer el arzobispo Iceta con cada una de ellas. "Si después de acometer el problema individualmente se comprueba lo que dicen, entonces todas habrán incurrido en un delito de cisma y eso lleva aparejada la excomunión automática, lo que en la Iglesia se conoce como latae sententiae.
Adiós a los sacramentos
En este sentido, el teólogo y experto en Ciencia de las religiones, Luis Santamaría del Río, apunta a que "por parte de la jerarquía de la Iglesia hay una voluntad conciliadora, de hablar las cosas y de reunirse con cada una de ellas personalmente para que puedan mostrar con libertad cuál es su voluntad individual, porque hasta ahora solo existe un comunicado firmado por la abadesa (Isabel de Trinidad) en nombre de todas". El propio Sánchez-Franco ha reconocido en televisión que una de las religiosas no fue avisada de lo que se iba a hacer por "díscola", es decir, por no estar de acuerdo con la deriva que estaba tomando la congregación.
El hecho de incurrir en la pena de excomunión no significa que te echen, la Iglesia nunca echa a nadie, a ninguno de sus hijos
Desde otras congregaciones de clarisas, pasando por la Conferencia Episcopal y las distintas jerarquías eclesiásticas, hasta el arzobispo Iceta, se ha pedido a las religiosas que reconsideren su postura. "El hecho de incurrir en la pena de excomunión no significa que te echen de la Iglesia, la Iglesia nunca echa a nadie, a ninguno de sus hijos", especifica Campo. "La pena de excomunión lleva aparejada no poder recibir los sacramentos, no poder realizar actos de potestad, de autoridad, o determinados oficios. Si ellas se van de la Iglesia es su decisión, pero la pena de excomunión no es que sea una expulsión, sino que supone la privación de algunos bienes espirituales y jurídicos", agrega.
Aunque para un católico o cristiano, el hecho de perder la posibilidad de recibir los santos sacramentos es algo bastante grave, es decir, no podrían tomar la eucaristía o confesarse. "Esto es un hecho de extraordinaria gravedad", confirma Campo, que añade que "si tú rompes la comunión, obviamente no estás en comunión y no estás en situación de poder comulgar", de ahí lo serio del asunto.
Interés o engaño
Y hay más. Estas religiosas de Belorado y Orduña han comenzado su rebelión cuando han querido adquirir en propiedad el monasterio de Orduña, perteneciente a la Diócesis de Vitoria y con la que tenían un acuerdo de compraventa, a través de la venta de otro complejo de la congregación en Derio (Vizcaya) y que está en desuso. Según las monjas, con sor Isabel al frente, al no obtener el permiso para vender el monasterio de Derio, plantearon como alternativa que un comprador ajeno a la orden abonara el millón de euros que faltaba para la compra del de Orduña, para que, cuando ellas pudieran devolverlo, el benefactor transfiriera el convento a las clarisas". Ese benefactor es Sánchez-Franco.
"Ellas han negado en todo momento que el motivo de que se vayan es el económico y hablan de cuestiones de fe", sentencia Campo. Para Del Río, por su parte, las cosas son distintas. "La abadesa no parece trigo limpio. El vicario para la vida consagrada de la diócesis de Vitoria ha apuntado a unas irregularidades en el mandato de esta abadesa y ha hablado directamente de abuso de poder", comenta, haciendo hincapié en que "está muy influida por Sánchez-Franco y tiene mucha autoridad".
En un sentido similar se ha expresado el vicario para la Vida Consagrada de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz, Manuel Gómez Tavira, que aseguraba este jueves que, detrás de la ruptura, existen intereses económicos, pero también "el engaño" a estas monjas por parte de la abadesa, Sor Isabel, para "perpetuarse en el poder". Tras varios cargos seguidos, la abadesa tuvo que dejar su puesto a otra monja hace un par de meses.
"En general, las clarisas son unas personas buenísimas, son personas de una bondad natural, trabajadoras, solidarias, esforzadas, con los pobres son solidarias a más no poder, orantes. No dudo de la bondad de estas mujeres", manifiesta, por su parte, el profesor de la Universidad Pontificia. "Creo que las han engañado o se han dejado engañar y han incurrido en un error de unas dimensiones que no han sabido valorar", apunta.
Llegará un momento, si todo esto se confirma, en que jurídicamente no tengan ningún título para seguir viviendo en ese inmueble
La expulsión del convento
Pero las cosas van un poquito más allá. Si estas mujeres finalmente deciden marcharse de la Iglesia, también tendrán que dejar el convento por el que tanto luchan y, por ende, su estilo de vida. "El inmueble pertenece a una persona jurídica, que es una entidad católica inscrita en el registro de entidades religiosas del Ministerio de la Presidencia, por lo que llegará un momento, si todo esto se confirma, en que jurídicamente no tengan ningún título para seguir viviendo en ese inmueble", desgrana Campo. .
El experto en administración de bienes eclesiásticos cree que las religiosas, que este jueves salieron en Instagram negando que se fueran de la Iglesia, están confundiendo conceptos. "Tiene una confusión terminológica. Ellas dicen que no dejan de estar con la Iglesia católica, pero sí que dejan la conciliar. No forcemos las palabras. Están rompiendo con lo que todo el mundo entiende por Iglesia católica apostólica romana, a cuya cabeza se encuentra el Papa Francisco en Roma", asegura Campo.
Además, Campo hace hincapié en el valor para la Iglesia de la propiedad de Orduña. "Este monasterio es fruto del trabajo de generaciones de monjas católicas, de donantes que han entregado bienes para construirlo y sostenerlo. La Iglesia católica, por fidelidad a esas personas, lo que no puede hacer es permitir que ahora acabe siendo propiedad de ese señor (Sánchez-Franco)".
