El Comité de Instrucción Ruso informó este jueves de la detención de otro posible implicado en el atentado del pasado viernes en la sala de conciertos Crocus City Hall, en las afueras de Moscú. Junto a este son ya nueve los sospechosos de haber participado en este ataque yihadista. Las autoridades del país admiten que los hechos fueron perpetrados por islamistas, pero insiste en la implicación de Ucrania.
"Ha sido identificado y detenido otro sospechoso que participó en la financiación de los terroristas", señala la nota oficial de las autoridades rusas. Los investigadores solicitarán al tribunal que el arrestado ingrese en prisión preventiva. Según el Comité de Instrucción, Rusia tiene a su disposición "datos confirmados" de que los autores del ataque terrorista recibieron "importantes cantidades de dinero y criptomonedas desde Ucrania" para preparar el crimen. De acuerdo con los últimos datos oficiales, el atentado en la sala de conciertos Crocus City Hall, a 20 kilómetros del centro de Moscú, ha dejado al menos 143 muertos y más de 150 hospitalizados.
Las pruebas que demostrarían la conexión entre el ataque y Ucrania se habrían obtenido tras el examen de los dispositivos móviles de los detenidos y, según han detallado, "el análisis de información sobre sus transacciones financieras". Rusia ha admitido que el atentado en las afueras de Moscú fue perpetrado por islamistas, pero insiste en buscar una "huella ucraniana".
Esta semana, la Justicia dictaminó prisión preventiva para otros ocho presuntos implicados en el atentado. Los sospechosos del crimen fueron imputados con cargos de terrorismo y pueden afrontar cadena perpetua. Algunos de ellos, que ofrecieron resistencia, fueron detenidos en una carretera de la región de Briansk, fronteriza con Ucrania, a donde presuntamente pretendían escapar.
Entre estos detenidos se encuentran los cuatro terroristas que participaron en el ataque y que asistieron el lunes al juzgado con los rostros amoratados, desfigurados e inflamados, y uno de ellos tuvo que ser desplazado en silla de ruedas. Todos ellos declararon su culpabilidad e implicación y asistieron a sus audiencias a puerta cerrada para mantener el secreto de la investigación. El juzgado dedición imponerles prisión preventiva como medida de seguridad hasta que se celebre el juicio el próximo 22 de mayo.
