El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que pasa por uno de sus momentos más delicados, cuenta con "toda la confianza" del Gobierno. Así lo ha expresado este viernes en laSexta el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que además ha denunciado maniobras políticas contra García Ortiz. "Sin duda hay una operación política para acabar con el fiscal general del Estado. Quien no quiera verla, que no la vea", ha indicado Sánchez sin aventurarse a responder si esa "operación" se extiende también al plano judicial.
Tras recibir dos varapalos del Tribunal Supremo -que ha anulado dos ascensos a Dolores Delgados propuestos por el fiscal general-, a García Ortiz se le abre un nuevo frente a raíz de la investigación a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, está siendo investigado por presunto fraude fiscal y falsedad documental. En el marco de estas pesquisas, la Fiscalía Provincial de Madrid emitió un comunicado sobre sus comunicaciones con el abogado de González Amador, un texto que pretendía desmentir informaciones periodísticas.
El novio de Ayuso se querelló contra dos fiscales alegando que aquella nota comportaba un delito de revelación de secretos, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió la querella y el juez instructor quiere saber quien fue "el máximo responsable" tras el comunicado. Fue Álvaro García Ortiz, según ha admitido él mismo al asumir "la responsabilidad" por el escrito.
Aún así, el presidente del Gobierno ha reiterado su confianza hacia García Ortiz, a quien su Ejecutivo renovó a finales de 2023. La situación a la que se ha visto abocado el fiscal general se debe -según Sánchez- a "una operación política" que pretende derribarlo. "Están buscando hacer mucho ruido para no hablar de lo importante: la señora Ayuso tiene un problema", ha defendido el presidente. Sánchez ha compartido la versión del fiscal general respecto al comunicado: sirvió para "clarificar un bulo".
Descarta rebajar las mayorías para renovar el CGPJ
Tras tomarse cinco días de reflexión a finales de abril, Pedro Sánchez anunció que impulsaría un proceso de "regeneración democrática" en España del que poco se sabe todavía. Este viernes ha descartado que dentro de ese plan se incluya una rebaja de las mayorías parlamentarias que se necesitan para renovar el CGPJ, el órgano que gobierna el Poder Judicial y permanece caducado desde hace más de cinco años. Sus socios de Gobierno reclaman a Sánchez que impulse esta medida, pero él asegura que no está "en esa tesis".
Sin embargo, Sánchez ha explicado que "el Parlamento tendrá que encontrar soluciones viables" al bloqueo del Consejo. Todo ello tras varios intentos fracasados de alcanzar un pacto con el PP para que las Cámaras Parlamentarias escojan los nuevos vocales del órgano a través de una mayoría de 3/5. Pese a que se muestra seguro de que el problema se debe solucionar pronto, el presidente sigue sin desvelar cuál será su hoja de ruta.
