El Gobierno ha recibido el informe que pidió a Naciones Unidas hace un mes para que sus relatores evaluasen si las leyes de concordia del PP y Vox en Aragón, Castilla y León y Valencia se adecúan a las prácticas y compromisos internacionales adquiridos por España en materia de Derechos Humanos. El escrito, de ocho páginas y al que ha tenido acceso 20minutos.es, es "contundente" para el Ejecutivo, aunque no para las tres comunidades a las que afecta. En cualquier caso, la ONU saca varias conclusiones que afectan a las tres normativas -invisibilizan a las víctimas del franquismo, omiten la condena al régimen y "obstaculizan" o suprimen subvenciones de proyectos de memoria histórica- y otras específicas sobre cada norma autonómica.
El Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabian Salvioli, la presidenta del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Aua Baldé, y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, han analizado por separado las tres iniciativas -propuestas y aprobadas- y coinciden en que las tres obstaculizarían el derecho a conocer la verdad y el de libertad de asociación, y que deben estar encaminadas a preservar del olvido a la memoria colectiva y evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas. Con todo, también tienes recomendaciones para cada una de las comunidades autónomas.
Eliminación de actividades y entidades en Aragón
En el caso de Aragón, recuerdan que el pasado 15 de febrero de 2024, las Cortes autonómicas adoptaron la ley 1/2024 de memoria democrática por la cual se derogaba la que estaba en vigor desde 2018, suprimiéndose la estructura orgánica específica de memoria democrática, así como la Comisión Técnica de Memoria Democrática de Aragón.
En concreto, señala que a diferencia de otras iniciativas autonómicas, la de Aragón no hace referencia a las violaciones de derechos humanos acometidas por el régimen franquista, sino que se refiere a las "atrocidades cometidas por un bando durante la guerra civil", al tiempo que menciona la violencia política durante la Segunda República.
También advierte sobre la supresión de un "gran número" de entidades y actividades de memoria previstas en la legislación anterior, como el censo, las rutas democráticas, el Centro de Investigación del a memoria, el registro de entidades de memoria, las actuaciones educativas, el mapa de fosas comunes, entre otros datos. Y critica que la nueva ley pueda hacer incierto el sostenimiento de las subvenciones, al sujetarlas a condicionamientos.
Castilla y León suprime la palabra "dictadura"
Los relatores hacen alusión en su informe a la aprobación por parte del PP y de Vox en marzo de 2024 de un proyecto de ley de "concordia" en las Cortes de Castilla y León, que a su vez deroga el decreto de 2018. Señalan que respecto a la ley estatal, el proyecto de ley autonómico suprime la palabra "dictadura" para referirse al franquismo y no incluye una condena expresa de las "graves violaciones de derechos humanos perpetradas entre 1936 y 1978".
También advierte de que no facilita la participación ni otorga ningún rol consultivo a las organizaciones de víctimas e instituciones de la sociedad civil o académica en cuanto a las exhumaciones. Ni reconoce el otorgamiento de subvenciones para realizar actividades de memoria, lo que puede obstaculizar el derecho a la verdad.
Valencia "desvirtúa" la protección de las víctimas
Sobre la proposición de ley de concordia presentada el 21 de marzo de 2024 por el PP y Vox de Valencia, y que sustituye a la ley de memoria democrática de 2017, los relatores de la ONU señalan la ampliación del periodo de alcance de la ley, incluyendo la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura y el terrorismo etarra e islámico. En este sentido, y aunque reconoce la "no discriminación" de las víctimas, señala que la proposición podría llevar a asimilar las "grandes violaciones de derechos" durante la dictadura franquista y la guerra civil a un grupo "heterogéneo" de crímenes y violaciones durante el siglo XX en España, lo que le quita reconocimiento y atención a las víctimas de la dictadura.
Además, señala que este proyecto disuelve todas las comisiones, organismos e instituciones de carácter público que se crearon con la anterior ley y prevé la supresión de todos los procesos de memoria iniciados y no concluidos hasta el momento, a excepción de los procesos de indagación, localización, exhumación e identificaciones de las víctimas. Con todo, no detalla las condiciones en las que se iniciarán los nuevos procedimientos de este tipo.
