La mañana de noviembre en la que sonó el timbre de la casa de Diego Fernando Medina sería la primera de muchas en las que recibiría una indeseada visita. Este colombiano, de 43 años, había llegado seis años antes a España como refugiado junto con su mujer y su hija de 14 años, con las que vivía en un piso de dos habitaciones en el barrio madrileño de Tetuán. Ese día, la voz al otro lado del telefonillo dijo primero ser un cartero de Correos, después, anunció su verdadera identidad: "Somos una empresa de desokupación, usted está ocupando un piso que no es el suyo".
Medina había entrado al piso en 2020, firmando un contrato de alquiler de cinco años con el propietario por 650 euros al mes. Sin embargo, su casero resultó no ser tal. El piso estaba embargado por un banco y posteriormente fue vendido a un empresario que conocía el hecho de que allí vivía una familia. Medina, que no puede trabajar a causa de las lesiones producidas por un atropello, dejó de pagar la vivienda en 2022 y nadie había reclamado su renta desde entonces.
Lo primero que hizo Medina fue llamar a la policía. Cuando llegó la patrulla, bajó con el contrato de alquiler de su vivienda en la mano. En el portal había también, siempre según su relato, tres hombres de constitución fuerte que se presentaron como mediadores de DIO Express, una empresa de desokupación que se describe en su web como "especializada en desalojo de okupas en 48 horas".
"Eran fuertes, te hablan feo, en un tono muy alto, ofensivo, como intimidando", relata Medina en la terraza de una cafetería. "Le dije que no, que no me iba a ir, que yo tenía una discapacidad, tengo una hija menor y que mi contrato se vence en el 2025". Ese día, la situación terminó así, la policía se fue y los empleados de la empresa de desokupación, también. Estos últimos, sin embargo, han continuado acudiendo al domicilio periódicamente "cada tres o cuatro días" y siempre con el mismo mensaje: Medina y su familia tienen que marcharse del piso.
¿Mediadores o matones?
DIO Express es, en palabras de su creador y gerente, Francisco Fernández, un "servicio de mediación en conflictos inmobiliarios" que funciona desde 2017 por toda España. Es una más entre decenas de empresas similares que nacieron siguiendo el ejemplo de Desokupa, la pionera del sector que fue fundada por el exboxeador y portero de discoteca Daniel Esteve en Barcelona en 2016.
Todas ellas venden un servicio similar para propietarios de viviendas. Se comprometen a desalojar a personas que vivan ilegalmente en un inmueble en un plazo mucho más rápido que el habitual por las vías judiciales. Las empresas de desokupación argumentan que toda su actividad es legal y simplemente hacen una labor de control de acceso para la que están autorizados. Colectivos en defensa del derecho a la vivienda, como el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, denuncian que ejercen "acciones violentas de acoso inmobiliario".
"La vía judicial en este momento va muy lenta entonces el cliente nuestro busca otras alternativas. Es cierto que nosotros generamos presión con esas visitas porque, efectivamente, genera un desgaste en la persona que está en la vivienda pero no porque vayamos de maneras intimidatorias simplemente porque ya no es tu lugar de confort, ya viene un tío a tocarte el timbre", declara Fernández, el gerente de DIO Express, que mantiene siempre un tono profesional y se muestra incluso comprensivo con las personas a las que su empresa ayuda a desalojar por un precio que parte de los 3.000 euros. Según él mismo afirma, son mayoritariamente familias que han dejado de pagar el alquiler.
Aunque asegura que, en ocasiones, la situación se ha puesto tensa, admite que en casi todas sus intervenciones no ha habido violencia y niega absolutamente que sus empleados hayan cometido actos ilegales en sus reiteradas visitas a las viviendas. "Nuestro personal trabaja de pareja y grabamos todas las visitas para, cuando nos ponen una denuncia por coacciones, por amenaza o por extorsión, esa grabación poderla portar en un juicio de los cuales siempre salimos a absueltos, no tenemos ninguna condena".
La visión de su actividad por parte del Sindicato de Inquilinas es muy distinta. "Es una vuelta de tuerca a los ataques que sufrimos las personas que vivimos de alquiler", declara un portavoz del citado sindicato. "Estas empresas actúan con total impunidad y recurren a prácticas totalmente matoniles: acoso, introducir silicona en las puertas, agredir física y verbalmente a quienes viven en esos domicilios… Y actúan con total impunidad puesto que no se ha procedido a ilegalizarlas a pesar de que actúan como matones al servicio del rentismo".
"No somos okupas"
La vida de Diego Fernando Medina cambió para siempre el 5 de diciembre de 2020. Trabajaba como mozo de almacén y se estaba empezando a adaptar a su nueva vida en Madrid cuando una motocicleta a gran velocidad le arrolló en un paso de cebra haciendo que saliera disparado y chocara brutalmente contra el asfalto. Conservó la vida, pero desde entonces no puede abrir la mano izquierda ni mantenerla en alto sin que tiemble y no ha podido volver a trabajar. Desde que comenzó 2023, cuando la mutua dejó de pagar su sueldo, los únicos ingresos de su familia son los que obtiene su mujer, trabajadora de la limpieza.
Además de las visitas de una o dos veces a la semana que recibe de los hombres de DIO Express, que siempre llaman al telefonillo instándole a abandonar el inmueble, Medina denuncia que alguien ha cerrado su llave del gas y el propietario ha rebajado los voltios de su instalación eléctrica, por lo que lleva meses sin más luz que un par de bombillas y sin agua caliente en casa. Su esposa se cayó por las escaleras y se fracturó un dedo recientemente debido a la oscuridad cuando se disponía a irse a trabajar.
"Mi esposa sí se siente intimidada, pero yo no, porque, pues, no le tengo miedo a la muerte, la verdad, si me van a hacer algo, pues, ya", declara Medina, que asegura que los hombres de DIO Express le han llegado a ofrecer 5.000 euros por abandonar la vivienda -algo que el gerente de la empresa niega-, cifra que él ha considerado insuficiente como para poder plantearse empezar de nuevo en otro sitio. "Nosotros ya estamos siempre en casa, olvídate de vida social y de todo, mi esposa sí ha perdido la tranquilidad y mi niña está en terapia porque tiene miedo".
A su lado, Joan -prefiere identificarse con este alias por seguridad-, un abogado ecuatoriano de 49 años que lleva tres décadas viviendo en España, siempre en la misma vivienda, siempre con su madre y su hermana. Ahora, también recibe periódicas visitas del equipo de desokupadores de DIO Express y asegura que también está teniendo que ir a terapia para combatir la ansiedad que le genera la situación.
El último contrato lo firmó con la difunda propietaria de su piso y siguió en vigor hasta diciembre del año pasado. Entre medias, su casera falleció y la relación con su heredera era cordial hasta el punto de que llegó a un acuerdo verbal para adquirir el mismo el inmueble en propiedad en un futuro. Sin embargo, una desavenencia de su nueva casera con otro de los herederos ha dado un vuelco total a la situación. "El verano pasado nos reunió para decirnos, básicamente, que quería que nos fuésemos en una semana. A mí me pareció tan absurdo que no le quise dar importancia en ese momento", declara Joan, que ha realizado él mismo numerosas mejoras en la vivienda en estos años financiadas de su bolsillo, se quedó recientemente en el paro y su hermana acaba de superar un cáncer.
"Aún así, le dije que haríamos el intento para no estar con problemas, esa misma tarde me puse a buscar pero la situación de la vivienda está como está y ha sido imposible", explica Joan. "Hablé con ella en el mes de enero y le dije que todavía no había nada y me dijo ella que lo quería ya y entonces le dije que no, que las cosas no son así, que nosotros hemos estado pagando y me dijo que nos hemos acostumbrado a vivir en una casa bien. me dijo que entonces habría que ir por la calle del medio". Desde entonces, la casera ha rechazado los pagos, que Joan ha ido depositando en un juzgado.
A los pocos días, tres hombres se presentaron en la puerta de Joan y su familia presentándose como trabajadores de DIO Express y representantes de la propiedad. Según su relato, las visitas se han vuelto periódicas en estos meses y no siempre se han mantenido las formas correctas del primer día. En una ocasión, asegura, los visitantes se pusieron a gritar en el descansillo que en esa casa vivían okupas hasta el punto de que se personó allí la policía y se los llevó detenidos, algo que la empresa ha desmentido a este medio. Más allá de ese episodio, Joan afirma que su puerta ha sufrido sabotajes, alguien echó silicona en la cerradura y el marco apareció parcialmente arrancado en otra ocasión. Al igual que en el caso de Medina, según afirma Joan, la propiedad de la vivienda no ha iniciado ningún tipo de acciones legales para desalojar a los actuales inquilinos, sino que ha recurrido directamente a la empresa de desokupación.
"Esto no se lo deseo a ninguna persona, es angustiante, nos están acosando, nos están extorsionando. Lo único que le pedí desde el primer momento es que nos dé tiempo para que mi situación cambie, para que podamos encontrar otra casa, etcétera, etcétera. Pero las cosas no se hacen así y voy a llegar hasta las últimas consecuencias, donde tenga que llegar", declara Joan, que ha presentado denuncia contra la empresa y la heredera de la antigua propietaria. "Es un problema de una señora quiere que nos vayamos porque quiere quedarse una herencia, pero no somos okupas, no somos morosos y no somos delincuentes como nos quieren tratar".
Una actividad legal… en la teoría
Tanto Joan como Medina acudieron al Sindicato de Inquilinas que ha asumido su representación en el conflicto. El pasado 30 de abril, una docena de activistas de esta organización irrumpieron en la sede de DIO Express y llevaron a cabo una protesta reclamando la ilegalización de esta empresa y "el cese del acoso contra las dos familias". El gerente de la empresa de desokupación, por su parte, denuncia que ese día se produjeron lesiones a una trabajadora y que los coches de la empresa fueron vandalizados.
"Estas empresas actúan asesoradas jurídicamente. Ponen ahí a unos señores muy voluminosos, pero que están muy aleccionados y saben hasta dónde pueden llegar", declara la abogada penalista de Legálitas Sara García, que habla bajo pseudónimo por seguridad. "El efecto intimidatorio es subjetivo, al ver a un señor tan grande en la puerta de mi casa, claro que me va a intimidar, pero ellos no hacen nada que sea denunciable como amenaza. ¿Qué ocurre? Que luego en la práctica nos encontramos con situaciones muy variopintas y se denuncian amenazas y coacciones del tipo de: 'Como salgas de la vivienda no vas a volver a entrar'".
La abogada subraya que en las sentencias existentes de este tipo de actuaciones, los jueces suelen aludir a "métodos polémicos o poco ortodoxos, no dicen claramente que sean métodos ilegales" y considera que "ni es tan cierto que ellos saquen tan rápido a los okupas, ni tampoco es tan cierto que en los juzgados estén tardando tanto".
De momento, no existe ninguna normativa a nivel legal que regule específicamente la actividad de estas empresas y sus controvertidas prácticas. En un contexto de gran tensión en el mercado de la vivienda de alquiler, es de prever que su actividad siga teniendo una alta demanda y sea por tanto muy lucrativa. Casos como el de las familias de Medina y Joan seguirán produciéndose y en ellos seguirán participando empresas como DIO Express.
La única diferencia respecto a los tiempos de las primeras empresas de desokupación es que su actividad es cada vez más visible y conocida para que todo el mundo pueda juzgar si es legítima o, simplemente, una práctica indeseable que se realiza en los márgenes de la legalidad. Como admite el propio Fernández, gestor de DIO Express, en su particular visión de su negocio: "Ojalá no tuviera que existir esto, pero es una forma de darle una solución a una persona que está desesperada".
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