Las empresas del sector turístico se oponen frontalmente a la reducción de la jornada laboral máxima de las 40 horas actuales a 37,5 en 2025 que persigue el Gobierno. Este jueves, Exceltur, la asociación que engloba a las principales compañías del sector, ha presentado un informe en el que denuncian que la medida podría costarle al turismo 2.348 millones de euros. O lo que es lo mismo, el 8,1% de los beneficios de explotación del sector (las ganancias antes de pagar impuestos, intereses de la deuda...). Un impacto que en actividades como la restauración o el transporte podrían llegar a suponer el 17% de las ganancias brutas.
La patronal Exceltur cree que este sería el coste que tendrían que afrontar las empresas del sector para hacer frente a las horas trabajadas que se perderían si se reduce la jornada. El lobby turístico calcula que, de los 2,2 millones de asalariados que trabajan en puestos vinculados con esta actividad, 1,2 millones se beneficiarían de esta reducción de jornada.
Sin embargo, un millón de estos asalariados están ocupados en empleos en los que una reducción del tiempo de trabajo no se puede compensar con un uso del tiempo más eficiente, según el criterio de Exceltur. Se trata sobre todo de cocineros, auxiliares de cocina y camareros y, en menor medida, conductores de transporte terrestre, empleados de limpieza y monitores de actividades deportivas.
Traducido a tiempo trabajado, esto implicaría que se perderían 5,7 millones de horas trabajadas a la semana(295 millones al año). De ellas, tres de cada cuatro no se podrían compensar mediante un uso más eficiente del tiempo de trabajo, estima Exceltur.
Además, desde la patronal señalan que el reducido tamaño de las empresas turísticas —el 94% son micropymes de menos de 10 empleados— dificulta la adaptación a esa reducción de jornada. En esos casos, si no encuentran alternativas, las micropymes pueden verse forzadas a recortar horarios en los servicios que prestan, con la consiguiente pérdida de facturación que esto podría suponer. Un problema que se suma a las dificultades para conseguir mano de obra que denuncian muchas empresas del sector.
Presencialismo
Uno de los principales argumentos con los que el Ministerio de Trabajo justifica la viabilidad de la medida es lograr una mejora en la productividad mediante una mejor gestión del tiempo. Es decir, obligar a que las empresas reorganicen sus procesos y su actividad para que sean capaces de hacer más con menos y que los trabajadores tengan más tiempo libre del que disfrutar.
La patronal del turismo cree, sin embargo, que esto sería muy difícil en su sector por las características propias de su actividad, que se rige por lo que mandan los consumidores. "La mayor parte de los servicios son presencialistas y necesitan trabajadores para prestar sus servicios en los momentos en los que disfrutan sus clientes", señala Exceltur. Los horarios, agregan, no los eligen las empresas.
La única forma que ven los empresarios de ganar productividad es prestar servicios de más valor añadido. "Las ganancias en productividad de un camarero no está en servir más mesas en el mismo tiempo, sino en servir platos y bebidas de mayor valor", ponen como ejemplo.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado especialmente crítica con los horarios de cierre del sector de la restauración. Díaz ha llegado a decir que "no es razonable" que haya restaurantes abiertos hasta la 1.00 h de la mañana, lo que le valió las críticas de Hostelería España (el lobby del sector) y del PP madrileño.
En lugar de reducir jornada, las empresas proponen una bajada en las cotizaciones sociales que permita reducir el coste laboral que afrontan las empresas. Además, plantean recuperar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa en materia de organización de jornada; más formación a los trabajadores y que se introduzcan incentivos fiscales para reinvertir los beneficios no distribuidos de estas compañías.
